Misión de la ONU: El riesgo de desintegración del Estado de derecho en Venezuela es muy alto

La jefa de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, Marta Valiñas, presentó ante el Consejo de DDHH de Naciones Unidas un resumen de su quinto informe sobre la situación en el país, que se agravó después de las elecciones presidenciales de 2024.

«El riesgo de desintegración del Estado de derecho en Venezuela es muy alto desde el 28 de julio cuando el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria del presidente (Nicolás) Maduro en las elecciones presidenciales sin mostrar evidencias al respecto.. La represión y la persecución política han ido en aumento», dijo la investigadora al iniciar la lectura del documento.

Entre las cifras que citó está la detención de 48 personas relacionadas con la oposición, entre el mes de diciembre de 2023 y marzo de 2024; lo que sería una aprehensión de tres dirigentes opositores cada semana en ese lapso.

Destacó la persecución política, la detención arbitraria y las desapariciones forzadas de corta duración de dirigentes regionales y nacionales de Vente Venezuela, casos emblemáticos como el de la abogada y activista de DDHH, Rocío San Miguel, así como las órdenes de captura contra cinco miembros ddel partido de María Corina Machado, que desde marzo pasado se encuentran en resguardo en la embajada de Argentina en Caracas.

Muertes durante protestas poselectorales

Valiñas dijo que aunque se reactivó «la maquinaria represiva del Estado«, especialmente después de las presidenciales y las protestas por los resultados que dieron ganador a Maduro, se trata de un «plan preconcebido» y de delitos que ya la Misión ha documentado en informes anteriores.

Este equipo documentó la muerte de 25 personas en el contexto de las manifestaciones, entre el 29 y el 30 de julio pasados, pero que aún no pueden determinar la autoría o los responsables de estas muertes, de las que 24 de ellas ocurrieron por disparos de armas de fuego.

Sin embargo, recordó que en muchos casos participaron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que en ocasiones estuvieron acompañados de civiles armados que se identifican con el chavismo y dispararon a los manifestantes.

Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas

Habló de la detención de 121 personas, entre el 4 y el 25 de julio, durante la campaña electoral y que respondieron a ciudadanos que prestaron algún tipo de apoyo logístico o servicio a la campaña opositora. Valiñas mencionó que hubo detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas en varios de estas aprehensiones.

«Muchas de las detenciones investigadas antes de las elecciones fueron arbitrarias y en ocasiones fueron seguidas de actos de tortura y desapariciones forzadas de corta duración. Estas violaciones son la expresión más violenta de los innumerables obstáculos a la legítima acción política de la oposición», señaló.

Además, en el último mes y medio, hubo la privación de libertad de 143 venezolanas y venezolanos. De ese número, 66 son miembros de siete diferentes partidos políticos de la oposición.

Como dijo hace tres días, al presentar el informe a la prensa, la representante insistió en que se trata de crimen de lesa humanidad por persecución fundada en motivos políticos.

«Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión. Un plan para desalentar, silenciar y anular la oposición política y las voces críticas al gobierno del presidente Maduro o a quienes reclaman transparencia en los resultados electorales», reiteró Valiñas.

Torturas, tratos crueles e indefensión

Recalcó que hubo torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como violencia sexual por género durante las detenciones posteriores a los comicios. Sobre los fallecidos en este contexto, en su mayoría se trata de jóvenes menores de 30 años y de sectores populares, así como el de las más de 2 mil detenciones que anunció el gobierno de Maduro. Entre ellas volvió a mostrar sorpresa por los casos de 158 adolescentes durante ese lapso, muchos de ellos a quienes acusaron de terrorismo e incitación al odio.

De estos dijo que hay «graves violaciones de los estándares internacionales de protección de la niñez».

Valiñas aseguró que la población se encuentra desamparada, especialmente las víctimas, ante la falta de Estado de derecho en el país.