La reciente caída récord de la moneda de Brasil frente al dólar ha desestabilizado las finanzas del país. Se prevé un aumento de la inflación
La semana pasada, el real registró la mayor devaluación de su historia. En menos de 48 horas, la moneda brasileña se desplomó frente al dólar, que pasó de 5,81 a 6,11. El real también registró el segundo peor desempeño del mundo en noviembre, justo por detrás del rublo ruso. Esta dramática aceleración se produjo inmediatamente después del anuncio realizado el miércoles por el Ministro de Hacienda, Fernando Haddad, en un mensaje grabado y difundido por todas las cadenas nacionales de televisión. En lugar de presentar en detalle el esperado plan de recortes del gasto público, del que sólo indicó algunos puntos, el ministro anunció una medida que va exactamente en la dirección contraria. Se trata de la exención de impuestos para todos aquellos que ganen hasta 5.000 reales (837 dólares) al mes, unos 30 millones de personas según datos de Unafisco, la asociación de auditores fiscales de la Receita Federal.
La propuesta se enviará al Congreso el próximo año y, si se aprueba, entrará en vigor en 2026, cuando Brasil vuelva a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Para compensar la pérdida de recaudación con la ampliación de la exención, el gobierno también ha anunciado la creación de un impuesto del 10% para quienes ganen más de 50.000 reales (8.369 dólares) al mes, una compensación que los expertos consideran insuficiente porque, según datos del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), representan el 1% de la población adulta de Brasil.
El economista Alexandre Schwartsman, ex director de Asuntos Internacionales del Banco Central de Brasil, explicó a Infobae que “en teoría esta exención será compensada, pero en realidad no sabemos cómo; el impacto que prevé el gobierno es de 35.000 millones de reales (5.858 millones de dólares), pero el mercado cree que es mucho más”. Según el experto, “el problema es que el gobierno tenía que anunciar un plan fiscal para reducir el gasto público, pero algunas medidas probablemente les están causando problemas. Así que se presentaron con la exención, que demuestra que no están preparados para poner la deuda pública en una trayectoria estable. El problema, en definitiva, no es la exención en sí, sino el contexto en el que se inscribe, que está totalmente fuera de la realidad fiscal del país”.
En estos mismos días, el Banco Central de Brasil publicó un informe titulado “Estadísticas Fiscales” en el que revela que, por primera vez en su historia, la deuda pública de Brasil superó los 9 billones de reales (1,5 billones de dólares), cerca del 78,64% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que supone un aumento del 1,16% respecto a septiembre y del 14,13% respecto a octubre de 2023. Además, según el informe, el déficit nominal volvió a crecer y alcanzó en octubre el 8,53% del PBI. Los economistas esperan que estas cifras eleven la tasa Selic, actualmente en el 11,25%, en 0,75 puntos porcentuales en la próxima reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central, prevista para el 11 de diciembre.
Para el ministro, estas medidas “exigen coraje”, pero garantizan un “país más fuerte, más justo y más equilibrado mañana”. A continuación, prometió que el seguimiento de la evolución del gasto público será constante. “Este conjunto de medidas no es el gran final de lo que se necesita. Dentro de tres meses puede haber un nuevo documento para discutir, quizás, la evolución de la Seguridad Social o de otras prestaciones”, dijo. Según los expertos, la propuesta presentada por el Gobierno no representa un recorte del gasto público actual, sino una reducción del ritmo de crecimiento de algunos gastos.
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, del Partido Social Demócrata (PSD), también frenó el discurso del Ejecutivo. “El tema de la exención del impuesto a la renta, aunque es el deseo de todos, no está en la agenda por ahora y sólo podrá concretarse si (y sólo si) tenemos las condiciones fiscales para hacerlo. Si no las hay, no se llevará a cabo”, afirmó en un comunicado. Sin embargo, según el sitio de noticias G1, los parlamentarios llevarán a cabo apretadas negociaciones para conseguir nuevos fondos a cambio de su aprobación, las llamadas enmiendas, que no exigen un gasto detallado y que están bloqueadas desde el pasado agosto. No es casualidad que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados, José Guimarães, registrara el viernes pasado el proyecto de ley del paquete de recortes del gasto público, pero el documento no incluye la exención en la declaración de la renta, que puede requerir una discusión aparte.
