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El Ministerio de Justicia y del Derecho, junto con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), lanzó un ambicioso proyecto que busca abrir nuevas oportunidades laborales para las personas privadas de la libertad (PPL) en Colombia. La estrategia permitirá que los consorcios encargados de obras dentro de los establecimientos penitenciarios contraten a internos para labores remuneradas, bajo estrictas disposiciones legales y de seguridad laboral.
La iniciativa, que se formalizó este miércoles en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Calarcá, Quindío, busca promover la resocialización de los reclusos a través del trabajo. Según lo estipulado, los internos seleccionados trabajarán en mantenimiento general, adecuaciones y ampliaciones de infraestructura penitenciaria, o en la construcción de nuevos pabellones, generando impactos positivos tanto dentro como fuera de los centros de reclusión.
La ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, destacó la importancia del proyecto como un paso significativo hacia la dignificación y reintegración de los internos. “Este modelo no solo les brinda una oportunidad laboral, sino que les dice a los privados de la libertad que siguen siendo seres humanos con derechos, que tienen la posibilidad de formarse, capacitarse y, en muchos casos, encontrar una segunda oportunidad de vida”, señaló la ministra.
Un modelo laboral innovador
El proyecto introduce un esquema de contratación indirecta a través del INPEC, lo que garantiza el cumplimiento de las disposiciones laborales del Ministerio de Trabajo. Entre los beneficios para los reclusos se incluyen una remuneración no inferior al salario mínimo por hora trabajada, afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y acceso a programas de capacitación. Además, los empleadores deberán proporcionar equipos de protección personal y garantizar condiciones de seguridad industrial.
El director del INPEC, Teniente Coronel Daniel Fernando Gutiérrez, subrayó que este modelo contribuye significativamente a la resocialización, al fomentar que los reclusos crean en sus capacidades y en su potencial para integrarse legalmente a la sociedad. “Es un proyecto que va más allá de las palabras; les brinda herramientas tangibles para salir adelante”, afirmó.
Impacto social y humano
El director de Infraestructura de la USPEC, ingeniero Rafael García García, destacó la coordinación interinstitucional que ha hecho posible este proyecto. Según explicó, la iniciativa comenzará con la participación de ocho internos en Calarcá, con la meta de ampliar el modelo a otros establecimientos penitenciarios del país.
Entre los beneficios señalados por las autoridades están el incremento del empleo dentro de las cárceles, la mejora en la eficiencia de las obras públicas y la posibilidad de que los internos adquieran nuevas habilidades técnicas y sociales. Estas experiencias les facilitarán acceder a futuras oportunidades laborales una vez culminen sus condenas.
Los internos, por su parte, han recibido con esperanza esta oportunidad. A través del trabajo remunerado, no solo tienen acceso a recursos económicos, sino también a una mayor estabilidad emocional y social. Este modelo, según las autoridades, representa un avance significativo en la implementación de políticas que promuevan la dignidad y la autosuficiencia dentro del sistema carcelario.
El Gobierno Nacional reafirma así su compromiso con políticas transformadoras que no solo mejoren las condiciones de las cárceles, sino que también promuevan la inclusión social de quienes buscan redimir su vida tras las rejas. La iniciativa, que inicia en el Quindío, promete convertirse en un ejemplo de cómo el trabajo puede ser un vehículo para la reinserción social y la construcción de un futuro más justo para todos.
carloscastaneda@prensamercosur.org
