Los dos cardenales venezolanos acusan a Maduro de «fraude», «usurpación» y «golpe de Estado»

Cuarenta y ocho horas antes de las masivas manifestaciones de este sábado en Venezuela contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, los dos cardenales venezolanos, Baltazar Porras, arzobispo de Caracas, y Diego Padrón, arzobispo emérito de Cumaná, redactaron una posición común analizando la situación del país.

Ambos purpurados hablan con total claridad de un «fraude» electoral que convierte la actitud del régimen bolivariano en una «usurpación»: Maduro está dando un «golpe de Estado» y «se han traspasado todas las barreras que pudieran dar legitimidad al régimen».

Por ese motivo alientan una «no violencia activa», traducida en «el deber moral de apoyar y sostener las justas iniciativas a encarar la arbitrariedad y desafueros con la desobediencia y/o resistencia cívicas de raigambre ética e incluso religiosa«.

Reproducimos a continuación el texto en su integridad:

Una reflexión fraterna y en comunión ante la realidad nacional

I.- Introducción

En aras de una reflexión y toma de posición acorde con el desarrollo de los acontecimientos, mirando hacia el futuro para que acompañemos mejor a nuestro pueblo que se siente adolorido y burlado, les ofrecemos nuestra reflexión ya que nos ha tocado estar presente en medio del huracán. Lo firmamos los dos cardenales venezolanos.

II.- Elementos para el análisis

1. El proceso electoral venezolano del pasado 28 de julio no cristalizó a favor del líder del partido de Gobierno, el actual presidente de la República. De manera cívica y ejemplar el pueblo se manifestó, con mayoría abrumadora, en su contra, y decidió un cambio en la orientación general del régimen de gobierno. Éste era el sentimiento general de la población, previo al escrutinio electoral, reflejado en numerosas encuestas.

2. La reacción del gobierno venezolano ha sido, hasta ahora, negar rotundamente el triunfo opositor y, sin mostrar pruebas, que son las actas de votación, que deben ser reflejo auténtico de la expresión popular materializada en el voto, ha proclamado oficialmente ganador al actual presidente Nicolás Maduro Moros.

3. En consecuencia, una inmensa y heterogénea mayoría de la población, sorprendida por el despropósito, se ha volcado a las calles a protestar tal comportamiento oficial y a reclamar respeto a su voluntad soberana. De nuevo el gobierno ha reaccionado utilizando la fuerza policial y de grupos armados para reprimir las legítimas y ampliamente pacíficas protestas, hasta provocar una veintena de muertes, numerosos heridos y encarcelar indiscriminadamente a un millar de adversarios políticos construyendo un relato, una narrativa a su medida, responsabilizando a la oposición de todos los desmanes que tienen su origen en la represión fomentada por ellos.

4. En igual sentido, el gobierno, en lugar de tender puentes con la coalición opositora con vistas, primero, a facilitar el reconocimiento de la verdad electoral, premisa para una transición política democrática y pacífica, ha ensanchado el abismo frente a ella, considerando enemigos a todos los que no aprueban su conducta y ha decidido aniquilarlos con la represión, la cárcel, la violencia y la muerte.

5. La lógica de un “golpe de estado” construido ad hoc en la que está inmerso el gobierno lo lleva a no importarle en primera instancia la opinión internacional que le solicita, casi unánimemente, mostrar la totalidad de las actas detalladas de las mesas de votación.

6. Dicha solicitud generalizada, en consonancia con el clamor interno, es que brille la verdad y, como signo de la realidad ocurrida y garantía de convivencia pacífica y legitimidad social y ética, para que el gobierno entregue las actas y se confirmen los resultados. Hay, por el contrario, indicios de que el régimen está “fabricando” otras actas acomodadas a su interés. Consta que se ha intimidado a responsables y testigos de mesas opositores para que las firmen. No obstante, existe la convicción de que lo que puedan hacer u ofrecer no opacará la imagen ya extendida mundialmente de fraude. A esto se añade la proclamación irregular de un supuesto ganador, hecho que técnicamente constituye además una usurpación. Se han traspasado todas las barreras que pudieran dar legitimidad al régimen.

7. Los métodos represivos del gobierno han logrado ampliamente, “pacificar”, es decir, “controlar” y disminuir las manifestaciones populares. Sin embargo, sin abandonar del todo la etapa hasta aquí descrita, ante las reacciones internas y externas, el gobierno ha dado hábilmente un giro y ha hecho que el proceso post electoral entre en una nueva etapa de naturaleza distinta, la judicial. El presidente de la República en persona ha introducido un recurso ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), su máxima instancia nacional, desconociendo la autonomía del Poder Electoral, y solicitando que sea el Poder Judicial quien dirima el conflicto. Con esta acción, el gobierno, que controla al árbitro supremo, lo utilizará a su favor, y con la discusión jurídica del asunto “distraerá”, ganará tiempo y, mientras tanto, intentará crear una nueva opinión pública, un relato o una narrativa favorable a su victoria electoral no demostrada. Esta nueva fase está en pleno desarrollo.

