La Policía Federal requisó USD 14 millones provenientes del cambio ilegal y del tráfico de drogas en el Chuy, la ciudad fronteriza entre Uruguay y Brasil. Agentes locales analizan si a se realiza algún tipo de financiación a grupos como Al Qaeda, Hamas y Hezbollah
Uruguay y Brasil están separados, a la altura de la ciudad de Chuy, por una única calle. Ese lugar, del Estado de Río Grande do Sul (del lado brasileño) y del departamento de Rocha (del lado uruguayo) ha sido el nuevo polvorín para actividades de lavado de dinero. Varios “doleiros” palestinos –como se les denomina a los cambistas que trasladan dinero ilegalmente– operan en esta zona y se sospecha que pueden estar vinculados otros grupos terroristas, como publicó Infobae.
La Policía Federal de Brasil confiscó tras dos años de investigación bienes por más de USD 14 millones a una organización criminal acusada de cambio ilegal de divisas y narcotráfico y ahora estudia posibles lazos de esa organización con el terrorismo, informó el semanario uruguayo Búsqueda. Es el segundo procedimiento de la Policía brasileña en poco más de un mes en esta zona.
“El esquema de lavado de dinero de alcance internacional involucra bancos paralelos que utilizan personas físicas y jurídicas para mover recursos de origen ilícito, dirigiendo depósitos y transferencias bancarias a terceros utilizados como intermediarios y a comercios, principalmente supermercados, ubicados en regiones fronterizas de Brasil. Posteriormente, los recursos son enviados a casas de cambio en el extranjero y permanecen a disposición de organizaciones criminales”, señaló la Policía brasileña en un comunicado.
La Operación Vagus se ejecutó con la participación de 190 agentes brasileños y el apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay. Si bien la Policía uruguaya no participó de este procedimiento, integrantes de la Dirección Nacional de Investigaciones analizan este caso para determinar el alcance que tienen estas actividades ilícitas en el país.
Lo que los investigadores uruguayos buscan determinar es si a través de Uruguay se realiza algún tipo de financiación a grupos como Al Qaeda, Hamas y Hezbollah, tres organizaciones terroristas. En 2021, recuerda el medio uruguayo, congresistas de Estados Unidos pidieron extremar cuidados para evitar la presencia de células de Hezbollah en Uruguay y otros países de la región. En su último World Factbook, la CIA asegura que Uruguay tiene como uno de sus “problemas transnacionales” el “control fronterizo débil a lo largo de la frontera brasileña”. El reporte de esta agencia no dice nada específico sobre Uruguay respecto al terrorismo, aunque sí en un capítulo sobre Brasil señala que Hezbollah opera allí.
La Policía Civil de San Pablo, en tanto, lanzó en agosto la operación Downtown que destapó una red de blanqueo de dinero del principal grupo criminal brasileño, el Primer Comando Capital (PCC), que operaba con la ayuda de un empresario palestino originario de Chuy. Este hombre proviene de una familia palestina dueña de varios negocios en la frontera.
Según la policía civil brasileña, el dinero que ganaba el PCC con la venta de drogas en Cracolandia, el barrio del centro de San Pablo donde se vende y consume crack, era lavado a través de un banco, varias casas de cambio y una serie de empresas en Brasil y Uruguay, entre ellas una offshore expuesta por los Panamá Papers: Farlow Development S.A. con sede en las Islas Vírgenes Británicas. La red ha sido bautizada como “el sistema bancario PCC” por la policía, que congeló 150 millones de reales (26 millones de dólares), como publicó Infobae.
La Policía uruguaya también monitorea otra operación de la Policía Federal brasileña que fue realizada el 4 de septiembre en Santana do Livramento, la ciudad brasileña limítrofe con Rivera. En este lugar, las dos localidades también están divididas por una única calle.
En el marco de este procedimiento también se incautaron 17 autos y siete inmuebles y se blanquearon cuentas de 30 empresas involucradas con un esquema de cambio ilegal. La operación implicó allanamientos en los estados de Minas Gerais, Paraná, San Pablo y Santa Catarina. “Las medidas de indisponibilidad pueden alcanzar hasta USD 10 millones”, informó entonces la Policía Federal en un comunicado.
infobae.com
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