La Comisión de la ONU sobre desapariciones.- Imagen Cortesía
En un informe que ha conmocionado al mundo entero, la Comisión de la ONU que investiga la desaparición forzada en Colombia ha revelado un hallazgo escalofriante que pone en evidencia la magnitud de la crisis humanitaria que azota al país. Según el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, un total de 20.000 cuerpos no identificados estarían almacenados en un hangar del Aeropuerto El Dorado en Bogotá. Esta cifra no solo es aterradora por su magnitud, sino que, de confirmarse, representaría la población de una pequeña ciudad colombiana, lo que subraya el alcance y la tragedia de las desapariciones forzadas en el país. Este hallazgo se suma a un panorama desolador que muestra cómo miles de personas desaparecidas siguen sin respuesta y cómo el sistema judicial colombiano enfrenta graves dificultades para hacer justicia en estos casos.
El informe, que fue presentado tras una visita exhaustiva del Comité a varias ciudades colombianas, incluidas Cali, Medellín, Santa Marta y Villavicencio, subraya la falta de acción por parte del Estado para enfrentar la crisis de las desapariciones forzadas. A lo largo de su recorrido, los miembros de la delegación de la ONU evidenciaron una falta de protocolos claros para el manejo de los cuerpos no identificados en cementerios y crematorios, lo que ha generado una acumulación alarmante de restos sin nombre. En su análisis, el Comité señaló que los cuerpos se encuentran en diversos lugares: en bóvedas, subsuelos, en lo que han denominado «piscinas» y, lo más impactante, en un hangar del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. De acuerdo con las cifras obtenidas durante la visita, alrededor de 20.000 cadáveres no identificados estarían almacenados allí, reflejando la falta de eficacia de las políticas públicas para atender esta grave situación.
Las desapariciones forzadas en Colombia, aunque comenzaron a ser un fenómeno prominente en la década de 1940, no son un hecho del pasado. Según el Comité, siguen ocurriendo a diario en diversas circunstancias y afectan a amplios sectores de la sociedad colombiana. La ONU destacó que la impunidad en estos casos sigue siendo la norma, ya que el 98% de las desapariciones forzadas permanecen sin resolución, lo que indica una débil respuesta de las instituciones del país ante este crimen. Esta inacción institucional perpetúa el sufrimiento de miles de familias que llevan años, en algunos casos décadas, esperando una respuesta sobre el paradero de sus seres queridos.
Frente a las denuncias realizadas por la ONU, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia emitió un comunicado en el que negó tener conocimiento sobre el hallazgo de los 20.000 cadáveres en el hangar del Aeropuerto El Dorado. La entidad aseguró que no ha recibido ninguna solicitud oficial ni de parte de la Fiscalía ni de otras autoridades para investigar este caso en particular. Este desajuste pone en evidencia la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de la búsqueda y la identificación de las víctimas, lo que agrava aún más la crisis. De acuerdo con el informe de la ONU, las instituciones del país no han logrado crear un sistema único y eficaz de identificación de los desaparecidos, lo que ha generado un caos en el manejo de los cadáveres y una sensación de abandono para las familias de las víctimas.
Comunicado Medicina Legal de Colombia – Imagen Cortesía
Además, la ONU ha señalado que la falta de un registro único y centralizado de personas desaparecidas ha dificultado la magnitud del problema, lo que complica aún más la tarea de encontrar a los desaparecidos. Se estima que las cifras de personas desaparecidas en Colombia oscilan entre 98.000 y 200.000, según las diferentes fuentes consultadas por el Comité. Sin embargo, la variabilidad de las cifras refleja un sistema fragmentado que no ha logrado documentar adecuadamente la magnitud del fenómeno. Las denuncias, además, están limitadas por la inseguridad que prevalece en varias regiones del país, especialmente en aquellas bajo el control de grupos armados y organizaciones criminales. Muchas personas temen represalias y no se atreven a denunciar las desapariciones, lo que limita aún más la capacidad del Estado para enfrentar el problema.
La ONU también destacó que los grupos más vulnerables, como migrantes, indígenas, campesinos y personas LGBTI+, enfrentan barreras adicionales para acceder a la justicia. Estos colectivos se encuentran en una situación de desprotección, ya que en muchas ocasiones no tienen acceso a los mecanismos judiciales o se enfrentan a obstáculos legales y burocráticos que dificultan la búsqueda de justicia. La falta de recursos en las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia también impide que las autoridades realicen un seguimiento adecuado de los casos de desaparición forzada, lo que deja a las víctimas y a sus familias atrapadas en la incertidumbre y el sufrimiento.
