El compromiso espacial China – Argentina: Conciliar ciencia, soberanía y riesgo estratégico

Este artículo fue publicado originalmente en la revista de la RED CHINA & AMÉRCIA LATINA (REDCAEM) N^o 40, Mayo de 2024

Resumen

Este trabajo examina la colaboración espacial chino – argentina, centrándose en la instalación de Radar de Espacio Profundo operada por la República Popular China (RPC) en Neuquén. Sostiene que en interés del desarrollo nacional, y en el contexto de las esperanzas de obtener beneficios de la relación más amplia de Argentina con China, en una era de competencia estratégica menos pronunciada entre la RPC y los EE.UU., el anterior gobierno peronista de Cristina Fernández de Kirchner asumió compromisos contractuales que proporcionan beneficios limitados a Argentina, socavan la soberanía nacional, y crean riesgos de que la RPC utilice el territorio nacional argentino con fines militares contra Occidente en tiempos de guerra. Los gobiernos argentinos han trabajado profesionalmente, dentro de las importantes limitaciones que supone la falta de acceso regular a la instalación, para proporcionar supervisión técnica. Los gobiernos de centro- derecha tanto de Mauricio Macri como de Javier Milei han realizado mayores esfuerzos de control, pero se han visto obstaculizados por los detalles del contrato firmado por el anterior gobierno de Fernández y la dificultad de tomar decisiones políticas actuales sobre el posible comportamiento futuro de la RPC en relación con el uso militar de las instalaciones espaciales operadas por el Partido Comunista Chino (PCCh) en Argentina. Este estudio de caso también muestra un conjunto más amplio de riesgos y dilemas para otros gobiernos de la región tentados de aprovechar el interés de la RPC en participar en el ámbito espacial para promover el desarrollo técnico nacional real y simbólico.

Introducción

En abril de 2024, tras una visita a la Argentina de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, General Laura Richardson, un equipo de funcionarios del gobierno argentino, científicos y otros expertos realizaron una inspección de alto nivel de las instalaciones del Radar de Espacio Profundo de la República Popular China (RPC) en la provincia de Neuquén. La delegación incluía personal de los ministerios argentinos de Ciencia y Tecnología, Energía, Estrategia Nacional y Asuntos Exteriores, del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y de la Agencia Espacial Nacional (CONAE) (Radio Mitre, 2024). Aunque funcionarios argentinos han visitado periódicamente la instalación desde su creación (Infobae, 2019; Dinatale, 2019), la inspección de abril de 2024 puso de relieve la continua controversia sobre la instalación operada por la RPC, que ha sido objeto de debate y especulación, desde que el gobierno de Cristina Fernández y sus homólogos de la RPC firmaron el contrato que autorizaba a la RPC a construir la instalación en 2014 (Michi y Baravalle, 2023; Caro, 2024).

Por parte de Estados Unidos, la General Richardson y otros funcionarios estadounidenses han expresado públicamente su preocupación por el posible uso militar de la instalación (U.S. Southern Command, 2024). Dichos riesgos aumentan debido a su funcionamiento por parte del Control General de Lanzamiento y Seguimiento de Satélites de China (CLTC), que forma parte de la Fuerza de Apoyo Estratégico del Ejército Popular de Liberación (Caro, 2024). El riesgo de que las instalaciones puedan ser utilizadas por los chinos para fines militares, de inteligencia o de otro tipo no deseados por el gobierno argentino se ve incrementado por la falta de presencia física regular o de supervisión directa por parte de las autoridades argentinas. Tampoco el público en general tiene acceso regular a la instalación (Infobae, 2019).

