Propato acusa al oficialismo de impulsar una “amnistía encubierta” para petroleras que operaron en Malvinas

La diputada nacional Agustina Propato salió al cruce del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno y denunció que la iniciativa contiene lo que definió como una “amnistía para los saqueadores de Malvinas”.

A través de una serie de publicaciones en la red social X, la legisladora cuestionó especialmente el denominado “Régimen de Desistimiento y Regularización” incluido en el texto enviado por el Poder Ejecutivo. Según afirmó, ese capítulo permitiría a empresas que realizaron actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en torno a las Islas Malvinas regularizar su situación a cambio del pago de multas o compromisos de reconversión de inversiones.

“‘Ley Elsztain’ o ‘Ley de amnistía para los saqueadores de Malvinas’. Así debe llamarse la ley de Milei. Es otra ley de blanqueo, dirigida esta vez a las petroleras que explotan nuestros recursos y riquezas en Malvinas”, sostuvo la diputada.

Propato afirmó que, pese a que el Gobierno presentó la iniciativa como un endurecimiento de las sanciones para quienes desarrollen actividades económicas en las islas sin autorización argentina, el proyecto incorpora una vía de escape que permitiría eludir las penalidades. “No hay penas más duras ni multas más caras porque hay un capítulo que es una puerta giratoria para eludir las sanciones”, aseguró.

La legisladora identificó como el punto más controvertido al Capítulo 5 del proyecto, denominado “Régimen de Desistimiento y Regularización”, que permite a los sujetos alcanzados solicitar su incorporación al régimen incluso una vez iniciado el procedimiento sancionatorio o después de impuesta la sanción. Según indicó, allí radica “la treta” que favorecería a las empresas involucradas. El texto fue señalado por la propia diputada en una imagen difundida en redes sociales.

En esa publicación, Propato sostuvo que las compañías podrían “lavarse la cara con una multita de barriles de petróleo” y describió el mecanismo como una suerte de autoinculpación a cambio de extinguir acciones penales e inhabilitaciones. También vinculó esa posibilidad con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al señalar que las empresas podrían luego reorientar sus inversiones hacia el territorio continental argentino.

La diputada comparó la propuesta oficial con la Ley 26.659, sancionada en 2011 para proteger los recursos hidrocarburíferos argentinos en la plataforma continental y las áreas vinculadas a Malvinas. Según remarcó, la norma vigente no contempla mecanismos de arrepentimiento o regularización para quienes desarrollen actividades ilegales.

“Esto es un retroceso absoluto respecto de la ley vigente. En la Ley 26.659 no hay arrepentimiento que borre el delito de saquear nuestros recursos aliados con el usurpador británico”, expresó quien es además vicepresidenta de la Comisión de Defensa, que será cabecera en el plenario que vaya a conformarse para debatir esta norma.

Asimismo, recordó que la legislación actual prohíbe la realización de actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina, prevé penas de prisión de entre cinco y diez años, contempla períodos de inhabilitación para las empresas involucradas y habilita el decomiso de equipos, materiales e hidrocarburos extraídos.

Las críticas de Propato se suman al debate que comenzó a generarse en torno al proyecto oficial, que el Gobierno presentó como una herramienta destinada a reforzar los instrumentos legales para la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas y los recursos naturales existentes en los espacios marítimos bajo disputa.