Imagen Agencia Nacional de Tierras —ANT
En los 32 departamentos de Colombia, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha lanzado una ambiciosa Jornada Nacional de Pedagogía para destacar la oportunidad histórica que representa la nueva Jurisdicción Agraria y Rural. Esta iniciativa busca resolver de manera pacífica los conflictos territoriales, promoviendo un cambio profundo en la ruralidad colombiana, a través de la aprobación del proyecto de Ley Ordinaria 183 de 2024.
El Gobierno nacional radicó este proyecto ante el Congreso de la República con el fin de superar los grandes obstáculos que enfrentan las comunidades campesinas para defender sus derechos sobre la tierra. La ANT, consciente de la importancia de este proceso, ha decidido emprender una serie de actividades en plazas, universidades, calles y medios de comunicación, con el objetivo de educar a los ciudadanos sobre la importancia de esta reforma para acelerar la implementación de la Reforma Agraria. Esta es una oportunidad de cerrar la deuda histórica del Estado con el campesinado, abriendo el camino a la justicia agraria en todo el país.
La Jurisdicción Agraria y Rural permitirá que los conflictos relacionados con la propiedad y uso de la tierra ya no terminen en manos de actores armados ilegales, una práctica que marcó décadas de violencia en el campo. Ahora, gracias a este proyecto de ley, estos conflictos se resolverán de manera justa y pacífica, a través de jueces especializados en temas agrarios, fortaleciendo el camino hacia una paz duradera en la ruralidad colombiana.
Una solución estructural para el campo
El pasado 27 de agosto, el proyecto de Ley Ordinaria 183 de 2024, “Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, fue presentado ante el Congreso. Esta ley busca formalizar una jurisdicción que responda de manera ágil a los conflictos que actualmente colapsan los tribunales generales y cuya falta de resolución ha perpetuado la injusticia y la marginalización de las comunidades rurales.
El modelo no es nuevo: países como México, Brasil, Costa Rica, Venezuela y Ecuador han implementado con éxito sus jurisdicciones agrarias. Estas experiencias han demostrado que no contar con una jurisdicción especializada para el campo es, en la práctica, negar el acceso a la justicia a los campesinos, profundizando las desigualdades y tensiones.
En Colombia, la legislación agraria lleva más de un siglo en construcción, con leyes y sentencias que protegen la propiedad de la tierra. Sin embargo, la saturación de los despachos judiciales ha relegado los procesos agrarios a una larga espera. La creación de jueces especializados, por tanto, es un paso fundamental para desahogar el sistema judicial y garantizar la resolución eficiente de los conflictos agrarios.
Una apuesta por la paz y la justicia rural
La Jurisdicción Agraria y Rural fue integrada a la Constitución Política de Colombia mediante el Acto Legislativo 03 de 2023. Actualmente, se encuentra en proceso de revisión de constitucionalidad una Ley Estatutaria que estructura esta jurisdicción, otorgando competencias a jueces y magistrados especializados para garantizar una justicia agraria efectiva en todo el país.
La ANT se fortalecerá institucionalmente con la aprobación de esta ley, retomando facultades que en su momento tuvieron el INCORA, el INCODER y la misma ANT, para avanzar en la disposición correcta de tierras. En caso de inconformidad, las decisiones podrán ser recurridas ante los jueces agrarios, garantizando así un debido proceso.
La deuda histórica con el campesinado, más cerca de saldarse
Con el mensaje #JurisdicciónAgrariaYa, la ANT desplegará la Jornada Nacional de Pedagogía para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de esta Ley, que busca recuperar tierras para campesinos y comunidades étnicas. Este es un paso decisivo para acelerar la Reforma Agraria y así transformar el campo colombiano, saldando la deuda histórica que el Estado tiene con su ruralidad.
Este proyecto de ley no solo beneficiará al campesinado, sino que promoverá una paz estable en el campo, donde la justicia reemplazará la violencia como la principal herramienta para resolver los conflictos agrarios en Colombia.
carloscastaneda@prensamercosur.org – prensamercosurcol@hotmal.com
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