La controversia sobre el Radar de Espacio Profundo de la RPC en Neuquén y las amenazas potenciales que plantea, deben entenderse en los contextos más amplios de una posible futura guerra entre EE.UU. y la RPC, así como el espacio más amplio de la RPC y otros compromisos con Argentina y la región. Este trabajo examina los recientes desarrollos en la cooperación espacial China – Argentina, con foco en el Radar de Espacio Profundo de la RPC. A lo largo de más de tres décadas, diversos gobiernos argentinos han colaborado con la República Popular China en una amplia gama de actividades relacionadas con el espacio. Ese compromiso fue alentado, en parte, por una relación política generalmente amistosa, y las esperanzas de beneficiarse de una relación comercial que era cada vez más importante para Argentina, en el contexto de un entorno internacional en el que las tensiones y la perspectiva de hostilidades militares entre la RPC y los EE. UU. no eran tan agudas como lo son hoy. En ese entorno, los gobiernos peronistas, en particular, asumieron compromisos contractuales con la RPC en condiciones de transparencia limitada, que proporcionaron beneficios limitados a Argentina, socavaron la soberanía nacional y crearon riesgos de que la RPC utilizara el territorio nacional argentino con fines militares contra Occidente en tiempos de guerra. El actual gobierno argentino de Javier Milei, al igual que el anterior gobierno de centro-derecha de Mauricio Macri, están trabajando contra obstáculos contractuales, físicos y de otro tipo para fortalecer la supervisión del gobierno argentino sobre las actividades espaciales chinas en territorio nacional argentino y, en el proceso, reducir dichos riesgos.

El desarrollo de las relaciones espaciales entre la República Popular China (PRC) y Argentina

La colaboración espacial entre Argentina y la RPC se remonta a la década de 1980, incluyendo un acuerdo de 1989 para establecer la Estación de Observación China- Argentina en el Observatorio Astronómico Félix Aguilar en el Departamento argentino de San Juan (Ellis, 2024a). Durante los años siguientes, la cooperación creció entre una RPC que construía una capacidad de lanzamiento espacial y satelital cada vez más capaz, y una Argentina cuya ubicación estratégica en la parte sur del hemisferio occidental, y el trabajo para desarrollar sus propias capacidades espaciales, hicieron a este país de interés para China.

En noviembre de 2004, durante una visita de Estado a Argentina del entonces presidente de la RPC, Hu Jintao, ambos gobiernos firmaron un Memorando de Entendimiento sobre “cooperación tecnológica en el uso pacífico del espacio ultraterrestre”. El documento expresaba el interés de la RPC en proporcionar a Argentina servicios de lanzamiento espacial, componentes de satélites y otras tecnologías relacionadas con el espacio (Ellis 2010b). En mayo de 2005, los dos países hicieron un seguimiento con una declaración más específica de interés en un posible apoyo material y técnico de la RPC al fabricante de satélites argentino INVAP, y algún nivel de posible participación de la RPC en el programa de satélites ARSAT de Argentina (Hulse, 2007; Ellis, 2010a). Ese esfuerzo inicial de China por participar en ARSAT finalmente no tuvo éxito, ya que INVAP contrató a Astrum y Thales Alenia Space para desarrollar el satélite, y a Arianespace de Francia para lanzarlo (SpaceNews, 2010). No obstante, el esfuerzo por parte china y su interacción con los argentinos sentaron las bases para el conocimiento y las relaciones que ayudaron a la RPC a colaborar más adelante de forma más extensa con Argentina en el ámbito espacial.

En 2006, Argentina firmó un acuerdo que permitía a la RPC construir una estación de teledetección láser por satélite en el observatorio Félix Aguilar, donde anteriormente había permitido operar a los chinos (National Astronomical Observatories of China, China Academy of Sciences – NAOC, 2024).

Durante este período en el que la RPC buscaba ampliar su cooperación espacial con Argentina, también proporcionaba servicios de lanzamiento de satélites y tecnología espacial y entablaba relaciones en el ámbito espacial con varios otros estados latinoamericanos. Estas incluyeron el co-desarrollo y lanzamiento de satélites con Brasil bajo el Programa de Satélites de Investigación de la Tierra China – Brasil (Xinhua, 2024; Ellis, 2010b), la fabricación de satélites e instalaciones terrestres y la realización de actividades de formación espacial de apoyo para Venezuela y Bolivia (Ellis, 2010b), el funcionamiento de un observatorio en Chile desde 2013 (Aróstica Fernández, 2022), la colaboración con Perú en materia de tecnologías y datos espaciales desde 2006 a través de la Organización de Cooperación Espacial Asia – Pacífico (APSCO) (Gadzala Tiriziu, 2023).

En el contexto de las actividades de China y el establecimiento de asociaciones en el ámbito espacial en la región, el acuerdo de USD 300 millones de dólares que el gobierno peronista argentino de Cristina Fernández firmó en 2014 para permitir a la República Popular China establecer una instalación de seguimiento espacial, comando y adquisición de datos en Bajada de Agrio, una remota zona de la provincia de Neuquén, podría interpretarse lógicamente como una continuación, aunque significativa, de la creciente participación espacial de China en la región.

