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En una decisión que ha generado amplio debate, el Consejo de Estado admitió la acción de tutela interpuesta por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Fundación El Veinte y 17 mujeres periodistas contra el presidente Gustavo Petro. La tutela, presentada inicialmente por el abogado Germán Calderón España, argumenta que los derechos fundamentales de las periodistas, específicamente la libertad de expresión, la igualdad y no discriminación, así como el derecho a una vida libre de violencia, han sido vulnerados por las reiteradas expresiones del mandatario que, en su opinión, estigmatizan y descalifican su trabajo.
El detonante de la tutela fue una polémica declaración de Petro durante la posesión de Iris Marín como Defensora del Pueblo, el pasado 30 de agosto en Nuquí, Chocó. En ese contexto, el presidente lanzó una acusación directa contra las periodistas al decir: “Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar”. Estas palabras encendieron una ola de críticas, especialmente por parte de las periodistas, quienes afirman que la frase no solo las descalifica profesionalmente, sino que también perpetúa una forma de violencia simbólica basada en estereotipos sexistas.
Según las demandantes, el uso del término “muñecas de la mafia” no solo las afecta a nivel individual, sino que forma parte de un patrón de estigmatización que incrementa el riesgo de agresiones, principalmente a través de las redes sociales. La FLIP, que ha seguido de cerca la relación entre el mandatario y la prensa, informó que este no ha sido un episodio aislado. De acuerdo con la organización, desde que asumió el poder, Petro ha dirigido una serie de comentarios descalificativos hacia la prensa en general, y hacia las mujeres periodistas en particular, lo cual ha contribuido a crear un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo.
A pesar de que el presidente firmó el 9 de septiembre una directiva que garantiza la libertad de prensa, las periodistas sostienen que sus acciones no corresponden con sus palabras. Denuncian que los ataques verbales continúan, lo cual contradice el mandato oficial y refuerza un discurso de desprestigio generalizado contra la labor periodística, socavando la confianza en los medios y afectando su labor informativa.
Las implicaciones de la tutela
La tutela presentada no solo busca una rectificación por parte del presidente, sino también una garantía de que cesen las expresiones que, en palabras de las periodistas, las ponen en peligro. Argumentan que el uso de calificativos como “muñecas de la mafia” tiene un doble componente dañino: por un lado, refuerza estereotipos de género al sexualizar su labor, y por otro, descalifica su trabajo al vincularlo con la criminalidad. Esta conjunción de elementos ha generado, según la tutela, un clima de desconfianza y violencia simbólica que afecta tanto a las periodistas directamente involucradas como a la libertad de prensa en Colombia en general.
El Consejo de Estado ordenó acumular la tutela con otra previamente presentada por el abogado Germán Calderón España, quien desde el principio argumentó que las palabras del presidente violaban los derechos fundamentales de las periodistas. Este proceso legal podría establecer un importante precedente sobre los límites de la libertad de expresión cuando se trata de figuras públicas, y cómo sus palabras pueden afectar directamente a sectores vulnerables, como las mujeres periodistas.
La defensa del presidente
Por su parte, la defensa de Gustavo Petro ha sostenido que la tutela es improcedente. En un documento dirigido al Consejo de Estado, argumentaron que las declaraciones del presidente fueron malinterpretadas. Según su versión, Petro nunca tuvo la intención de menoscabar los derechos de las periodistas ni descalificarlas en términos de género. El mandatario, según se explicó, estaba haciendo referencia a un fenómeno más amplio, que implica la infiltración del narcotráfico en ciertos sectores de la prensa, sin hacer una distinción de género.
El presidente aclaró en sus redes sociales que su comentario no estaba dirigido exclusivamente a las mujeres periodistas, sino a un grupo específico que, en su opinión, ha colaborado con el poder para criminalizar las protestas sociales. En este contexto, Petro afirmó que no pretendía transgredir los derechos de las periodistas y enfatizó que, a su juicio, “las periodistas no son muñecas de la mafia”, sino que existen otros actores en el periodismo que han sido cooptados por el narcotráfico, lo cual compromete la objetividad y la ética en el ejercicio de la profesión.
La defensa de Petro ha argumentado que estas declaraciones deben interpretarse en su totalidad y no de forma aislada. Añadieron que el mandatario ha reiterado su compromiso con la libertad de prensa, y que sus palabras buscan abrir un debate sobre los riesgos que enfrenta el periodismo en un contexto donde el narcotráfico y otros poderes ilegales buscan influir en la narrativa pública. Sin embargo, las periodistas insisten en que las declaraciones han tenido un efecto negativo directo sobre su seguridad y han contribuido a un ambiente de hostigamiento que agrava las ya difíciles condiciones en las que muchas mujeres periodistas deben ejercer su profesión.
La importancia del caso
Este caso ha abierto un debate nacional sobre la relación entre los funcionarios públicos y la prensa, así como el impacto de las declaraciones de las figuras de poder en la seguridad de los periodistas, especialmente de las mujeres. La FLIP y otras organizaciones han advertido sobre los peligros de la estigmatización desde el poder, ya que puede alentar agresiones físicas y simbólicas contra los periodistas, y afectar gravemente la libertad de prensa, un pilar esencial de cualquier democracia.
A medida que el Consejo de Estado avanza en el estudio de la tutela, el país se encuentra atento a un fallo que podría sentar un precedente en términos de responsabilidad de los altos funcionarios por sus palabras y el alcance de la protección a los derechos de las mujeres periodistas. La libertad de prensa y la igualdad de género se encuentran en el centro de este debate, en un momento en el que la labor periodística enfrenta grandes desafíos en Colombia.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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