Cuando la bebé nació, la pareja se negó a que le fueron aplicadas las dosis necesarias a la bebé. Una jueza los intimó a dárselas en menos de 10 días.
Unos padres antivacunas comenzaron una puja con médicos hace dos años, cuando nació su hija en el hospital pediátrico de Montevideo Pereira Rossell. Los profesionales no le querían dar el alta hospitalaria porque la bebé no había recibido las dosis necesarias que se aplican al nacer, pero ellos insistieron con llevarse a la menor. Debieron firmar un documento en el que aceptaban que se iban de la internación por su voluntad.
La polémica se reinstaló en marzo de este año, cuando la menor fue inscripta en un centro público de primera infancia en la ciudad de Carmelo (Colonia), según consigna El Observador. Allí le pidieron a los padres que presentaran el certificado de vacunación al día de la pequeña y fue entonces que constataron que la chica no tenía ni siquiera una dosis. Como la educación es un derecho obligatorio, la dejaron anotarse y permitieron que vaya a clases, pero las autoridades solicitaron una constancia médica que certifique el motivo por el que la niña no recibió las dosis necesarias.
La pediatra derivó a los padres a una asistente social, quien pasó el caso a la Justicia, que intimó a los padres a vacunar a su hija en menos de 10 días. En caso contrario, podrían perder la patria potestad.
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“Intímese a los progenitores de A. al cumplimiento de la vacunación preceptiva que la ley impone en todo el territorio nacional, en un plazo de 10 días, (…) bajo apercibimiento de incurrir en la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad”, decía la resolución de la jueza subrogante Judith Álvarez.
Los padres de la menor esperarán que termine la feria judicial para apelar el fallo. “¿Quién se hace responsable de los efectos adversos que le queden a mi hija? ¿Qué pasa si queda muda o le viene autismo?”, expresó. “Tengo el derecho a elegir qué se introduce y qué no en mi cuerpo. Y así como mi mamá decidió vacunarme cuando yo era chico, porque era la responsable de mi cuerpo, ahora soy yo quien decido no vacunar a mi hija”, agregó.
Para tomar la decisión, la jueza se basó en los primeros dos artículos de una norma aprobada durante la última dictadura, que se fue actualizando con el paso del tiempo. En 2019, la Institución Nacional de Derechos Humanos resolvió que “todas las vacunas que revisten carácter obligatorio cuenten con cobertura legal suficiente para ser exigidas”. Esta oficina pública reconoce en su análisis que las vacunas son uno de los instrumentos que más han aportado al incremento de la esperanza de vida de la humanidad (junto con el agua potable y los antibióticos).
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El padre de la niña no discute el aporte de las vacunas a la humanidad, pero declaró a El Observador que el asunto de fondo es que las dosis actuales “no son las mismas que antes”. “Ahora vienen con cualquier cosa dentro, con ARN mensajero”, explicó. Sin embargo, solo algunas de las vacunas contra el Covid-19 fueron realizadas con esa tecnología, pero el padre insiste que no quiere que a su hija le den alguna.
“En 2018, a raíz de una enfermedad autoinmune que me fue detectada, empezaron a medicarme y medicarme. Eso me complicó la vida. Hasta que en 2020 dejé de tomar medicación e inicié un tratamiento con dióxido de cloro”, expresó el hombre.
La Sociedad Uruguaya de Pediatría ha detectado que en el último tiempo están apareciendo estas opiniones que distan “mucho de la evidencia científica”, según declaró el presidente de la asociación, Sergio Venturino. “Nada en la ciencia hace validar el dióxido de cloro. Mucho menos para un niño. Las vacunas son las que salvan vidas”, expresó.
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