Sin embargo, tal valoración pasa por alto el carácter innovador del paso para China, tanto en Argentina como en América Latina. En concreto, se trata de la primera instalación de este tipo construida y explotada por la RPC fuera de China. El acuerdo argentino de permitir al CLTC (Control General de Lanzamiento y Seguimiento de Satélites de China, parte de las Fuerzas de Apoyo Estratégico del Ejército Popular de Liberación), operar una instalación con autoridad casi soberana en territorio argentino, sin presencia continua del gobierno argentino en la instalación ni otros mecanismos fiables de supervisión técnica constante, tampoco tenía precedentes, y se sumó a la controversia sobre la instalación.

Para el pueblo argentino, y para el resto del mundo, el aspecto de la instalación transmitía amenaza e intriga, con una enorme antena parabólica de radar de 35 metros de diámetro, en una gran zona vallada, que se elevaba sobre el desierto circundante. El gobierno argentino de Cristina Fernández agravó la polémica al negarse a revelar detalles de los compromisos que había contraído con la RPC en relación con la instalación, o los aspectos técnicos de su funcionamiento y supervisión.

Además del Radar de Espacio Profundo, la cooperación espacial chino – argentinacontinuó avanzando también en otras áreas a través de múltiples gobiernos, incluyendo las actividades chinas en el Observatorio Félix Aguilar de San Juan, al que se le había concedido acceso en 2018. Allí, a fines de 2023, la RPC comenzó a trabajar en otro enorme proyecto, el Radio Telescopio China Argentina (CART) de 40 metros (National Astronomical Observatories of China, China Academy of Sciences, 2024).

Al mismo tiempo, en Río Gallegos, en el sur del país, la empresa china Emposat, vinculada a la empresa estatal China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), exploró planes para una instalación con cuatro antenas1, complementando las capacidades de la instalación Zhongshan de la RPC más al sur en la Isla Inexpresable (isla rocosa de la bahía Terra Nova en la Antártida), para proporcionar capacidades de seguimiento, comunicación o captura de datos de objetos en latitudes australes lejanas y órbitas polares cercanas (ANI, 2021; Ellis, 2024a).

En el ámbito comercial, la empresa argentina Satellogic, intentó utilizar a la RPC para poner en órbita pequeños satélites (Clark, 2020), aunque el esfuerzo finalmente no tuvo éxito.

La cuestión del beneficio económico

Argentina obtiene algún beneficio técnico y económico por permitir a la RPC el uso de su territorio para instalaciones espaciales como las de Neuquén y San Juan, así como por beneficiarse de los servicios de lanzamiento de la RPC. En particular, durante los gobiernos de Cristina Fernández y Alberto Fernández, la colaboración espacial chino – argentina fue impulsada, en parte, por los esfuerzos del gobierno argentino para mantener una relación positiva con la RPC en otros ámbitos, con la esperanza de atraer mayores inversiones de empresas chinas y compras de productos argentinos. También estuvo determinada por una asociación estratégica en la que la amistad con la RPC ayudó a Argentina a diversificar sus relaciones políticas lejos de Estados Unidos y a desempeñar un papel más importante como actor sudamericano y regional, en el contexto de otros gobiernos de izquierdas que hacían lo mismo, desde Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil hasta Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador.

Con respecto a las esperanzas de Argentina de una asociación comercial más amplia con China, en las dos décadas que van de 2002 a 2022, las exportaciones argentinas a la RPC se multiplicaron casi por ocho, pasando de USD 1.090 millones de dólares en 2002, justo después de que la RPC fuera aceptada en la Organización Mundial del Comercio (OMC), a USD 7.930 millones de dólares en 2022 (Dirección de Estadísticas Comerciales, 2024). La expansión de las exportaciones argentinas de soja, carne de vacuno y cebada han desempeñado un papel especialmente importante en este nuevo comercio (OEC, 2024). Durante el mismo período, las importaciones argentinas procedentes de la RPC se multiplicaron por 53 hasta alcanzar los USD 17.500 millones de dólares en 2022 (Direction of Trade Statistics, 2024).

