El sistema penal da un paso histórico con la colocación de la primera tobillera electrónica. La medida busca aliviar la sobrepoblación carcelaria y ofrecer alternativas a la prisión preventiva, iniciando en Asunción con proyección nacional.
Con la implementación del plan de modernización del sistema penal y penitenciario, se colocó ayer el primer dispositivo electrónico de control en el país. Este hecho histórico, realizado en la oficina de Judiciales de la Policía Nacional, marca el inicio del uso de tobilleras electrónicas como una medida alternativa a la prisión.
La colocación del dispositivo fue ordenada por el Juzgado de Feria de Luque, tras aprobarse la revisión de la medida cautelar en un caso de violencia familiar.
El informe técnico confirma la viabilidad del dispositivo sin inconvenientes. El encausado, anteriormente recluido en el Centro Penitenciario de Emboscada Antigua, ahora cumplirá arresto domiciliario en Asunción.
Según Mirna Morínigo, directora de Asistencia Legislativa y Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, este avance es el resultado de un esfuerzo conjunto entre instituciones que trabajaron en la elaboración de protocolos y reglamentos para garantizar el cumplimiento de la ley.
El programa piloto comenzará en la capital y se extenderá progresivamente a otras regiones del país. En esta primera etapa, el Ministerio del Interior habilitará 20 dispositivos, con un límite total de 1.000 unidades disponibles.
Los interesados en acceder a esta medida deben informar al juzgado el lugar donde se cumpliría la sanción y solicitar una evaluación técnica para verificar la viabilidad del dispositivo en dicho lugar.
El juez será el encargado de autorizar su aplicación, tanto en casos de medidas alternativas como para condenados que estén en la última fase de su sentencia con permisos de salida.
El monitoreo de las tobilleras será llevado a cabo por 50 efectivos capacitados del sistema 911, quienes operarán las 24 horas, los 7 días de la semana.
La iniciativa, liderada por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, con el apoyo del Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, busca aliviar el sistema penitenciario reduciendo los ingresos por prisión preventiva, que representan un alto porcentaje de la población carcelaria.
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