En el paquete de medidas para frenar el gasto público, sin embargo, los sectores más pobres de la población pagarán el precio más alto. El aumento del salario mínimo se limitará entre el 0,6% y el 2,5%. También habrá restricciones en el subsidio de la Bolsa Familia, que exigirá el reconocimiento biométrico de sus beneficiarios y la actualización del registro. En el caso de las ayudas para la compra de gas, el número de bombonas dependerá, según las nuevas normas, del tamaño de la familia. Actualmente, todos los beneficiarios reciben el equivalente a una bombona de gas de cocina cada dos meses. También es probable que se reduzca el programa Pé de Meia, que proporciona pagos mensuales a los estudiantes de secundaria con bajos ingresos. Se incorporará al presupuesto de educación, mientras que actualmente se paga a través del Fondo de Garantía de Operaciones, que queda fuera de las normas de la reforma fiscal, el llamado “arcabouço”.
Según el Ministerio de Economía, este paquete de reducción del gasto público ahorrará al país 71.900 millones de reales (12.035 millones de dólares) hasta el final del mandato de Lula (31 de diciembre 2026). Sin embargo, queda la incógnita de los gastos en sanidad y educación, que crecen más que los demás y para los que el gobierno ha descartado la hipótesis de una reducción. Según los expertos, la probabilidad de que el Ejecutivo se quede sin dinero para invertir en otros sectores a partir de 2028 es alta, lo que aumenta el riesgo de un apagón en el sector público. Schwartsman explicó a Infobae que “en un futuro próximo es probable que veamos una trayectoria en Brasil en la que la deuda seguirá creciendo y las primas de riesgo aumentarán.
“No necesariamente terminará en una crisis fiscal como en Grecia o Argentina, porque la dinámica es un poco diferente y la deuda es en moneda local. Pero todo esto se traducirá en una aceleración de la inflación y en un banco central que tendrá dificultades para contenerla, ya que no tiene apoyo fiscal para la política de tipos de interés”. Según el experto, “en una situación extrema se puede llegar incluso a un caso de dominación fiscal, con el Banco Central perdiendo completamente el control. Sin embargo, antes de que eso ocurra, es probable que Lula llame al nuevo presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, y éste tendrá que aceptar que tendrá que convivir con una inflación más alta”, afirma Schwartsman.
De hecho, el mandato del actual presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, expira el 31 de diciembre, y en los últimos días ha vuelto a estar en el punto de mira del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula. La presidenta del partido, Gleisi Hoffmann, le acusó de cometer un “crimen contra el país” por no actuar ante la subida del dólar. “La autoridad monetaria tiene la obligación de intervenir en el mercado contra la especulación desde su inicio previsible, con subastas de swaps, depósitos a la vista y otros instrumentos que existen para ello”, escribió Hoffmann en sus redes sociales.
Rui Costa, ministro de la Casa Civil, también adoptó un tono similar, diciendo que Campos Neto estaba actuando deliberadamente para perjudicar al país. “Todo este cuestionamiento de hoy [del mercado] ha sido deliberadamente, en nuestra opinión, motivado e iniciado por la actual dirección del Banco Central, que, en una visión política de boicot al Gobierno, ha creado una sensación permanente de inestabilidad”, dijo Rui Costa. El Banco Central lleva meses advirtiendo en sus boletines de los riesgos de un gasto público fuera de control y de su impacto fiscal. Además, el director de Política Monetaria y futuro presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, dijo que había hablado con Campos Neto el viernes sobre una posible intervención en el cambio, pero reiteró que la autoridad monetaria sólo intervendrá si nota alguna disfunción en el mercado.