Paralelamente a la expansión del comercio argentino con la RPC, durante este período, las empresas con sede en la RPC también desempeñaron papeles cada vez más importantes como inversores en el país. La Red China-ALC, con sede en México, identificó 57 importantes inversiones chinas en Argentina ocurridas en el período 2000-2022, por un total de USD 18.200 millones de dólares (Dussel Peters, 2023). Las inversiones en curso y previstas de empresas de la RPC incluían importantes proyectos en sectores como el petróleo, la minería tradicional, la agrologística y las telecomunicaciones, así como la generación y transmisión de energía y el litio (Ellis, 2024b). Para facilitar la relación comercial, Argentina y China establecieron un acuerdo de swap de divisas por valor de USD 18.000 millones de dólares (Guisto, 2024), que el gobierno de Fernández llegó a utilizar incluso para abonar parte del pago que el gobierno debía al Fondo Monetario Internacional.

En el ámbito político, como reflejo de la creciente importancia comercial y estratégica de la relación sino – argentina, en 2004 la RPC reconoció a Argentina como “Socio Estratégico”. En 2014, los dos países elevaron la relación a “Asociación Estratégica Integral” y establecieron un grupo de trabajo a nivel ministerial para facilitar el avance de la relación en sectores estratégicos (Ellis, 2021). China también apoyó a Argentina en sus reclamaciones de importancia estratégica contra Gran Bretaña sobre la propiedad de las Islas Malvinas (Falkland Islands), por la que perdió una guerra con Gran Bretaña en 1983 (The Guardian, 2022).

Argentina también cooperó con la RPC en asuntos de seguridad, incluyendo la realización de intercambios educativos militares regulares y visitas institucionales, la compra de un número limitado de vehículos blindados chinos y la consideración de la adquisición de aviones de combate y vehículos de patrulla chinos (Ellis, 2021). En febrero de 2022, con múltiples proyectos de infraestructura multimillonarios comprometidos con empresas con sede en la RPC, la presidenta argentina Fernández realizó un viaje de alto perfil a la RPC (y a Rusia) en el que habló elogiosamente de la relación, de miles de millones de dólares en proyectos actuales y futuros, y se unió a la iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road – BRI) de China (Ellis, 2022).

Aunque muchos de los principales proyectos de infraestructura y ventas militares basados en la RPC se habían estancado por razones económicas y de otro tipo al final del gobierno de Fernández en 2023 (Ellis, 2024b; Guisto, 2024), es importante señalar que para el gobierno argentino, el crecimiento de la cooperación espacial con la RPC tuvo lugar en el contexto de una relación general significativamente creciente en la que el lado argentino se movió en parte por la cooperación política y la alineación, y la expectativa de ampliar el beneficio financiero, que la afirmación pública de una mayor soberanía argentina y las demandas de control sobre la estación espacial podrían haber socavado.

El riesgo estratégico de que la RPC explote militarmente su presencia en Argentina

En Argentina, como en otras partes de América Latina, las actividades de cooperación espacial de la RPC suelen tener importantes fines científicos y comerciales legítimos, pero también pueden aprovecharse para usos militares tanto en tiempos de paz como de guerra.

La ubicación del observatorio Félix Aguilar en la parte meridional del hemisferio occidental proporciona a los activos de observación astronómica chinos, como el Radiotelescopio China-Argentina (CART), acceso a una parte del cielo a la que no pueden acceder las instalaciones astronómicas de la RPC. Del mismo modo, las misiones espaciales chinas a la Luna, Marte y más allá, crean la necesidad de un anillo global de instalaciones de comunicación, como el Radar de Espacio Profundo en Neuquén para mantener un contacto constante con las instalaciones en el espacio bajo una Tierra en rotación, aunque tales comunicaciones también han sido y son mantenidas desde el mar por radares basados en barcos (China National Space Agency, 2016).

El desarrollo y lanzamiento de satélites para otros países como Argentina (así como para Brasil, Venezuela, Bolivia y otros) facilita el desarrollo del programa espacial comercial y científico de China, además de proporcionar ingresos económicos y apoyar el liderazgo tecnológico en un sector económico estratégico. La cooperación científica es un vehículo reconocido internacionalmente desde hace tiempo para trabajar juntos y resolver problemas compartidos.

