Estados agroganaderos tratan de desmantelar protecciones forestales en Brasil

Los intentos de evadir las medidas estatales por parte de los productores contradicen los esfuerzos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Con el objetivo de talar árboles y expandir la agricultura, varios estados de Brasil están tratando de librarse de las protecciones de la selva tropical, cediendo a la presión de los ganaderos y los productores de soja.

“Estamos detectando una ola de retrocesos bien coordinada. Los esfuerzos para reducir la deforestación siguen siendo muy frágiles en algunas regiones”, declaró Alice Thuault, directora ejecutiva del Instituto Centro de Vida, una organización ambiental sin fines de lucro con sede perteneciente al estado de Mato Grosso.

En Brasil, los nueve estados amazónicos gestionan casi 564.000 kilómetros cuadrados de tierras de conservación, cruciales para la conservación de los bosques.

Un ejemplo de ello es el estado de Acre, en el que una ley aprobada por unanimidad en agosto pasado permite la privatización de casi 900 kilómetros cuadrados de bosque protegido. El objetivo de dicha ley es legalizar la situación de una comunidad de personas se ha instalado ilegalmente en cinco unidades de conservación forestal.

Esto provoca que haya una flexibilización en las protecciones de la selva tropical, suceso que apoya Assuero Veronez, presidente de la Federación de Agricultura y Ganadería de Acre, cuando afirmó durante un discurso en el parlamento estatal en abril de 2023 que “cuanto más bosque, más pobreza”.

Asimismo, en el estado de Rondonia, el Gobierno local busca anular ante los tribunales 11 unidades de conservación y reducir otras dos, en las cuales solo en las zonas de Guajara-Mirim y Soldado da Borracha hubo incendios que destruyeron una superficie combinada de 1.730 kilómetros cuadrados.

De acuerdo con el Instituto Centro de Vida la deforestación acumulada en la Amazonía y el Cerrado de Mato Grosso, entre agosto de 2022 y julio de 2023, fue de 2.506,2 km², y en el 73 por ciento de los casos la supresión se produjo de forma ilegal.

De este modo, la mayor parte de la deforestación, 1.839,3 km², se registró en propiedades en el Registro Ambiental Rural, seguida de áreas no registradas (444,1 km²) y asentamientos (176,4 km²).