En enero, además de la instalación de Galípolo, que fue elegido por Lula como presidente de la institución, otros tres directores, propuestos por indicación del presidente, cuyos nombres se han dado a conocer en los últimos días, asumirán sus cargos. Se trata de Izabela Correa para la Supervisión de Relaciones, Ciudadanía y Conducta, Gilneu Vivan para Regulación y Nilton David, que sustituirá a Galípolo como director de Política Monetaria. David procede del banco brasileño Bradesco. Anteriormente trabajó en Morgan Stanley, Canvas y Citibank en Nueva York. Los otros dos son funcionarios de carrera del Banco Central. Sus nombramientos deberán ser aprobados por el Senado y, de ser positivos, los tres tomarán posesión de sus nuevos cargos el dos de enero.
Pero, ¿por qué el gobierno de Lula optó por anunciar la exención fiscal junto con el paquete de reducción del gasto público, una decisión que tuvo un impacto tan fuerte en los mercados? Según la mayoría de los expertos, fue una jugada electoral con vistas a las elecciones presidenciales de 2026, a las que, por otra parte, aún no se sabe si Lula se postulará. El experto económico Celso Ming escribe en el diario O Estado de São Paulo, en un artículo titulado “el precio político del paquete fiscal”, que la inclusión de la promesa electoral de exención en el paquete de recortes de gastos podría producir efectos políticos contrarios a los esperados por Lula. “Como el paquete en sí es insuficiente, el desfase continuará y tenderá a disminuir la confianza en la gestión de la economía. Por lo tanto, el dólar seguirá subiendo”, escribe Ming, que luego añade que “el presidente Lula puede estar entre los que pronto verán que se ha disparado en el pie”.
Mientras tanto, la economía cotidiana de los brasileños sigue cada vez más llena de obstáculos. El aumento de la inflación ha provocado un incremento significativo de algunos alimentos, como la carne. Según datos de la Universidad de San Pablo, la carne de pollo en particular, de la que los brasileños son grandes consumidores — una media anual de 100 kg por persona — ha alcanzado en los últimos dos años el precio más alto de su historia, con un precio medio de 80 reales (13,4 dólares) por kg. Según una encuesta de la Asociación Brasileña de Supermercados (ABRAS), las carnes y proteínas tradicionales para las fiestas de fin de año también registraron un aumento medio del 12,4% en 2024, en comparación con el mismo período de 2023.
El bacalao encabeza la lista de aumentos, con un incremento del 18,4%. Le siguen el codillo de cerdo (15,3%), la ternera (13,5%) y el lomo (12,9%). Los platos típicos de las cenas navideñas como el pavo (9,9%) también registraron ajustes significativos. A estas cifras hay que añadir las del comercio. Según datos de la empresa de análisis de inteligencia de mercado Cortex, desde 2014 hasta agosto de este año se abrieron 11,6 millones de tiendas y se cerraron 7 millones en Brasil. Lo que significa que, por cada 10 nuevos comercios, cerraron seis.
El endeudamiento de los ciudadanos también crece: 72 millones de brasileños son morosos y, por lo tanto, tienen dificultades para consumir, mientras que el valor medio de las deudas de los ciudadanos ha aumentado casi un 10% en 2024, según un análisis de la financiera brasileña Paschoalotto. Las principales deudas son con tarjetas de crédito, préstamos y otros productos financieros.
Mientras tanto, en los próximos dos años podría estallar otra bomba en la economía brasileña, la inmobiliaria. Por un lado, en las metrópolis del país la construcción de nuevos edificios ha aumentado exponencialmente, en algunos casos para el blanqueo por parte de ciertos grupos criminales, como denunció un colaborador de la justicia del Primer Comando Capital (PCC), Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, ejecutado el 8 de noviembre en el aeropuerto de Guarulhos. Por otro lado, la financiación de edificios utilizados con los recursos del Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio ya se ha derrumbado en los últimos meses a raíz de una serie de decisiones gubernamentales para favorecer la compra de nuevos edificios. En el programa de vivienda social “Mi casa, mi vida”, los datos del banco público Caixa Económica Federal muestran una caída del 85% en la concesión de créditos para la compra de edificios antiguos en los últimos dos meses.
infobae.com
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