A pesar de las legítimas justificaciones para la cooperación espacial de China con Argentina y otros países de América Latina, la misma geografía que hace a Argentina atractiva para la RPC para fines espaciales comerciales y científicos, también la hace valiosa para fines militares en formas que el gobierno argentino puede no ser capaz de controlar o prevenir fácilmente. La capacidad de localizar activos en el espacio a través de los activos chinos en el hemisferio occidental, como el Radar de Espacio Profundo en Neuquén, o la instalación Laser Range-finding y el Radiotelescopio Argentino Chino en el observatorio Félix Aguilar, puede ser potencialmente aprovechada para señalar la ubicación y la trayectoria predecible de objetos en el espacio, como los satélites de EE.UU., con el fin de atacarlos en tiempo de guerra. Las antenas y antenas de radar a las que la RPC tiene acceso o que opera en Argentina y en otros lugares de la región para comunicarse con naves espaciales de la RPC en tiempos de paz, también pueden utilizarse para interceptar algunas señales de satélites estadounidenses que pasen por encima para su posterior descifrado en tiempos de guerra o de paz. Los activos espaciales a los que la RPC tiene acceso u opera en la región también pueden utilizarse para comunicarse con satélites, globos, vehículos militares y otros vehículos espaciales chinos cuando pasan sobre el hemisferio occidental.

Esta capacidad podría permitir a la RPC recibir y retransmitir datos de los medios de vigilancia y ataque chinos de manera más oportuna o eficaz en tiempo de guerra. A modo de ilustración, en 2021, por ejemplo, el Ejército Popular de Liberación de China (EPL) probó con éxito un Sistema de Bombardeo Orbital Fraccionado (FOBS) con un Vehículo de Planeo Hipersónico (HGV), que teóricamente podría ser enviado desde la RPC sobre el

Polo Sur para atacar objetivos estratégicos estadounidenses desde un vector inesperado (Zastrow, 2021). La disponibilidad de instalaciones de seguimiento, comunicación y mando de la RPC en Argentina al paso de dicho vehículo sobre el Polo Sur, facilitaría posiblemente el control de dicho sistema en tiempos de guerra.

La cuestión del control argentino de las instalaciones de la RPC

La capacidad de supervisar y controlar las actividades de la RPC en su territorio nacional por parte de Argentina, y otros países de América Latina, es una cuestión de soberanía. En el derecho internacional consuetudinario, los gobiernos son responsables del uso del territorio bajo su control contra terceros. El artículo VI del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, por ejemplo, hace a los Estados responsables de las actividades espaciales realizadas bajo su jurisdicción, aunque el acuerdo de 2014 entre Argentina y la RPC sobre el Radar de Espacio Profundo en Neuquén pretende liberar a Argentina de la responsabilidad por las actividades de la RPC allí (Caro, 2024).

En el caso del Radar de Espacio Profundo de la RPC, la raíz del problema de Argentina fue posiblemente la voluntad del gobierno de Cristina Fernández de firmar un contrato cediendo un arrendamiento por 50 años a los chinos, en el espíritu de una cálida relación política y esperanzas de beneficios futuros, sin incluir disposiciones técnicas adecuadas para la supervisión consistente con la soberanía argentina y las obligaciones internacionales asociadas, tales como la presencia física continua y la supervisión técnica, para asegurar que la RPC no pudiera utilizar la instalación en el futuro para fines militares.

Por ejemplo el Artículo 1 del acuerdo que rige la instalación, otorga a China el derecho a “construir, establecer y operar instalaciones de rastreo terrestre, comando y adquisición de datos, incluyendo una antena de espacio profundo” en el sitio, sin establecer el propósito que rige o limitar cómo la RPC utilizaría la tecnología y los datos (Watson-Lynn, 2020). El Artículo 3 del acuerdo cede a la RPC el control de todas las actividades realizadas en la estación, abdicando virtualmente de cualquier autoridad del gobierno argentino respecto de lo que haga allí el personal del gobierno chino que opera la instalación bajo la jurisdicción administrativa del Ejército Popular de Liberación (Watson-Lynn, 2020).

