Moraes: Plataformas digitales seguirán en Brasil si respetan la ley

Un día después de que el empresario Mark Zuckerberg, propietario del grupo Meta —que controla WhatsApp, Instagram y Facebook—, anunciara su intención de reducir los controles de contenido y adoptar una política más permisiva en la moderación de publicaciones, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), advirtió que esa corte no tolerará el uso indebido de las plataformas digitales. «No permitiremos que las grandes tecnológicas ni las redes sociales sean instrumentalizadas, intencional o culpablemente, y mucho menos por razones de lucro, para amplificar discursos de odio, nazismo, fascismo, misoginia, homofobia o mensajes antidemocráticos», declaró el magistrado.

Moraes enfatizó que Brasil no es un lugar sin legislación aplicable a las redes sociales. «Nuestro sistema de justicia electoral y el Supremo Tribunal Federal ya han demostrado que esta es una tierra con leyes. Las redes sociales no son territorios sin ley. Solo podrán operar en Brasil si respetan la legislación brasileña, sin importar las bravatas de los líderes irresponsables de las grandes tecnológicas», añadió.

En octubre, la red social X —propiedad del multimillonario Elon Musk— fue sancionada con una multa de R$ 28,6 millones tras haber sido desconectada en Brasil durante dos meses. La medida se adoptó debido al incumplimiento de una orden del propio Moraes que exigía el bloqueo de ciertas cuentas en la plataforma.

El empresario Elon Musk se acercó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, durante la campaña electoral del año pasado. En un movimiento similar, Mark Zuckerberg, al anunciar la flexibilización del control y la moderación en las plataformas de Meta, también hizo referencia a Trump.

Según informó la Agência Brasil, Zuckerberg afirmó que «trabajaría con el presidente Trump para presionar a los gobiernos de todo el mundo que persiguen a las empresas estadounidenses y exigen más censura». Además, afirmó que algunos países latinoamericanos tienen «tribunales secretos que pueden ordenar discretamente a las empresas retirar contenido».

Por su parte, el juez Alexandre de Moraes, responsable de las investigaciones sobre noticias falsas, milicias digitales y tentativas de golpes de Estado, subrayó el desafío que representa regular a las grandes tecnológicas. «El desafío del país es no permitir que estos conglomerados gigantes, liderados por personas irresponsables que creen que el dinero les da derecho a gobernar el mundo, evadan la regulación y la rendición de cuentas», señaló Moraes.

8 de enero

Para Moraes, la principal causa de actos violentos y antidemocráticos, como los ocurridos el 8 de enero de 2023 en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, fue la difusión masiva de mentiras y la movilización promovida a través de las redes sociales.

«Todo esto se originó cuando extremistas de todo el mundo, en particular radicales de derecha, se apropiaron de las redes sociales para instrumentalizar a las personas con el objetivo de debilitar la democracia desde dentro. Este nuevo populismo digital extremista está erosionando la democracia desde su interior», afirmó Moraes.

Las declaraciones del magistrado tuvieron lugar durante una «mesa redonda» organizada la tarde del miércoles (8), en el STF, para debatir sobre la importancia de la democracia. En el mismo evento, el juez Gilmar Mendes señaló: «El 8 de enero, el extremismo y la intolerancia alcanzaron su punto álgido, cuando una turba enloquecida invadió las sedes de los Tres Poderes en Brasilia, incitada por una amplia movilización en las redes sociales».

Mendes defendió el concepto de «constitucionalismo digital», un principio jurídico que, según él, «consagra la protección de los derechos fundamentales en el ámbito digital e impone a las redes sociales un deber de cuidado respecto a la difusión de contenidos ilegales». Mendes subrayó que esta normativa «nunca debe confundirse con la censura. No es censura», afirmó.

El magistrado consideró que el constitucionalismo digital «no solo representa una evolución en el marco jurídico, sino que constituye la piedra angular para construir una esfera digital democrática y plural, capaz de armonizar la libertad de expresión con la responsabilidad social en el entorno virtual».