Reprimen a manifestantes durante el paro general de transportistas en Perú

El primer ministro Gustavo Adriancén insinuó que el paro fue promovido por grupos terroristas.

Policías peruanos dispararon bombas lacrimógenas este jueves contra manifestantes que se unieron al paro general de transporte, convocado por transportistas y otros gremios, para exigir al gobierno de la mandataria designada Dina Boluarte mejores medidas de seguridad pública ante el aumento de la violencia y la extorsión.

La Policía Nacional del Perú (PNP) disparó bombas lacrimógenas contra los protestantes que se congregaron en las proximidades del Congreso de la República, en Lima, con el objetivo de manifestar su rechazo hacia los legisladores y el Gobierno de Boluarte.

La situación ha generado preocupación entre la ciudadanía, ya que los actos de delincuencia, incluyendo sicariatos, han incrementado sin que se perciban acciones efectivas por parte del gobierno para combatir estos problemas.

La abogada defensora de derechos humanos, Yanet Marín, compartió su perspectiva sobre el clima de desesperación que siente la población. Denunció la inacción de la policía y cómo muchos han sido víctimas de extorsiones y violencia. Marín destacó la preocupación por las leyes recientes que, según ella, favorecen a las organizaciones criminales en lugar de proteger a los ciudadanos.

El primer ministro Gustavo Adriancén insinuó que el paro fue promovido por grupos terroristas, lo que ha generado rechazo y desconfianza entre los manifestantes. Marín argumentó que estas afirmaciones son una excusa para justificar detenciones arbitrarias, mientras la violencia y el crimen organizado siguen proliferando sin control.

A pesar de un estado de emergencia decretado en 14 distritos de Lima, la efectividad de las medidas gubernamentales es cuestionada, ya que la presencia policial es escasa y no se han logrado resultados significativos en la captura de criminales. La ley 32.108, que facilita la defensa de los delincuentes, ha sido objeto de críticas por su aparente protección a la criminalidad.

Expertos y ciudadanos piden la derogatoria de leyes que consideran perjudiciales para la seguridad pública, mientras la frustración y el miedo continúan en aumento, reflejando una crisis de confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.