Las fronteras criminales de la Amazonia

La región amazónica entre Brasil, Colombia y Perú es una las zonas de mayor concentración del crimen organizado que amenaza a la seguridad en toda Latinoamérica. Se extiende a lo largo de cientos de kilómetros y cuenta entre sus principales núcleos urbanos con la ciudad brasileña de Tabatinga, la colombiana Leticia y la peruana Santa Rosa de Yavarí. Parte de su territorio alberga comunidades indígenas que figuran entre las principales víctimas de la expansión de la criminalidad.

“Esta zona sirve de laboratorio criminal para las redes internacionales y permite eludir el cumplimiento de la ley simplemente cruzando las fronteras. Debido a las diferencias en los marcos legales y en las definiciones de los delitos ambientales, los bienes amazónicos pueden aumentar su valor simplemente transportándolos de uno de estos países a otro”, explica a Diálogo el experto en seguridad Bram Ebus, autor del reciente informe de Crisis Group titulado Un problema de tres fronteras: Conteniendo las fronteras criminales de la Amazonia.

La región se ha vuelto crítica debido a la penetración de algunos grupos guerrilleros colombianos como el Frente Carolina Ramírez, la expansión de las plantaciones de coca en Perú y los grupos criminales brasileños que dominan cada vez más las rutas fluviales. Entre los tráficos ilícitos que han hecho atractiva esta triple frontera para el crimen organizado, los más relevantes son los de cocaína, oro y madera.

Tráfico de cocaína

Mientras que en otras zonas de la Amazonía el comercio ilegal de madera es la principal causa de deforestación, en esta región el factor más importante de devastación medioambiental es la cocaína. En los departamentos peruanos de Ucayali y Loreto, el cultivo de hoja de coca casi se ha triplicado en los últimos años, pasando de 2939 hectáreas en 2018 a 8613 en 2022, según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) del Perú.

Una investigación del diario peruano La República reveló que, para expandirse sin trabas, los narcotraficantes han inventado la estrategia del llamado “derecho a la comunidad”. Se trata de una compensación económica a la comunidad local por las tierras utilizadas en el cultivo de coca. Con este dinero se financian pequeñas obras y proyectos para mejorar las modestas condiciones de vida de los habitantes. Es también gracias a esta estrategia que Perú se ha convertido en los últimos años en el país con mayor cultivo de coca en el entorno amazónico, superando incluso a Colombia, que sin embargo sigue siendo el mayor productor de la hoja de la que se extrae la cocaína.

Epicentro de esta transformación es la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en el departamento de Loreto, donde también aumentaron los laboratorios que refinan la droga.

“El aumento de las plantaciones de coca ha destruido bosques amazónicos vírgenes. Al mismo tiempo, los laboratorios de cocaína vierten sustancias químicas tóxicas en el ecosistema. Además, muchos jóvenes locales han sido atraídos a las plantaciones de coca en Perú con promesas de ganancias. Sin embargo, los pagos suelen hacerse en forma de pasta de cocaína por parte de los capos locales, lo que no sólo incita al consumo de drogas, sino que también fomenta la adicción de los propios trabajadores”, explica a Diálogo Ebus.

Con el incremento de la influencia del tráfico de cocaína en la zona transfronteriza, varios grupos armados brasileños han ampliado su presencia, desencadenando una guerra por el control del territorio con el consiguiente aumento de la violencia. En particular, el informe de Crisis Group denuncia la peligrosa expansión del Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones criminales más importantes de Brasil, originaria de Rio de Janeiro. Además, las autoridades colombianas han advertido recientemente de la aparición de una nueva y peligrosa alianza con el grupo guerrillero colombiano Frente Carolina Ramírez, disidencia de las ya desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo con la Cartografía de la Violencia en la Amazonía del Foro Brasileño de Seguridad Pública de 2023, el escenario podría empeorar, incluso con conflictos armados, ya que al menos diez facciones criminales de Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú ya están actuando en la frontera amazónica brasileña. Entre ellas, además de los grupos brasileños que incluyen Los Crias, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Cartel del Norte, también están presentes “las megabandas peruanas Clan Chuquizuta, Comando de las Fronteras y Los Quispe Palomino”, dice el reporte.

