Gobierno otorgó concesión por 50 años a puerto privado de yates construido de forma «ilegal»

El gobierno otorgó una concesión por 50 años para la prestación de servicios de amarre al puerto Buena Vista, una terminal privada de yates y embarcaciones, construida sin permiso por inversores argentinos, propietarios del complejo hotelero y residencial del mismo nombre, ubicado a unos 20 kilómetros de Carmelo, en el departamento de Colonia.

Con fecha 22 de agosto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) emitió una resolución en la que señaló que «la construcción de un embarcadero deportivo de importante envergadura» fue hecha «sin la previa autorización de la Administración» y que las obras ejecutadas sobre parte del álveo público del Río de la Plata, no estaban «contempladas» en la resolución del MTOP del año 2017.

Pese a las «obras construidas sin autorización» y luego de que el pasado 8 de febrero se llevara adelante una audiencia pública en la que «no se presentaron oposiciones», el MTOP decidió otorgar a Misticar S.A, una concesión de ocupación de la fracción de álveo del Río de la Plata por 50 años, «necesaria para la construcción y desarrollo del atracadero para embarcaciones deportivas denominado Puerto Buena Vista». 

Según consta en la resolución del MTOP, la concesión incluye «la construcción y explotación de un atracadero deportivo» así como «un permiso para la prestación de servicios de amarre y conexos (energía eléctrica, agua potable, etc.) exclusivamente a las embarcaciones vinculadas al mencionado complejo hotelero y residencial».

En relación a la operativa del puerto, la resolución establece que el concesionario deberá «permitir y facilitar que las autoridades competentes efectúen los controles de seguridad, aduaneros, sanitarios, ambientales y otros que pudieran corresponder» y que, «en ningún caso», la operativa del puerto «podrá obstaculizar la navegación en el Río de la Plata». 

La inauguración del Puerto Buena Vista fue anunciada en 2018 por el entonces director nacional de Hidrografía, Andrés Nieto. El puerto había sido cuestionado por no tener los permisos correspondientes y por potenciales riesgos de falta de control aduanero. Su jurisdicción depende de Nueva Palmira y es controlado por Prefectura de Carmelo.

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