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En un acto que ha generado gran debate público y mediático, el abogado Germán Calderón España presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado en defensa de las mujeres periodistas colombianas, luego de que fueran calificadas como “Muñecas de la Mafia” por el presidente Gustavo Petro. Esta tutela busca la protección de derechos fundamentales como la dignidad, el buen nombre, la igualdad y la libertad de expresión, los cuales, según Calderón, fueron vulnerados con las declaraciones del mandatario.
El abogado argumenta que la expresión utilizada por el presidente no solo atenta contra la integridad y la reputación de las periodistas, sino que también perpetúa estigmas de género que históricamente han afectado el ejercicio periodístico de las mujeres en Colombia. Según Calderón España, el uso de expresiones despectivas no solo desacredita a las comunicadoras, sino que también refuerza un lenguaje de discriminación que lesiona los principios constitucionales de respeto y trato igualitario.
La acción legal pretende que el Consejo de Estado emita una orden de retractación y corrija cualquier afectación al buen nombre de las periodistas afectadas, en línea con los estándares de protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución colombiana.
Contexto histórico y el impacto de las declaraciones
El incidente ha reavivado debates sobre el tratamiento de las mujeres en los medios de comunicación y la relación entre el poder político y la prensa en Colombia. Históricamente, las mujeres periodistas han enfrentado numerosos desafíos para ser reconocidas y respetadas en un entorno que ha estado marcado por la hegemonía masculina y los prejuicios de género. Desde el auge de los medios masivos en el país, las comunicadoras han luchado por su credibilidad profesional, viéndose constantemente expuestas a descalificaciones que trascienden su labor y las ubican en el centro de estigmas sociales.
El término “Muñecas de la Mafia” ha sido especialmente problemático en el contexto colombiano, ya que evoca narrativas que vinculan a las mujeres con el crimen organizado, una temática recurrente en la cultura popular a través de telenovelas y producciones mediáticas que refuerzan estereotipos de género. El uso de este término para referirse a las periodistas genera un doble estigma: uno asociado a la corrupción y la criminalidad, y otro relacionado con la cosificación de las mujeres en su labor profesional.
El presidente Petro, quien ha mantenido una relación tensa con algunos medios de comunicación, especialmente en lo relacionado con periodistas y medios que han cuestionado su gestión. Este incidente es el más reciente de una serie de roces entre la Casa de Nariño y el sector periodístico, en un contexto donde la libertad de prensa y el respeto por el ejercicio periodístico están bajo constante escrutinio.
La lucha histórica de las mujeres periodistas en Colombia
Este caso se inscribe en una larga trayectoria de lucha de las mujeres periodistas en Colombia, quienes han debido enfrentar múltiples barreras tanto en su acceso a las salas de redacción como en su desarrollo profesional. Desde el siglo XX, cuando las primeras mujeres comenzaron a ocupar puestos en medios de comunicación, han tenido que combatir no solo la discriminación basada en su género, sino también amenazas y agresiones, muchas veces vinculadas a la cobertura de temas sensibles como el conflicto armado, la política y la corrupción.
A lo largo de los años, periodistas como Jineth Bedoya, Claudia Julieta Duque, entre muchas otras, han sido objeto de ataques directos, no solo por su trabajo periodístico, sino también por su condición de mujeres en un ambiente que ha sido tradicionalmente hostil. El calificativo “Muñecas de la Mafia” es una muestra más de cómo las mujeres periodistas son reducidas a estereotipos que invisibilizan su capacidad profesional y las colocan en una posición de vulnerabilidad.
Calderón España, al interponer esta tutela, busca sentar un precedente en el respeto a la dignidad de las periodistas y promover un discurso más respetuoso y equitativo por parte de las figuras públicas, quienes, al ocupar posiciones de poder, tienen la responsabilidad de fomentar un lenguaje que no perpetúe estigmas de género.
La otra cara: las tensiones entre el gobierno Petro y la prensa
Sin embargo, este incidente no puede analizarse sin considerar el contexto más amplio de las tensiones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y ciertos sectores de la prensa. Desde el inicio de su mandato, el presidente ha denunciado en repetidas ocasiones lo que considera una campaña de desprestigio por parte de algunos medios de comunicación que, según él, distorsionan la realidad y manipulan la información para perjudicar su gestión.
Petro ha señalado que ciertos periodistas y medios lo han atacado con infamias, tergiversando su labor y generando una narrativa de miedo alrededor de su proyecto de gobierno. De hecho, figuras cercanas a su administración han sido objeto de titulares incendiarios y acusaciones sin pruebas concretas, lo que ha incrementado la hostilidad entre el Ejecutivo y la prensa.
Uno de los casos más destacados fue la cobertura mediática de su propuesta de reforma agraria, que algunos medios presentaron como un intento de expropiación masiva, a pesar de los esfuerzos del gobierno por explicar que se trataba de una política para redistribuir tierras de manera equitativa y justa. Asimismo, el presidente ha sido blanco de críticas por su manejo de la política exterior, particularmente en relación con Venezuela, lo que ha generado una constante fricción entre el gobierno y los medios.
En este contexto, Petro ha señalado que ciertos sectores del periodismo en Colombia se encuentran alineados con intereses económicos y políticos que buscan debilitar su administración, utilizando la prensa como herramienta de oposición. Aunque estos señalamientos han generado polémica, también reflejan una realidad de tensión que ha sido parte de la historia política del país, donde el ejercicio del poder está estrechamente ligado al manejo de la opinión pública.
La resolución del Consejo de Estado: un fallo clave para la libertad de prensa y la equidad de género
El Consejo de Estado, una de las principales cortes administrativas de Colombia, será el encargado de evaluar esta tutela y determinar si las declaraciones del presidente Petro constituyen una vulneración a los derechos de las periodistas afectadas. Este fallo podría tener implicaciones trascendentales en el ámbito de la libertad de prensa y la protección de los derechos de las mujeres en Colombia, marcando un punto de inflexión en la forma en que las figuras públicas abordan la crítica y el debate con los medios de comunicación.
En un contexto donde la violencia simbólica y la descalificación basada en el género continúan siendo una realidad para muchas mujeres periodistas, la decisión del Consejo de Estado podría establecer un precedente importante en la lucha por la igualdad de trato y el respeto en el ejercicio periodístico.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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