Aumenta la producción de Vaca Muerta: quién se queda con la renta petrolera

El régimen fiscal vigente para el sector de hidrocarburos permitió que el Estado pierda participación en la apropiación de la renta del sector en los últimos 10 años, período que coincide con el crecimiento exponencial de Vaca Muerta.

Según datos de la Secretaría de Energía, la producción de hidrocarburos está en máximos en 20 años. El yacimiento neuquino explica casi en su totalidad el crecimiento de la producción y las exportaciones de hidrocarburos de Argentina.

Sin embargo, el régimen fiscal argentino no solo contrajo la participación del Estado en la renta sino que además lo dejó por detrás de la región en términos de carga fiscal sobre el sector, según un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

El régimen para el sector tiene tres componentes: regalías provinciales, impuesto a las ganancias y las retenciones. Las primeras varían ya que son decididas por las provincias, que las usan para mostrarse más competitivas en términos de atracción de inversiones. Además, se estiman en base al valor boca de pozo.

En el caso de las ganancias, desde ACIJ señalaron que las «grandes empresas suelen realizar planificación fiscal y contabilidad creativa para incrementar costos de forma artificial y trasladar ganancias a guaridas fiscales». Esto también incidió negativamente en la participación estatal.

Por último, las retenciones sufrieron múltiples cambios en el último tiempo lo que ha complejizado su cobro, como su dependencia a los excedentes de producción o su vinculación con la alícuota que en 2023 se llevó a cero como estrategia de estímulo de la inversión.

Otra dimensión que incluyeron en la pérdida de participación en la ganancia del sector fue el de los subsidios para incentivar la producción. Desde 2013 en adelante se han intensificado estas transferencias directas a las empresas petroleras con el fin de impulsar el proyecto de Vaca Muerta.

Si bien destacan su efectividad a la hora de crear puestos de trabajo y transferir fondos de manera indirecta a las provincias, entre las desventajas que señalan es que las inversiones necesarias se realizan en dólares y en general con financiamiento externo, por lo que el repago presionará sobre la demanda de divisas.

Argentina se atrasó

A raíz de estas variaciones, ACIJ estimó que las petroleras pasaron a disponer de un mayor volumen de ganancias tanto por el aumento de precios internacionales y locales, así como de las reformas tributarias aplicadas.

Así, mientras que a principios del milenio las petroleras recibían ganancias brutas por u$s 3.400 millones anuales, en los últimos años, esta ascendió a u$s 6.700 millones

En el sentido inverso, los ingresos fiscales pasaron de ser u$s 5.400 millones a u$s 2.700 millones anuales. La renta estatal de los hidrocarburos no solo se encuentra baja en términos históricos, sino que también está atrás de la que perciben sus pares de la región.

«En caso de «netear» los ingresos fiscales teniendo en cuenta los subsidios, podríamos decir que la política de estímulos permitió una reducción significativa en la participación del Estado a partir de 2014, cuando al mismo tiempo en la región la carga fiscal se había incrementado», agregaron desde la organización.

Es que sin descontar los subsidios volcados al sector, la participación del Estado argentino en la renta petrolera se ubica por detrás de las del promedio de América Latina y el Caribe, Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, México y Venezuela. Esto se repite tanto en escenarios de precios altos y bajos a nivel internacional.

Al hacer la observación de los ingresos fiscales como porcentaje del PBI, Argentina percibe el 0,4% en 2023, contra el 1,4% entre 2002 y 2013. La actual es la peor posición en la región en términos de ingresos fiscales sobre la renta de hidrocarburos.

El desafío de las regalías

Como alternativa en retenciones, sugerían para un esquema como el de Vaca Muerta, que tiene una proyección de crecimiento exponencial y a largo plazo, un sistema móvil de las retenciones, que incrementen la participación estatal cuando haya subas significativas de precios.

El establecimiento del RIGI abre un interrogante sobre la posibilidad de que el Estado gane participación en la renta de este sector, ya que garantiza un piso de estabilidad por 30 años. La imposibilidad de discutir cambios en ganancias o retenciones pasan la pelota a las regalías provinciales.

«El problema a debatir radica en la limitada capacidad de las provincias para implementar una política sostenible frente a los desafíos que plantea la transformación productiva y energética que se nos avecina», marcaron sobre recursos que en general no tienen destinos específicos, lo que hace que las ganancias de una descapitalización de recursos naturales pase a financiar gastos corrientes de las provincias y sus municipios.