Otras actividades ilícitas y el aumento de la piratería

Junto a la producción y el tráfico de cocaína, el aumento de la pesca ilegal es también una amenaza para la seguridad de la región. Se trata de una actividad que agota los recursos disponibles y destruye especies protegidas como el arapaima gigas, pez gigante típico de los ríos amazónicos, llamados pirarucu en Brasil y paiche en Perú. “La pesca ilegal se ha convertido en un mercado ideal para blanquear beneficios ilícitos. La gran demanda internacional de ciertos peces amazónicos, que incluye a China, ofrece una importante rentabilidad. Además, la falta de controles legales permite a los comerciantes introducir el pescado obtenido ilegalmente en las cadenas de suministro legales, mientras que las zonas de pesca se solapan con los principales corredores fluviales del narcotráfico”, explica Ebus a Diálogo.

Utilizar las mismas rutas y logística del narcotráfico para otros tráficos ilícitos es una estrategia que está utilizando el crimen organizado en la región. La cocaína se transporta a menudo en camiones de madera cortada ilegalmente y a veces incluso escondida dentro de los troncos. Compartir las fronteras es sin duda un facilitador más para eludir los controles. Por ejemplo, el origen ilegal de la madera traficada a Brasil se oculta mediante certificaciones peruanas falsas, una técnica que también se utiliza para la madera cortada ilegalmente en Perú e importada como si fuera legal en Colombia.

Por último, en esta triple frontera, como en otras zonas de la Amazonía, opera la minería ilegal de oro, especialmente a lo largo del río Purué, que en los últimos meses se ha extendido también a zonas indígenas protegidas, como en el lado colombiano donde vive el pueblo Yurí-Passé. Según el informe de Crisis Group, el CV ha financiado operaciones de minería ilegal en la región y, en algunos casos, ha comprado oro directamente a los mineros.

“Con el aumento de los envíos de cocaína y oro ilegal por los ríos amazónicos, la piratería fluvial se ha convertido en un fenómeno creciente. No sólo se ataca, asesina y roba a los traficantes ilegales, sino que también los barcos de transporte público se han convertido en un objetivo”, explica Ebus.

Según la denuncia del Sindicato Nacional de Empresas de Navegación (Syndarma) de Brasil, desde finales de 2020 hasta finales de 2023, sólo en el estado brasileño de Amazonas, más de 7,7 millones de litros de combustible fueron robados en ataques a embarcaciones de transporte, por una pérdida de aproximadamente USD 8,7 millones.

La importancia de la cooperación internacional

La expansión de la criminalidad organizada es una amenaza no sólo para la seguridad de la región, sino también para el medio ambiente. “La extracción ilegal de oro destruye los ríos porque se vierte mercurio tóxico en el ecosistema, se arrasa la selva para hacer plantaciones de coca y los laboratorios de drogas contaminan con residuos químicos. Por no hablar de las poblaciones de peces que se reducen por las operaciones pesqueras financiadas con el dinero de la delincuencia”, advierte Ebus.

Los daños son en muchos casos irreversibles y afectan al pulmón verde del planeta, que es patrimonio de todos y, por tanto, requiere esfuerzos globales. “Debido, entre otras cosas, a la demanda mundial de materias primas amazónicas, la cooperación internacional para identificar y combatir las redes delictivas es crucial. Y el apoyo internacional a la vigilancia policial transfronteriza es fundamental”, subraya Ebus.

En agosto de 2023, ocho países amazónicos se reunieron en Belém, Brasil, donde aprobaron una declaración, con la cual se comprometieron a redoblar los esfuerzos multilaterales para la protección de la selva amazónica. Entre las medidas aprobadas, se acordó fortalecer la cooperación contra la minería y la tala ilegales, ampliar el intercambio de inteligencia entre fuerzas de seguridad y establecer centros conjuntos de policía y tráfico aéreo para mejorar la capacidad de las autoridades, entre otras.

En julio, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet L. Yellen, anunció la Iniciativa de la Región Amazónica contra las finanzas ilícitas y para combatir los delitos contra la naturaleza, una asociación con los países de la cuenca amazónica, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.

“Los delitos contra la naturaleza generan cientos de miles de millones de dólares de ingresos ilícitos, al tiempo que perjudican a las comunidades locales y amenazan ecosistemas críticos”, declaró Yellen durante la presentación de la iniciativa en Belém, Brasil. “Estos delitos alimentan la corrupción y la desestabilización allí donde se producen. Con la puesta en marcha de esta iniciativa, ayudaremos a proteger la integridad del sistema financiero internacional, al tiempo que combatimos una importante amenaza para las economías locales y el medioambiente”, dijo.

La iniciativa lanzada por los Estados Unidos es también un incentivo para que los distintos países de la región refuerzan la cooperación mejor entre sí con el fin de lograr una estandarización de la legislación sobre delitos medioambientales, lo que sería un avance significativo para la seguridad de la Amazonía.