Juicio en ausencia: ¿cómo impactaría su aprobación en la causa AMIA?

El proyecto de juicio en ausencia obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con 147 votos a favor. La iniciativa para agregar esta figura judicial contó con el apoyo de gran parte del arco político argentino.

La herramienta impulsada por el Poder Ejecutivo podría ser utilizada en la causa que busca condenar a todos los responsables del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

¿En qué consiste el juicio en ausencia?

En las vísperas del 30 aniversario del atentado a la AMIA, el gobierno de Javier Milei propuso el tratamiento de un proyecto de reforma del Código Procesal Penal que busca incluir el juicio en ausencia como una herramienta a utilizar.

Según el proyecto presentado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, deben darse las siguientes condiciones para que una persona sea sometida a este mecanismo:

• Que el acusado, conociendo la existencia del expediente, no se presente ni responda.
• Que se hayan realizado intentos durante cuatro meses, mediante orden de captura nacional e internacional, o requerimientos de extradición a otros países, de dar con su paradero.

Bajo uno de estos dos supuestos, el juez de la causa podrá estar habilitado a declarar que el proceso sigue en ausencia. Si ese es el camino dictaminado y el imputado termina por presentarse, debe ser escuchado y se le permitirá aportar pruebas.

Esta herramienta penal, sin embargo, puede ser apelada. Dentro de los 10 días posteriores a una sentencia condenatoria, puede solicitarse un nuevo juicio bajo la denuncia de no haber tenido conocimiento del expediente o no haber concurrido por un grave y legítimo impedimento.

El juicio en ausencia y su impacto en la causa AMIA

La media sanción en Diputados podrá convertir en realidad la posibilidad del juicio en ausencia. Esta reforma es una de las más esperadas, sobre todo en la causa que investiga terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) 18 de julio de 1994.

La investigación tuvo dos vías: la autoría material e intelectual y el encubrimiento del hecho que provocó la muerte de 85 personas. Esta última sí tuvo una resolución.

En 2019 se condenó a Hugo Anzorreguy, ex titular de la Secretaría de Inteligencia durante el gobierno de Carlos Menem; Juan José Galeano, primer juez del caso AMIA; Eamon Mullen y José Barbaccia, los primeros fiscales en recibir el expediente; y Carlos Telleldín, el último propietario de la Renault Trafic blanca que se para perpetrar el atentado.

Recién en 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las penas de Galeano en cuatro años, de Anzorreguy en 2 años y 6 meses, de Mullen y Barbaccia en 2 años y de Telleldín en un año y 9 meses.

La autoría material e intelectual sigue sin tener un juicio debido a que los acusados son funcionarios iraníes que llevan décadas prófugos de la justicia argentina. El mecanismo de juicio en ausencia facilitaría la condena a Moshen Rabbani, Barat Alí Balesh Abadi, Alí Fallahijan, Alí Akbar Parvaresh y Hadi Soleimapour como responsables del atentado realizado en Buenos Aires.

A su vez, permitiría continuar con la investigación que busca determinar las implicancias de los distintos responsables y la intervención de los distintos gobiernos argentinos en el conocimiento sobre la verdad del atentado a la AMIA.

Una de las últimas novedades sobre el caso fue en octubre de 2024, cuando la ministra de Seguridad Patricia Bullrich brindó información inédita sobre la identidad de uno de los acusados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). La funcionaria reveló que Hussein Ahmad Karaki, el jefe operativo de Hezbollah en Latinoamérica, fue el responsable de la compra del coche bomba y estuvo a cargo del operativo que causó la muerte de 85 personas el 18 de julio de 1994.

Con la aprobación del juicio en ausencia y la correspondiente reforma del Código Procesal Penal, Karaki podría ser condenado por su implicación en el ataque terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina.