Salió el plan para auditar 12 universidades y el Gobierno analiza retomar un esquema extra de control

Una de las premisas con las que el Gobierno Nacional justificó el recorte del 30,2% del financiamiento de las Universidades Nacionales en 2024 fue que se debían auditar mejor el manejo de gestión ese presupuesto al interior de las mismas.

«El dinero de la gente que va a las universidades se va a auditar, la fiscalización del gasto [en las casas de estudio] está en la ley de Educación Superior», afirmaba meses atrás el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Según el artículo 59 bis de la ley mencionada, la Auditoría General de la Nación tiene la competencia «directa e indelegable» de hacer el control administrativo externo de las universidades estatales.

La AGN es un órgano de control creado a nivel constitucional y que depende del Poder Legislativo: todos los años, la entidad le presenta un documento (llamado Programa de Acción Anual) en el que propone las auditorías de diferentes áreas del Estado que sería considerable realizar. Sin embargo, es la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, integrada por diputados y senadores, la que autoriza cuáles se harán.

Coincidiendo con el debate del control de los fondos universitarios, las autoridades de la AGN dieron a conocer este jueves su PAA para 2025. Este incluye un total de 296 proyectos de auditorías -128 nuevos y 168 que se corresponden con años anteriores-; de las cuales 14 abarcan a diferentes universidades públicas.

El texto fue aprobado por cuatro de las siete autoridades de la AGN (hay tres puestos vacantes -correspondientes a representantes de la Cámara de Diputados- que aún no fueron electos) y fueron «seleccionados objetivamente a partir del análisis de la Matriz de Importancia Relativa (MIR, según su sigla) y de manera acorde a la capacidad operativa de la AGN».

Las universidades (y el área clave) que se quieren auditar

El documento público contiene los siguientes proyectos de auditorías sobre:

• Universidad de Buenos Aires (solo sobre la Facultad de Medicina)
• Universidad Nacional de Avellaneda,
• Universidad Nacional de Chilecito,
• Universidad Nacional de Córdoba,
• Universidad Nacional de Cuyo,
• Universidad Nacional de La Plata,
• Universidad Nacional del Nordeste,
• Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco;
• Universidad Nacional de Salta,
• Universidad Nacional de San Juan (auditoría doble),
• Universidad Nacional de Salta (auditoría doble),
• Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

No todas las auditorías serán sobre los mismos aspectos: en algunos casos se harán análisis sobre la gestión administrativa, financiera y contable, en otros análisis transversales sobre los procesos de compras y contrataciones y también sobre la gestión de bienestar estudiantil. Aunque la mayoría de los estudios serán sobre el ejercicio 2024, esto no corresponde para todos los casos.

Los planes de auditoría propuestos por la AGN

Así, varias de estas auditorías revelarán los manejos de gestión de un total de 12 casas de estudio. Sin embargo, estos documentos no se conocerán en el corto plazo: la gran mayoría se conocerán en 2026. Es lo mismo que sucede en la actualidad, con análisis (aprobados del PAA de 2024) de las Universidades de Formosa, Salta y el Nordeste que auditan el período comprendido entre 2019 y 2021.

Del plan oficial surgió una novedad anunciada por la misma AGN: «A la luz del debate público sobre el financiamiento educativo, es necesario también auditar la contraparte del financiamiento de las universidades públicas nacionales». Por eso, las autoridades propusieron hacer un control de la gestión de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el área del Ministerio de Capital Humano encargado de girar los fondos a las casas de estudio.

El subsecretario Alejandro Álvarez y el secretario de Educación Carlos Torrendell

«El Plan será girado a consideración de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Honorable Congreso de la Nación. Serán ahora los legisladores nacionales quienes tendrán la decisión final respecto del mismo», declaró la cuenta de la Presidencia de la AGN, a cargo de Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández.

Las demoras con la AGN y el nuevo plan de Milei para auditar

La cúpula de la AGN tiene una conformación disminuida debido a que la Cámara de Diputados todavía no designó los tres auditores que le corresponden. Esto no sucede porque están trabados los acuerdos legislativos entre los diferentes bloques.

Dado que es algo que debe tener la mayoría simple, puede haber acuerdos que no contemplen a La Libertad Avanza si es que la UCR, el PRO y Unión por la Patria deciden pactar por su parte. Justamente eso estuvo muy cerca de materializarse en agosto, cuando el PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica querían pactar con el peronismo-kirchnerista para nombrar a Mario Negri por la UCR, Jorge Triaca por PRO y un candidato de UP.

Santiago Viola, el probable candidato del gobierno para ir a la AGN

Fuentes gubernamentales al tanto de estos trámites dijeron a El Cronista que no ha habido avances para terminar de completar la Auditoría General de la Nación. Aunque no hay un nombre rotundo, quien suena con mayor fuerza para ser el auditor de parte de los libertarios es el abogado Santiago Viola, apoderado del partido nacional de LLA.

Además de la AGN, las universidades y sus respectivas facultades tienen sus unidades de auditorías internas. En casos como en la UBA, estas hacen análisis prácticamente todos los años; regularidad que no se cumple en todas las casas de estudio.

Hasta 2022, la Sindicatura General de la Nación (que depende del Poder Ejecutivo) también hacia controles pero el entonces procurador Carlos Zannini dictaminó que la injerencia de ese organismo era violatoria de la autarquía universitaria. Esto volverá a retrotraerse en las próximas semanas.

Según explicaron desde la SIGEN a este medio, ya se elevó un pedido en forma conjunta con la Secretaría de Educación a la Procuración del Tesoro para que revierta el dictamen que les impide auditar las universidades nacionales.