Colombia | El narcotráfico como amenaza ambiental COP16: 28 municipios en riesgo por la expansión de cultivos ilícitos

La expansión de los cultivos de uso ilícito está generando una grave crisis ambiental en 28 municipios de los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó, Bolívar y Norte de Santander. Las fuentes de agua y la producción de alimentos ya presentan afectaciones significativas, y 54 especies se encuentran en riesgo crítico. Dos ecosistemas estratégicos, el manglar y el bosque seco tropical, también están bajo amenaza, según denuncias expuestas por el Ministerio de Justicia en el panel “Hacia una política de drogas más verde”, realizado en el marco de la COP16.

La situación es alarmante. El narcotráfico, además de ser un problema de seguridad y salud pública, se ha convertido en un agente de degradación ambiental que afecta a comunidades enteras y ecosistemas vitales para la biodiversidad del país. Durante el panel, la Dirección de Política de Drogas del Ministerio de Justicia advirtió que la convergencia de delitos ambientales asociados a la producción y tráfico de drogas está impactando gravemente el entorno natural. El evento, liderado por el director de Política de Drogas, Alexánder Rivera, puso en evidencia cómo la relación entre el narcotráfico y la destrucción del medio ambiente es directa y profunda.

“Es fundamental fomentar el principio de responsabilidad común y compartida para mitigar este impacto negativo en nuestros ecosistemas. Los países donde se consumen las drogas que aquí se producen tienen una enorme oportunidad para ayudarnos a reducir la oferta y, al mismo tiempo, conservar nuestra biodiversidad”, afirmó Rivera.

Este no fue el único espacio en el que se discutió la problemática. El martes, la Dirección de Política de Drogas también participó en el panel “Los usos alternativos de la hoja de coca”, organizado por Dejusticia, donde se abordaron posibles soluciones sostenibles para las comunidades productoras de hoja de coca. Sin embargo, el debate principal giró en torno a las graves consecuencias ambientales que ya se sienten en varias regiones del país.

El panel contó con la participación de expertos nacionales e internacionales en políticas de drogas, quienes analizaron el vínculo entre las economías ilegales y el deterioro ambiental. Entre los ponentes estuvieron Luis Felipe Cruz, investigador de la línea de Política de Drogas en Dejusticia; Marta Machado, directora de la Secretaría de Políticas de Drogas de Brasil; Melina Risso, directora de investigación del Instituto Igarapé; y Juan Carlos Garzón, director del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz. Además, intervinieron representantes de organizaciones como el Woodrow Wilson Center, USAID y líderes comunitarios del Guaviare.

Los cultivos ilícitos no solo deterioran los ecosistemas mediante la deforestación y el uso de químicos tóxicos, sino que también desplazan a las comunidades campesinas, quienes dependen de la agricultura y otras actividades sostenibles. La lideresa Flor Alba Quevedo Triviño, de la Cooperativa Multiactiva de Familias Campesinas del Guaviare, hizo un llamado urgente para que el Estado y la comunidad internacional prioricen estrategias de sustitución de cultivos que garanticen una verdadera transición hacia una economía legal.

El desafío es enorme y requiere un enfoque integral que combine la conservación del medio ambiente, la sustitución de cultivos y el fortalecimiento de la economía local. Mientras tanto, la amenaza sobre los recursos naturales y las comunidades rurales sigue latente. Las decisiones que se tomen en eventos como la COP16 y el compromiso de los países consumidores serán determinantes para enfrentar esta crisis que afecta tanto al ecosistema como a la seguridad y estabilidad de Colombia.

carloscastaneda@prensamercosur.org