Una auditoría financiera con corte al 31 de diciembre de 2023 ha revelado hallazgos preocupantes en el Fondo de Adaptación. La Contraloría General de la República informó que, a través de su investigación, se identificaron 18 hallazgos administrativos en la entidad creada en 2010 para mitigar los impactos del fenómeno de La Niña. De estos hallazgos, tres tienen incidencia fiscal por un total de 9,300 millones de pesos, uno fue trasladado para apertura de indagación preliminar, y nueve tienen presunta incidencia disciplinaria.
El análisis de la contratación y el estado de los anticipos pendientes de legalización reveló procesos con presuntos retrasos e incumplimientos contractuales. El hallazgo fiscal más significativo, por 6,640 millones de pesos, se relaciona con un contrato para la construcción de la IPS Saúl Quiñónez en Magüí Payán, Nariño. Según la Contraloría, existe un saldo de anticipo sin legalizar que no ha sido amortizado a pesar de que el plazo contractual finalizó el 10 de marzo de 2023.
La Contraloría señaló que la totalidad del objeto contractual no se desarrolló y lo ejecutado no cumple con su propósito, ya que las instalaciones presentan deterioro por moho, descuido físico, vandalismo, y vidrios rotos, entre otros problemas.
Otro hallazgo importante, por 2,643 millones de pesos, se encontró en un contrato destinado a la construcción de 130 soluciones de vivienda de interés prioritario en la urbanización Altos de Ararat II, en el corregimiento Carmen del Magdalena, en Plato.
El tercer hallazgo relevante se refiere al pago de multas y sanciones. El Fondo de Adaptación tuvo que pagar 15.9 millones de pesos a la Dian por la presentación extemporánea de la información exógena correspondiente a la vigencia 2022.
La Contraloría General de la República ha asegurado que los hallazgos con presunta incidencia disciplinaria serán remitidos a las instancias competentes para su respectiva investigación y posible sanción.
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