El lanzamiento del programa PAS en Soacha, en junio pasado, contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez, y el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Foto: Prosperidad Social
El proyecto de Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS), una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno nacional para combatir el hambre en Colombia, sigue tomando forma con la inspección de predios en 150 municipios, especialmente en aquellos afectados por el conflicto armado y la pobreza extrema. Esta iniciativa, liderada por Prosperidad Social, no solo busca garantizar el acceso a alimentos, sino que también pretende fortalecer las economías locales mediante la integración del campesinado y la economía popular. Con una inversión de más de 500.000 millones de pesos, los PAS se perfilan como un eje fundamental dentro de la política alimentaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro, bajo el lema: “Nadie en este país debe acostarse sin comer”.
El proyecto avanza con fuerza en el territorio nacional, y las visitas de inspección a los predios seleccionados son una pieza clave para garantizar el éxito de esta estrategia. Estas inspecciones, a cargo de la Financiera para el Desarrollo Territorial (Findeter), permiten evaluar la viabilidad técnica de los terrenos y brindar asesoría in situ, asegurando que las obras puedan comenzar lo antes posible. De acuerdo con María Fernanda Rojas, subdirectora de Programas y Proyectos de Prosperidad Social, ya se han visitado 34 municipios en departamentos como Antioquia, Bolívar, Boyacá, Casanare, Córdoba, Magdalena y La Guajira. Se espera que, para mediados de noviembre, los 150 predios postulados hayan sido inspeccionados.
Los PAS son mucho más que simples plazas de mercado. Estas edificaciones han sido diseñadas para cumplir diversas funciones: contarán con puestos de venta de productos locales, áreas de bodegaje, cocinas y comedores comunitarios, además de un espacio dedicado a la distribución de Bienestarina por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Esta infraestructura no solo permitirá un acceso más amplio y equitativo a los alimentos, sino que también promoverá una relación directa entre las comunidades urbanas y los productores rurales, creando un sistema de abastecimiento solidario que favorece a ambas partes.
El presidente Gustavo Petro, durante el lanzamiento del programa en Soacha, en junio pasado, destacó la importancia de establecer alianzas estratégicas con el campesinado local. “Este proyecto que hoy comienza es fundamental. Debe establecer una alianza con el campesinado local, que cultiva cerca de los PAS, para que también sean los mayores beneficiarios. Es una alianza entre el mundo popular urbano y el campesinado de Colombia, para que ellos comercialicen sus productos cuando los cosechen”, afirmó el mandatario.
El enfoque del proyecto está dirigido a municipios que forman parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como a ciudades capitales y otras localidades que presentan altos niveles de vulnerabilidad. “El hambre no da espera”, ha reiterado en varias ocasiones Gustavo Bolívar, director general de Prosperidad Social, subrayando la urgencia de acelerar la implementación de los PAS en estas regiones.
Junto con la verificación técnica de los predios, el proyecto avanza en el diseño de los convenios que se suscribirán con los gobiernos locales para dar inicio a la construcción de las infraestructuras. Prosperidad Social, en colaboración con las autoridades territoriales, busca garantizar que la ejecución de las obras sea ágil y que, cuanto antes, los Puntos de Abastecimiento Solidario puedan empezar a operar, llevando alimentos y esperanza a miles de familias en todo el país.
El compromiso del Gobierno nacional con esta iniciativa refleja su intención de enfrentar de manera estructural uno de los problemas más profundos de Colombia: el hambre. La estrategia de los PAS no solo se propone como una solución a corto plazo, sino que también busca sentar las bases de un modelo de desarrollo más inclusivo y solidario, donde los productores locales sean actores clave en la cadena de abastecimiento y la población vulnerable tenga acceso garantizado a una alimentación digna.
Este proyecto, enmarcado dentro de la política del “Gobierno del Cambio”, es una señal clara del enfoque progresivo hacia la garantía del derecho humano a la alimentación. Mientras las inspecciones continúan, el país observa con atención cómo esta iniciativa promete transformar no solo el acceso a los alimentos, sino también la forma en que se produce y distribuye en Colombia, consolidando un lazo más estrecho entre el campo y la ciudad, en busca de un futuro más justo y equitativo para todos.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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