Venezuela: tras el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, ¿Nicolás Maduro se asegura el triunfo electoral?

El máximo órgano de Justicia en Venezuela ratificó en última instancia la victoria electoral del chavismo y la comunidad internacional reiteró el rechazo a Maduro.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela era la última instancia que tenía la oposición para ponerle freno al fraude electoral de Nicolás Maduro. El máximo órgano del Poder Judicial ratificó el triunfo del chavismo y puso fin al proceso interno que podía reconocer el resultado obtenido por Edmundo González Urrutia.

La decisión generó nuevamente el repudio de la comunidad internacional y la amenaza de profundizar las sanciones económicas y comerciales.

Otro revés a la democracia en Venezuela

A un mes de una noche fatídica para la democracia, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convalidó la victoria de Nicolás Maduro, que ya había sido anunciada por el Consejo Nacional Electoral y que luego llevó a la proclamación a escasos días de la jornada electoral sin el respaldo de las actas.

El Tribunal Supremo era el último organismo que podía revertir el proceso de fraude, tras un procedimiento de investigación luego de la solicitud de Maduro a la Sala Electoral para realizar un “peritaje”. El órgano citó a los partidos políticos y a los candidatos para que entregaran la documentación pertinente para el análisis.

La oposición encabezada por María Corina Machado y el aspirante a presidente Edmundo González Urrutia no cree en la imparcialidad del organismo y decidió no presentarse. Con la decisión del TSJ, se quedaron sin instancias por la vía legal para apelar el resultado electoral del 28 de julio.

¿Cómo funciona el Tribunal Supremo de Justicia?

El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo órgano del Poder Judicial de Venezuela y tiene atribuciones de peso como velar por la constitucionalidad de las leyes, tratar los potenciales delitos de los integrantes de la Asamblea Nacional y determinar si hay mérito para la destitución o falta absoluta del presidente cuando corresponda. Esto se extiende a funcionarios del poder ejecutivo y legislativo como el vicepresidente, ministros, gobernadores, contralores y congresistas.

El TSJ está compuesto por siete salas con distintas competencias:

• Sala Plena
• Sala Constitucional
• Sala Político-Administrativa
• Sala Electoral
• Sala de Casación Civil
• Sala de Casación Social
• Sala de Casación Penal

Cada una está integrada por tres magistrados, a excepción de la Constitucional que tiene cinco y la Plena que está integrada por los 20 magistrados de las otras seis salas.

Dudas de la imparcialidad de los integrantes del TSJ

La oposición en Venezuela y parte de la comunidad internacional duda de la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia. La independencia de los poderes está en duda desde hace tiempo, principalmente tras el resultado de las elecciones legislativas en 2017 que le daba mayoría opositora a la Asamblea Nacional. Los nuevos legisladores proclamaron 33 nuevos magistrados para el Tribunal Supremo.

El TSJ publicó la sentencia 156 que dejaba sin efecto el Congreso y le transfería poderes extraordinarios al máximo órgano judicial y al presidente de la República, Nicolás Maduro.

Esto implicó protestas y una crisis institucional sin precedentes que se profundizó con la orden de arresto para los magistrados designados por la oposición. La presión internacional llevó a que se revirtieran las medidas del TSJ, aunque su nueva conformación permaneció en el exilio.

El rol del Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio

Los 33 magistrados conformaron el Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, que cuenta con apoyo y reconocimiento internacional por parte de la Organización de los Estados Americanos, el Parlamento Europeo y la Federación Interamericana de Abogados. Este órgano separado no tiene influencia en lo que sucede en Venezuela y opera como un espacio de debate y difusión sobre las cuestiones jurídicas que acontecen en el país.

El chavismo desconoció a los exiliados y continuó inmiscuyéndose en la conformación del TSJ y, en la actualidad, sus máximas autoridades están ligadas al oficialismo. La presidencia de la Junta Directiva está compuesta por Caryslia Rodríguez (Sala Electoral), Edgar Gavidia Rodríguez (Sala de Casación Social) y Tania D’Amelio (Sala Constitucional). La presidenta y los dos vicepresidentes pertenecen al Partido Socialista Unido de Venezuela o a partidos aliados.

El mandato de Caryslia Rodríguez en el Tribunal Supremo y en la Sala Electoral fue clave para que Nicolás Maduro lograra revalidar su nuevo mandato con el apoyo Poder Judicial. El fallo leído por Rodríguez indicó que el TSJ “certificó indiscutiblemente los materiales electorales y valida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral”.

Repudio a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela

Como sucedió en la semana posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio, la comunidad internacional fue clara en su repudio a Nicolás Maduro y al accionar del Consejo Nacional Electoral. Con el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, la región volvió a pronunciarse acerca de la situación en Venezuela.

Esta vez, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana y Paraguay publicaron un comunicado conjunto.

En el texto, rechazan categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de haber concluido en una “supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio” y “la convalidación sin sustentos emitidos por el CNE”.

Los países que suscriben hacen foco en el proceso irregular de la jornada democrática y las denuncias de parcialidad que recaen sobre el CNE y el TSJ por parte de la Misión Internacional Independiente. Además, reiteran “que solo una auditoría imparcial e independiente de los votos permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela”.

El documento finaliza con la preocupación de los 11 países por las violaciones de los derechos humanos perpetradas contra la ciudadanía durante las protestas pacíficas.

España y el bloque de la Unión Europea se sumaron nuevamente al rechazo generalizado al resultado electoral y pidieron por la publicación de las actas que respalden la postura del oficialismo, del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia.