Colombia | Denuncian a la IPS Proservanda por meses de impagos y abandono laboral a profesionales de la salud .
Imagen IPS Poservanda
La IPS Proservanda SG-SST S.A.S., encargada de realizar exámenes ocupacionales para la Fiduprevisora y otros clientes estatales, se encuentra en el centro de una controversia laboral. Profesionales de la salud, entre ellos médicos, optómetras, fisioterapeutas, psicólogos y fonoaudiólogos, han presentado denuncias contra la empresa por incumplimientos en el pago de honorarios, así como por omisiones en las obligaciones contractuales que han dejado a muchos de estos trabajadores sin ingresos durante meses.
Proservanda presta servicios a través de varias sedes en Bogotá y despliega brigadas de salud en múltiples municipios, atendiendo a docentes en ciudades y regiones como Palmira, Huila, Caquetá, Facatativá y Cali. Estas brigadas, fundamentales para la salud ocupacional de los docentes contratados por la Secretaría de Educación, han sido dirigidas por un equipo de profesionales que en algunos casos son contratados bajo la modalidad de prestación de servicios y en otros, bajo acuerdos verbales. Esta estructura de contratación, según denuncian, ha complicado los reclamos laborales.
Desde el inicio de estas brigadas en julio, numerosos profesionales han reportado demoras en los pagos que, en algunos casos, superan los tres meses. Pese a que se les indicó que debían presentar las cuentas de cobro antes del día 20 de cada mes, la respuesta de la IPS ha sido evasiva. Los profesionales alegan que reciben excusas constantes, entre ellas problemas administrativos, cierres de historias clínicas y demoras en los pagos de la Fiduprevisora. “Nos dicen que esperemos, que los pagos están en trámite, pero llevamos meses en esta situación”, expresó uno de los afectados, quien asegura que la empresa no ha cumplido con los compromisos pactados.
Uno de los casos más críticos es el de un profesional con contrato formal, quien tras varios meses de incumplimientos dejó de recibir el pago de su seguridad social, lo que lo obligó a renunciar. Actualmente, Proservanda le adeuda el salario de septiembre y cinco meses de liquidación. Situaciones similares afectan a otros colegas, quienes enfrentan un panorama de deudas y desestabilidad debido a la falta de sus pagos.
Denuncia de los profesionales contratados
En respuesta a las denuncias, la doctora Juana Lozano Beltrán, propietaria de Proservanda, confirmó que, en efecto, existen deudas pendientes con algunos profesionales. No obstante, Lozano argumenta que estas demoras se deben a que “los profesionales no diligenciaron correctamente las historias clínicas completas, lo que ha generado inconsistencias en la auditoría que estamos llevando a cabo”. Además, señaló que los “profesionales terminan sus labores encomendadas y ya quieren que se les pague”, subrayando que la fecha de deuda general data desde el 20 de septiembre, contrario a lo que indican los profesionales de la salud , que el impago viene es desde el mes de agosto. Lozano también desmintió que las deudas incluyan dos cuentas de cobro pendientes, afirmando que la situación es menos severa de lo que aseguran los trabajadores.
Según los denunciantes, a pesar de las justificaciones de Lozano, su empresa ha sido objeto de denuncias anteriores ante el Ministerio de Trabajo por irregularidades en el pago de parafiscales y en la contratación laboral. La empresaria, agregan – además, continúa licitando contratos con el Estado a través de otras IPS bajo su control, como Alfa IPS Salud Ocupacional S.A.S., ubicada en Ibagué. Este hecho ha generado preocupación entre los empleados, quienes temen que Proservanda cese operaciones y no cancele las deudas, mientras otras empresas bajo el control de Lozano siguen funcionando con normalidad.
La situación también plantea dudas sobre la capacidad de las entidades de control, como el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia Nacional de Salud, para tomar medidas efectivas en defensa de los derechos laborales. Para muchos profesionales, el caso de Proservanda revela un vacío en la supervisión de las empresas contratistas, quienes anteponen intereses administrativos y financieros sobre los derechos de los trabajadores. La falta de respuesta contundente por parte de las autoridades deja a estos profesionales en un limbo legal y financiero, sin garantías de recibir sus pagos pendientes ni de que se respeten sus derechos básicos.
Mientras tanto, los profesionales de Proservanda continúan con incertidumbre, a la espera de que la justicia y las entidades reguladoras intervengan con medidas concretas que pongan fin a esta situación. Para muchos, la actuación de Proservanda no solo afecta su estabilidad económica, sino que también pone en riesgo la confianza en el sistema de salud ocupacional en Colombia, un sector vital para garantizar el bienestar de miles de trabajadores del sector educativo y otras áreas.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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