En medio del debate público sobre el nuevo proyecto de ley agrario, la ministra Ángela Buitrago aclaró y desmintió las interpretaciones que han generado preocupación y alarma en algunos sectores. En una reciente entrevista, la ministra fue enfática al señalar que la expropiación no es un concepto nuevo ni una herramienta que se esté introduciendo arbitrariamente, sino un mecanismo que ya cuenta con respaldo constitucional y legal en Colombia.
“La expropiación es un mecanismo permitido en la Constitución por motivos de utilidad pública o interés social”, subrayó Buitrago. Según la ministra, el proyecto de ley agrario que se está discutiendo no busca cambiar las reglas del juego, sino reforzar la intervención de jueces en la resolución de conflictos agrarios y rurales, un aspecto que, como destacó, ya está previsto en la legislación colombiana desde hace décadas. “Este proyecto simplemente consolida lo que ya se estableció en la Ley 160 de 1994 y en la Ley 200 de 1936, donde la expropiación es permitida bajo ciertas condiciones”, explicó.
Buitrago también enfatizó que no se trata de una expropiación exprés, como algunos han sugerido, sino de un procedimiento reglamentado que garantiza que cualquier acción de este tipo se realice con pleno respeto al debido proceso. “Lo que buscamos es que los jueces sean quienes definan los problemas o conflictos agrarios y rurales”, indicó la ministra, añadiendo que el procedimiento está claramente estipulado en la ley, lo que previene cualquier abuso o arbitrariedad.
La ministra abordó específicamente la controversia generada por un párrafo del proyecto que menciona que “las actividades de reforma agraria y desarrollo rural son de utilidad pública e interés social”. Ante las inquietudes de que este enunciado pudiera interpretarse como una autorización para expropiar de manera rápida y sin garantías, Buitrago aclaró que el objetivo es todo lo contrario. “No estamos hablando de expropiación sin más”, afirmó. “Estamos hablando de un procedimiento que está establecido en la misma ley, con la participación de jueces y tribunales, lo que asegura que cualquier acción se lleve a cabo dentro del marco legal y con todas las garantías para las partes involucradas”.
Con estas declaraciones, la ministra Buitrago buscó calmar las aguas y reafirmar el compromiso del gobierno con un proceso de reforma agraria que respete los derechos de todos los actores implicados, asegurando que el proyecto de ley no introduce novedades drásticas, sino que se inscribe dentro de un marco normativo ya existente que tiene como fin principal la resolución justa y equitativa de los conflictos agrarios en Colombia.