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En un contundente llamado a la responsabilidad, el superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, ordenó a todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS), tanto intervenidas como no intervenidas, regularizar y mantener un flujo constante de recursos hacia la red pública hospitalaria en la región Caribe. Esta directriz impacta especialmente a Coosalud y Nueva EPS, principales operadoras del sistema en los departamentos de Magdalena y Cesar, donde se concentra una significativa proporción de la población afiliada.
Durante su visita a La Guajira, Rubiano García enfatizó que en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar, la red pública atiende a aproximadamente 3.560.000 usuarios del sistema de salud. Además, destacó que Nueva EPS y Coosalud concentran la cobertura del 50% de la población afiliada en Magdalena y Cesar, lo que les confiere una gran responsabilidad en garantizar la sostenibilidad del sistema y la calidad de la atención.
«La instrucción es clara. Debemos garantizar el 100% del reconocimiento de los pagos en la cápita y un mínimo del 80% por evento», declaró el Superintendente. Esta exigencia responde a la creciente crisis de liquidez que enfrentan los hospitales departamentales y municipales, los cuales, además de atender a la población local, brindan atención a miles de migrantes que dependen de estos servicios de salud esenciales. La insuficiencia de recursos amenaza la continuidad de la atención médica, comprometiendo el bienestar de los pacientes y la operatividad de la infraestructura hospitalaria.
En este contexto, Rubiano García también hizo énfasis en la urgencia de consolidar los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y mejorar la articulación con los Equipos Básicos de Atención en Salud, estrategias esenciales para optimizar la prestación del servicio en una región con múltiples desafíos sanitarios y alta demanda de atención.
Según cifras de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), con corte al 7 de febrero de 2025, el total de recursos girados a la red pública asciende a más de 2,3 billones de pesos. De esta suma, 345.863 millones han sido destinados a 911 prestadores del régimen contributivo, mientras que 2.028.705 millones han sido asignados a 977 prestadores del régimen subsidiado. Sin embargo, la distribución efectiva de estos recursos sigue presentando desafíos administrativos que deben ser resueltos para garantizar la estabilidad del sistema de salud en la región Caribe.
Por otra parte, el Superintendente fue enfático en exigir a las EPS indígenas y privadas, como Anas Wayuu, Dusakawi y Cajacopi, que respeten el derecho de los usuarios a la libre escogencia de servicios de salud, permitiéndoles acceder a una atención de calidad y en condiciones dignas dentro de sus territorios. Además, instó a Nueva EPS a simplificar y agilizar los trámites de autorización de servicios para pacientes con enfermedades crónicas, subrayando la importancia de eliminar barreras burocráticas que limitan el acceso a tratamientos oportunos y adecuados.
Finalmente, Rubiano García resaltó la labor de la ESE Hospital San José de Maicao, en Paraguachón, como un modelo de atención eficiente para comunidades indígenas y migrantes venezolanos. Gracias a la implementación de estrategias preventivas y la eliminación de barreras de acceso, este hospital ha logrado mejorar significativamente la calidad del servicio, contribuyendo a la reducción de brechas en la atención médica y salvando vidas en una de las zonas más vulnerables del país.
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La Supersalud reitera su compromiso con la vigilancia y el control de los recursos del sistema, asegurando que las EPS cumplan con su deber de garantizar atención digna y oportuna a los ciudadanos. Este llamado de alerta representa un punto de inflexión en la gestión de los recursos de salud en la región Caribe, con el firme propósito de evitar colapsos en la red hospitalaria y fortalecer la estructura sanitaria del país.
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