Desapariciones forzadas en Ecuador: Organismos de Derechos Humanos denuncian al menos nueve casos

Lorena no ha vuelto a ver a su hijo desde el 26 de agosto del 2024. Ese día, el joven de 20 años iba en una moto con otro hombre cuando fue interceptado pro dos camionetas doble cabina en Ventanas, provincia de Los Ríos.

Unos 12 supuestos militares se bajaron de los vehículos y se llevaron a Dave. Según el expediente de Habeas Corpus que presentó la madre, los uniformados fueron hasta su casa, dañaron las cámaras y se fueron con él.

Ese día, Laura recibió llamadas de vecinos que supuestamente vieron a los uniformados llevándose a Dave a un sector de canales. Cuando ella llegó, vio a un joven desnudo corriendo, quien dijo que presuntamente los militares estaban torturando a su hijo y al otra persona que estaba con él.

El caso de la desaparición de Dave es seguido por el Comité Permanente de Derechos Humanos. El organismo sostiene que en Los Ríos conocen de al menos cinco casos de presunta desaparición forzada en lo que va del 2024. Todos reportados después de la declaratoria de conflicto armado interno en Ecuador, que permitió entre otras medidas, que los militares salieran a las calles a apoyar la lucha contra el crimen organizado.

Según Fernando Bastias, coordinador del área de litigio del comité, indicó que las organizaciones de Derechos Humanos alertaron que fue un «llamado más bien político que técnico en el combate a la inseguridad». También que habría casos de extralimitación judicial.

Bastias explicó que en el delito de desaparición forzada, debe existir dos factores para que se constituya. Una es la presencia de un funcionario público y la segunda, que la persona no aparezca y se desconozca su paradero.

En el caso de Laura, el Comité vio los videos que probarían la presencia militar en el operativo. Las imágenes serían de los uniformados metiendo a Dave en una camioneta.

El otro caso de presunta desaparición forzada en Los Ríos, ocurrió en la parroquia Pimocha. En un supuesto operativo militar y policial, los agentes detuvieron a un grupo de personas. Luego, los habrían soltado pero posteriormente los soldados los capturaron nuevamente.

Mientras que en el caso de los cuatro menores de edad desaparecidos en Guayaquil, el Comité Permanente considera que «existen indicios suficientes para considerar la participación de las Fuerzas Armadas». En el Complejo Judicial Florida norte, se presentó una demanda de acción de habeas corpus.

El abogado indicó que con esta medida buscan que se investigue el caso como una desaparición forzada y no como un secuestro. También que se establezcan mecanismos de búsqueda para además de localizar al responsable, hay que encontrar a las víctimas.

Hasta el momento, el único pronunciamiento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha sido un comunicado en redes sociales. En el documento, mencionan que han realizado tres acciones.

Entre ellas, apoyar a la Unase en la búsqueda de los jóvenes, brindar las facilidades a la Fiscalía para la investigación y emprendido acciones necesarias que este tipo de eventos amerita.

En noviembre pasado, la organización Human Rights Watch publicó un video con las conclusiones tras la visita de Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas. Señaló que la Fiscalía reportó haber recibido denuncias de nueve desapariciones forzadas en 2024.

Así mismo, el organismo contabilizó 15 casos de ejecuciones extrajudiciales, más de 80 denuncias de tortura y más de 200 casos de extralimitación de la fuerza en Ecuador.

Una de las presuntas ejecuciones extrajudiciales que se habrían cometido, ocurrió en febrero en Guayaquil. La familia Vega Ipanaqué denunció que su hijo de 19 años murió con un disparo.

El joven iba en un carro con su primo por una calle del sur de la ciudad cuando se topó con un operativo militar. Ellos hablaron con los uniformados, quienes los hicieron retroceder y se chocaron con un patrullero. En ese incidente, hubo disparos, el chico murió y el otro quedó herido.

En este caso, la Fiscalía procesó a un marino en servicio activo. En la audiencia de formulación de cargos por presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio con resultado de muerte, realizada el viernes 20 de diciembre del 2024, la jueza ordenó la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.

Para Bastias, las Fuerzas Armadas al tener un rol complementario, deberían estar acompañados de la Policía, conforme lo dispone la Corte Constitucional. Esto para que se realicen partes y bitácoras de respaldo. «Que las Fuerzas Armadas hagan operativos sin ningún control, estamos expuestos no solo a desapariciones forzadas, sino a ejecuciones extrajudiciales o abusos ilegítimos de la fuerza», comentó.

Con él coincidió Daniel Adler, experto argentino en atiterrorismo. Adler argumentó qué no es conveniente combinar las Fuerzas Armadas con la Policía porque tienen entrenamientos y escenarios totalmente distintos.

Indicó que no tienen «compatibilidad con la guerra urbana». Y que es una estrategia inmediata que se ve en varios países, que catalogó como una medida ‘un tanto cómoda’.

Adler comentó que es equívoco realizar lo ‘mismo de siempre’ contra el crimen organizado. Por ello, dice el experto, no es conveniente que poner a un militar a cumplir labores de policías porque tienen distinta preparación.

ecuavisa.com