Congreso: proponen que adultos mayores tengan descuentos en restaruantes y en el pago de servicios básicos

La congresista de Renovación Popular, Jessica Córdova, presentó un proyecto de ley para que los adultos mayores en el Perú tengan beneficios sociales y económicos, como descuentos en restaurantes y en el pago de servicios básicos.

De acuerdo con la propuesta, el objetivo es asegurar que las personas mayores de 60 años tengan una vida digna y el derecho a una “existencia plena y activa”.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y los gobiernos locales se encargarán de fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto por la normativa. En este caso, los beneficios a los que podrían acceder los adultos mayores son los siguientes:

• En los precios de entradas en actividades recreativas y culturales cines, teatros, museos, sitios arqueológicos y todo tipo de espectáculos públicos, deportivos y no deportivos. Este descuento no es aplicado para las actividades cuya utilidad se desarrolle en beneficio de la niñez, población vulnerable, población adulta mayor y de damnificados.
• En el transporte público urbano, provincial, interprovincial y aéreo nacional.
• En los servicios básicos, tales como de energía eléctrica, agua potable y telefonía residencial.
• En los precios regulares de hospedajes, hoteles y hostales.
• En los precios regulares de consumo en restaurantes y en otros proveedores de alimentos preparados. Este descuento no es aplicado para los establecimientos referidos que se encuentren en el Nuevo Régimen Único Simplificado.
• En todo tipo de servicios médicos, odontológicos y demás, dentro de consultorios, hospitales, policlínicos y clínicas privadas.
• En todo tipo de medicamentos que se adquiera con receta médica, en farmacias y boticas.
• En todo tipo de servicios técnicos y profesionales.
• En todo tipo de gastos, tasas de interés y comisiones bancarias y financieras, en todo tipo de transacciones en entidades bancarias y financieras.
• En derechos notariales, en todo tipo de servicios protocolares y extra protocolares en las Notarías Públicas.

En las disposiciones complementarias finales, se establece que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) elaborará un informe cada año sobre el cumplimiento y el impacto de los beneficios otorgados de esta ley. Este documento deberá ser remitido al Congreso de la República. Además, indican que el Poder Ejecutivo, a través de esta cartera, deberá reglamentar la norma en un plazo no mayor de 90 días desde su promulgación.

Como coautores de la medida figuran los demás miembros de la bancada de Renovación Popular: Alejandro Muñante, Cheryl Trigozo, Norma Yarrow, Miguel Ángel Ciccia, Jorge Zeballos y Diego Bazán.

¿Cuál es la problemática?

De acuerdo con Jessica Córdova, la iniciativa nace a partir de que el “envejecimiento demográfico en el Perú ha generado desafíos significativos en términos de inclusión y participación de los adultos mayores en la sociedad”.

“A pesar de representar una parte importante de la población, siguen siendo uno de los grupos más vulnerables, especialmente en lo que respecta a su acceso a servicios básicos, empleo y actividades recreativas”, menciona.

En ese sentido, recuerda que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población de personas mayores de 60 años representa una parte cada vez mayor de la población peruana, con un crecimiento importante en los últimos años. Por ejemplo, se estima que esta parte de la ciudadanía alcanzó los 4,7 millones en el 2024, representando un 13,9% de los peruanos.

También cita al ‘Informe Anual del Empleo de la Población Adulta Mayor en el Perú – 2021′, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), donde se explica que una gran proporción de adultos mayores se encuentra en situación de subempleo o empleo vulnerable.

En 2021, el 82,4% de los trabajadores tenía un trabajo informal, con ingresos promedio significativamente más bajos que el de sus pares que se encontraban en la formalidad.

Finalmente, la parlamentaria asegura que esta propuesta no entraría en conflicto con ninguna normativa en vigor y que no generaría costos al presupuesto público.