8. Aquí y ahora entrarán en juego la sintonía con la base popular, la ciencia jurídica y la habilidad política del sector opositor. Pero el conflicto puede prolongarse, continuar activo y reavivarse la protesta callejera, y otras, como la militar, con sus más que previsibles y lamentables consecuencias. ¡Será la lucha de David contra Goliat! La gobernabilidad se verá herida por la falta de legitimidad de origen y ésta tendrá también sus consecuencias internas y externas.

Imágenes de la masiva manifestación de este sábado en Caracas en defensa del resultado electoral y contra su falsificación por el régimen chavista.

9. En el interior, varios obispos han expresado con preocupación los reclamos y amenazas de algunos gobernadores y alcaldes oficialistas sobre la conducta de sacerdotes, tildándolos de políticos agazapados, vendidos al imperialismo. Por eso, ellos piensan que éstos son los primeros pasos del estilo de gobierno nicaragüense que pueden explicitarse más claramente en el futuro cercano.

III.- Para discernimiento

10. Nuestro papel de pastores es, ante todo, defender la verdad, sentirnos pueblo y acompañarlo. Debemos y buscamos ser imparciales, viviendo y actuando con la verdad. No somos ni podemos ser neutrales: corresponde comprobar cuidadosamente los hechos, para denunciar proféticamente, aún a riesgo, las injusticias, y proclamar nuestros principios y valores, acompañando solidaria y pastoralmente al pueblo, tarea nada fácil pero necesaria.

IV.- A modo de propuesta

11. Los principios no se negocian, pero tienen que ser cotejados con la realidad para que incidan en las necesidades reales y sentidas de la gente. Confrontar la fuerza y la violencia de grupos irregulares o la amenaza del recurso a la Fuerza Armada Nacional desnaturalizando su papel constitucional e institucional de neutralidad en favor de una parcialidad para la salvaguarda de la convivencia con solo recursos espirituales y morales puede parecernos insuficiente, pero es nuestra identidad, convicción, vocación y misión de constructores de justicia, paz y esperanza en escenarios conflictuales. El acompañamiento espiritual, sinodal, en comunión, es un desafío a nuestra pastoral integral ad intra y ad extra. El pueblo víctima tiene acumulada mucha rabia e impotencia, lo cual conlleva el peligro de responder con violencia o con deseos de una justicia absoluta, incluso venganza, que difícilmente harían superar la intolerancia y promover la concordia, la amistad social y la fraternidad.

12. Lo que no podemos es pasar a ser una Iglesia más del silencio, dejando que el tiempo transcurra en balde. Tenemos que discernir en el Espíritu el momento presente como un kairós y actuar en consecuencia con valentía, al estilo de los apóstoles (cf. Libro de los Hechos).

13. Las periferias -las Cáritas y otras iniciativas son un testimonio- deben seguir siendo el centro de nuestra preocupación y ocupación, tanto en lo material como en lo anímico y lo espiritual. Conformar orgánicamente y con prudente autonomía la Comisión de Justicia y Paz tiene que ser una de nuestras metas prioritarias, en aras de la salvaguarda de los derechos humanos, la dignidad de las personas y el bien común de todo nuestro pueblo. Que la gente no nos sienta lejanos, ausentes o indiferentes a sus necesidades y requerimientos.

14. Sanar heridas, cultivar las mejores virtudes humanas y cristianas, con racionalidad y con sentido de reconciliación, perdón y espíritu samaritano, sin revanchas y exclusiones, es tarea ardua, pero es parte de nuestro acompañamiento pastoral, afectuoso y paciente.

15. A la Iglesia la sociedad venezolana le está pidiendo hoy, en continuidad con la histórica confianza y credibilidad depositada en ella, una actuación que solo puede ser asumida como subsidiaria, de buenos oficios, no de mediación ni de protagonismo.

V.- A modo de conclusión

16. Escribimos esto en horas de la noche del 31 de julio, después de haber seguido en parte la rueda de prensa del Presidente con los periodistas extranjeros. El tono de agresividad y descalificación, el presentarse como víctima que le ha tocado padecer atentados, atracos y conatos de golpes de estado perpetrados supuestamente a sangre fría contra él, son la mejor expresión de que parece desconectado de la realidad. Es la narrativa oficial que busca legitimarse a costa de endilgarle a la oposición todos los males del país.

17. Es previsible que el gobierno, en señal de pretendida legitimidad y seguridad, y buscando “jugar adelantado”, convoque a “diálogos”, a comenzar por las iglesias y confesiones religiosas, bajo la premisa de reconocer la proclamación de los resultados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y sobre todo la sentencia del TSJ. Eso para nosotros es inadmisible porque sería ignorar el fraude evidente, la usurpación manifiesta, desconocer la soberanía popular inequívocamente expresada, y el consecuente derecho a expresar pacífica, pero decidida y firmemente la legítima protesta.

En consecuencia y en los términos clásicos de la “no violencia activa” aparece en el horizonte el deber moral de apoyar y sostener las justas iniciativas a encarar la arbitrariedad y desafueros con la desobediencia y/o resistencia cívicas de raigambre ética e incluso religiosa, según el espíritu de las Bienaventuranzas: responder al mal con el bien, y ser artífices de paz en la esperanza de que “la verdad (nos) hará libres” (Jn 8, 32).

Fraternalmente, los cardenales Baltazar Porras y Diego Padrón.