El Legislativo señala a Esteban Torres, Valentina Centeno y Fernando Jaramillo de no aportar alguna prueba de esta acusación, y que sus actuaciones configurarían el delito de traición a la patria.
La Asamblea Nacional, mediante un comunicado publicado sin firma en redes sociales, remarcó que no han tenido ninguna intención de declarar alguna incapacidad mental al presidente Daniel Noboa, como ha afirmado el viceministro Esteban Torres y los asambleístas oficialistas Valentina Centeno y Fernando Jaramillo.
“En ninguna parte del debate ni de la resolución (de la sesión n°936) se ha planteado declarar la inhabilidad mental del Presidente de la República, aquello, es absolutamente falso”, señalan.
Recordaron que los asambleístas resolvieron rechazar los calificativos que hizo el presidente en contra de varios mandatarios de la región en unas declaraciones que fueron recogidas en un artículo periodístico de The New Yorker, y que decidieron ofrecer disculpas a los “pueblos hermanos agraviados”.
El Legislativo calificó a esta narrativa como una artimaña política que pretender dañar su imagen construida en los últimos siete meses de gestión, apuntando que han aprobado 24 leyes.
Acusó a Torres, Centeno y Jaramillo de referirse a este tema sin alguna prueba, y que han levantado falsas noticias para generar inestabilidad en el país, lo cual, para ellos, constituye un delito grave previsto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 353 numeral 11, que describe una causal del delito de traición a la patria.
El Parlamento comunicó que la conducta de Centeno y Jaramilla será investigada y sancionada como falta grave, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
“No permitiremos que jugarretas políticas y cortinas de humo para distraer las desafortunadas declaraciones del primer mandatario soslayen el gran trabajo que ha venido realizando el primer poder del Estado”, indicaron.
Concluyeron su mensaje apuntando que el martes 2 de julio tratarán en segundo debate el proyecto la Ley para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, con el fin de combatir la inseguridad que reina en el país.
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