Colombia | Tribunal admite demanda contra decreto que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia

El jurista Germán Calderón España, reconocido abogado constitucionalista, ha logrado que el Tribunal Administrativo admita una demanda presentada contra el Decreto 1077 del 23 de agosto de 2024, expedido por la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Departamento Administrativo de la Función Pública. La demanda, que cuestiona la reestructuración de la DNI, sostiene que el decreto vulnera varios derechos fundamentales al otorgar amplias facultades a la DNI en el ámbito de la contrainteligencia.

El Tribunal, tras admitir la demanda de Calderón España, ha corrido traslado de la solicitud de medidas cautelares, lo que abre la puerta a la posible suspensión temporal de los efectos del decreto mientras se decide sobre su constitucionalidad.

El Decreto 1077 modifica profundamente la estructura de la Dirección Nacional de Inteligencia, asignándole la tarea de implementar políticas de contrainteligencia para salvaguardar el orden constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos. Entre otras funciones, el decreto otorga a la DNI la capacidad de contrarrestar posibles amenazas al orden constitucional y realizar análisis sobre la confiabilidad de servidores públicos, contratistas y otras fuentes relacionadas con la entidad.

No obstante, Calderón España argumenta en su demanda que estas facultades exceden lo permitido por el Ejecutivo, ya que afectan directamente derechos fundamentales como la intimidad, el debido proceso, la presunción de inocencia y las libertades de expresión, información y locomoción. Según el jurista, la naturaleza de estas funciones es propia de una ley estatutaria, la cual debe ser expedida por el Congreso de la República y no por medio de un decreto presidencial.

El punto central de la demanda radica en la reserva legal que protege los derechos fundamentales. Para Calderón España, el decreto, al otorgar a la DNI la facultad de evaluar la confiabilidad de funcionarios y tomar medidas de contrainteligencia, debió ser tramitado como una ley estatutaria. Esta reserva garantiza que cualquier regulación que afecte libertades individuales cuente con un amplio debate y control democrático en el Congreso.

La preocupación principal es que, bajo el marco de este decreto, la DNI podría intervenir en la vida privada de las personas sin un marco legal claro, lo que, según el abogado, pone en riesgo la salvaguarda de las libertades individuales. Para Calderón España, este es un asunto de vital importancia, ya que la ampliación de las facultades de la DNI sin un control legislativo adecuado podría quebrantar el equilibrio entre la seguridad nacional y la protección de los derechos ciudadanos.

El tribunal, al admitir la demanda, evaluará si se conceden las medidas cautelares solicitadas por el jurista, lo que podría significar la suspensión temporal de las funciones ampliadas de la DNI mientras se decide el fondo del asunto. Esta acción judicial ha desatado un debate sobre los límites del poder del Ejecutivo en Colombia y la necesidad de garantizar que cualquier medida que impacte los derechos fundamentales sea cuidadosamente regulada por el legislador.

El caso, impulsado por Germán Calderón España, ha capturado la atención nacional, ya que involucra la delicada interacción entre la seguridad del Estado y el respeto a los derechos fundamentales, un tema de creciente relevancia en el contexto actual del país.

carloscastaneda@prensamercosur.org