En respuesta a estas graves preocupaciones, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU hizo un llamado a las autoridades colombianas para que se asignen recursos suficientes y se fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas. La ONU instó a que se garantice una mayor colaboración entre las instituciones encargadas de la investigación, como la Fiscalía, Medicina Legal y las fuerzas de seguridad, para que puedan trabajar de manera más coordinada y eficiente. El Comité también propuso la creación de un registro centralizado y confiable de las personas desaparecidas, lo que permitiría al país tener un panorama más claro de la magnitud del fenómeno y tomar decisiones más informadas sobre las medidas a adoptar.
En su informe, la ONU hizo un llamado urgente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que abra un macrocaso sobre la desaparición forzada, dada la magnitud y la complejidad de este crimen en el contexto colombiano. El Comité subrayó que la desaparición forzada no discrimina, ya que afecta a diversos sectores de la población, incluidos niños, líderes sociales, excombatientes desmovilizados, migrantes y periodistas. La ONU también identificó casos vinculados al reclutamiento forzado, la trata de personas y las protestas sociales, lo que refleja cómo este crimen se entrelaza con otros abusos de derechos humanos cometidos en el país.
La JEP – Imagen Cortesía
El Comité también recomendó fortalecer la coordinación entre instituciones, reducir la superposición de funciones burocráticas y asignar personal especializado en la búsqueda y la identificación de los desaparecidos. Estas medidas, según el informe, son esenciales para que las instituciones del país puedan ofrecer respuestas efectivas a las familias que siguen esperando justicia. “Es necesario que el sistema funcione a favor de las víctimas y no en su contra”, expresó la delegación de la ONU, destacando que la inacción del Estado colombiano ha alimentado una sensación de impunidad que perpetúa la tragedia.
En respuesta al informe de la ONU, Janeth Forero Martínez, directora de la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), señaló que la institución ha venido realizando un trabajo riguroso y técnico para identificar y registrar los sitios de enterramiento de las víctimas de desaparición forzada en Colombia. Forero destacó que desde la creación de la UBPD, se ha logrado identificar más de 10.000 lugares en todo el país, incluidos fosas comunes, cementerios y sepulturas clandestinas. “Nuestro trabajo es muy exhaustivo y técnico, nos hemos dedicado a incrementar nuestro universo de búsqueda con el objetivo de dar respuestas a las familias de las víctimas”, aseguró la directora.
Sin embargo, Forero Martínez dejó claro que, de acuerdo con el informe presentado por la ONU, no se ha encontrado evidencia alguna de un sitio de enterramiento relacionado con el Aeropuerto El Dorado o sus alrededores. “El registro de fosas y cementerios que hemos venido construyendo no incluye, hasta el momento, ninguna localización asociada a esa área específica en Bogotá. Esto no quiere decir que no se sigan haciendo investigaciones, pero, hasta el momento, no hemos encontrado indicios en ese sentido”, explicó la directora de la UBPD.
La UBPD ha continuado con su labor de búsqueda y documentación en diversas regiones del país, asegurando que su enfoque está basado en el rigor técnico y la verificación precisa de cada hallazgo, con el fin de garantizar respuestas certeras para las familias que esperan saber qué ocurrió con sus seres queridos.
Las conclusiones preliminares del Comité serán complementadas por un informe público que se publicará en abril de 2025, en el que se incluirán recomendaciones adicionales para abordar de manera integral la desaparición forzada en Colombia. Mientras tanto, la ONU continúa exigiendo una respuesta contundente y urgente del Estado colombiano para poner fin a este flagelo que sigue destruyendo vidas y familias en todo el país.
Las familias de los desaparecidos, que han vivido años de sufrimiento, siguen esperando respuestas y justicia. “Cada persona desaparecida es una familia que espera respuestas, una comunidad desgarrada y una sociedad que aún no ha podido sanar sus heridas. No podemos seguir ignorando esta tragedia”, concluyó el Comité, haciendo un llamado a la acción inmediata para frenar las desapariciones forzadas y garantizar que se haga justicia por las víctimas de este terrible crimen.
carloscastaneda@prensamercosur.org
