Presidente de Colombia , Gustavo Petro . Imagen @Infopresidencia
Desde su llegada a la presidencia, Gustavo Petro ha enfrentado una serie de obstáculos que no solo buscan frenar sus reformas, sino también desestabilizar su gobierno. Cada una de sus iniciativas ha sido bloqueada en el Congreso o detenida en las cortes, mientras una clase política y económica dominante parece decidida a mantener su poder intacto. Los cambios propuestos, lejos de ser vistos como avances para la sociedad, han sido etiquetados como radicales y peligrosos, perpetuando el miedo a una transformación que amenace los intereses de quienes llevan décadas beneficiándose de un sistema desigual.
Un ejemplo claro es la reforma laboral. Petro ha intentado reformar las horas extras, mejorar las condiciones laborales nocturnas y otorgar mayor estabilidad a los trabajadores, pero estos cambios han encontrado una fuerte resistencia de las empresas y de quienes financian campañas políticas. El esquema es claro: quienes han financiado a los políticos tradicionales ahora exigen la protección de sus intereses. El resultado es un entramado de favores y beneficios mutuos que impide cualquier avance significativo para la clase trabajadora.
No es casual que tantas reformas se hayan caído. Colombia ha estado gobernada por leyes que favorecen a una élite poderosa, y Petro ha puesto sobre la mesa la realidad incómoda que muchos preferían ignorar. Si no fuera por su mandato, es probable que varias de las irregularidades más graves del país habrían permanecido ocultas. La llegada de Petro a la presidencia no solo ha revelado las enormes barreras para el cambio, sino también las verdades que el poder tradicional había logrado mantener en la sombra durante años.
Su gobierno ha expuesto cómo las generadoras eléctricas inflan los precios de la energía en detrimento de los consumidores. También ha dejado al descubierto los robos multimillonarios de las EPS, que desangran el sistema de salud, y ha demostrado que los fondos privados no garantizan pensiones dignas. En Ecopetrol, la estatal más importante del país, Petro ha destapado la participación de actores armados ilegales en el robo del petróleo. El entramado de corrupción también se extiende a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que más que una agencia para administrar bienes incautados, se convirtió en una inmobiliaria para el beneficio de políticos corruptos y sus familias.
Durante la pandemia, cuando el país enfrentaba su mayor crisis sanitaria en décadas, se robaron billones de pesos bajo la excusa de atender la emergencia. Las obras públicas financiadas con regalías fueron pagadas, pero nunca se entregaron. Petro ha mostrado que gran parte de la economía colombiana está sostenida por el narcotráfico, con toneladas de cocaína saliendo del país gracias a la complicidad de altos mandos militares y policiales, ahora un poco mas depurada. Y quizás lo más alarmante: los medios de comunicación, lejos de ser una herramienta para informar a la ciudadanía, actúan como escudos de los intereses de sus dueños, manipulando la opinión pública y distorsionando la realidad para proteger el statu quo.
Petro también ha denunciado que la fiscalía (pasada) y la procuraduría, que deberían ser guardianes de la justicia, en realidad protegen un narcoestado paramilitar que ha gobernado en las sombras durante años. Las altas cortes, que deberían defender la Constitución y los derechos de los ciudadanos, están al servicio de intereses neoliberales que perpetúan la desigualdad.
El Congreso, dominado por una mayoría que representa los intereses económicos de los grandes grupos de poder, ha trabajado sistemáticamente en contra de las reformas del gobierno. Los grupos económicos, cuyos dueños son también políticos corruptos, han cerrado filas para impedir cualquier intento de cambio.
Las redes sociales y los medios de comunicación han sido armas clave en esta guerra política. A través de una narrativa manipuladora, la derecha ha generado un discurso de odio y división que mantiene a la población enfrentada. Cuentas falsas y campañas de desinformación han inundado las plataformas digitales para distorsionar la realidad y proteger los intereses de quienes controlan el poder. Medios como Semana, RCN, Caracol, El Colombiano , Red Mas , entre otros, lejos de ser imparciales, son herramientas de manipulación que han perpetuado la ignorancia y la mediocridad en el debate público.
Además de los desafíos internos, Petro ha mantenido una postura firme sobre temas internacionales. Su crítica al genocidio palestino y su postura contraria a la narrativa proisraelí occidental han generado polémica, pero también han demostrado la voluntad del gobierno de Petro de desafiar los discursos hegemónicos.
El mandato de Gustavo Petro ha revelado una verdad incómoda para el país: los intereses que han dominado a Colombia durante décadas no están dispuestos a ceder su poder. La resistencia a su gobierno no se debe a fallas en sus políticas, sino a una campaña sistemática de sabotaje que busca perpetuar el orden establecido. Si no fuera por su llegada al poder, muchas de estas verdades seguirían enterradas, y la ilusión de un país democrático, justo y equitativo seguiría intacta. #OPINION.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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