Más allá de las cláusulas que aumentan el riesgo de uso de la instalación por parte de los chinos para fines no deseados o no conocidos por el gobierno argentino, otras cláusulas del acuerdo establecen que la Instalación de Radar Profundo se rige por la legislación laboral china, otorgando a los operadores militares de la RPC una libertad prácticamente irrestricta para ingresar y egresar personal sin supervisión a su antojo. En el acuerdo, el gobierno de Fernández también otorgó a la RPC una exención impositiva completa para el material ingresado o egresado de la instalación, y las actividades realizadas allí, incluidas las actividades comerciales que generen valor allí, o los salarios pagados al personal por el trabajo realizado allí (Watson-Lynn, 2020).

El hecho de que el anterior gobierno argentino se acomodara al deseo de la RPC de no publicar o discutir partes sustanciales del contrato, ha complicado aún más la supervisión por parte de otras partes del gobierno argentino, de la ciudadanía y de terceros potencialmente afectados, incluso ayudándoles a identificar posibles vulnerabilidades derivadas de los detalles del contrato. Esta insistencia china en la confidencialidad, que complica la supervisión, no es exclusiva de la estación espacial argentino-china. De hecho, es una forma común en la que la RPC asegura rutinariamente condiciones contractuales a su favor, particularmente cuando trata con contrapartes burocráticas con capacidades técnicas insuficientes, o con interés en ceder condiciones a la RPC a cambio de beneficios personales (Gelpern, et. al., 2021).

A pesar de estos desafíos, los gobiernos argentinos han tratado de ejercer una supervisión limitada sobre la instalación, en la medida de lo posible, a través de inspecciones periódicas, solicitudes de información, medios técnicos y otros mecanismos (Infobae, 2019; Dinatale, 2019). En 2015, el gobierno de centroderecha de Mauricio Macri, que sustituyó a Cristina Fernández, llevó a cabo una revisión del contrato de la instalación y amplió las actividades de supervisión. Aunque no optó por rescindir el contrato, insistió y, en 2016, consiguió que la RPC firmara un apéndice al contrato original en el que, en principio, se comprometía a limitar su uso de la instalación únicamente a fines “pacíficos” (Dinatale, 2024). Sin embargo, no está clara la capacidad del gobierno argentino para verificar y hacer cumplir plenamente dicho compromiso.

En base a los expertos consultados para este trabajo, a menos que se produzca un incumplimiento de contrato, el gobierno argentino se ha mostrado reacio a presionar demasiado o públicamente a los chinos que operan la instalación, no sea que los chinos creen obstáculos2 para que el gobierno argentino reciba incluso la muy limitada 1 hora 40 minutos de tiempo de antena por día que actualmente se les permite para usar la antena parabólica principal en la estación. (Dinatale, 2024).

Como se señaló en la introducción, el actual gobierno de Javier Milei, al igual que el gobierno de Macri, está trabajando para aumentar la supervisión argentina sobre el Radar de Espacio Profundo (Infobae, 2019). En mayo de 2024, como se señaló en la introducción, el gobierno de Milei llevó a cabo una inspección de alto perfil de las instalaciones. El objetivo no era necesariamente encontrar pruebas de irregularidades chinas, sino más bien iniciar un proceso de mayor interacción entre Argentina y China para mejorar la supervisión de la instalación (Dinatale, 2024). También envió un mensaje público de que el gobierno de Milei asumiría un papel más activo que el de sus predecesores para afirmar la soberanía argentina sobre el radar chino, al igual que en otras áreas.

Dado este propósito, el relativo silencio del gobierno argentino sobre sus hallazgos tras la inspección no implica una falta de problemas con la instalación. Dada la advertencia previa que tuvo la RPC sobre la visita para ocultar equipos, personal o actividades incriminatorias, cualquier descubrimiento de elementos significativos de preocupación allí por parte del gobierno argentino habría reflejado una grave mala gestión por parte de los chinos al ocultarlos, o una decisión deliberada de permitir que los inspectores argentinos los vieran. De hecho, la incapacidad de los inspectores argentinos para siquiera discernir qué personal en las instalaciones operadas por el EPL era militar y cuál no fue ilustrada por el controvertido comentario de la Ministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino de que era imposible saberlo porque “los chinos son todos iguales” (Clarín, 2024).

Incluso en el caso de que los miembros técnicos del equipo de inspección gubernamental encontraran pruebas técnicas de que el radar espacial chino se había utilizado anteriormente de forma indebida, o se estaba preparando para tal uso en el futuro, es poco probable que hubieran divulgado públicamente tales pruebas, para no anunciar a la RPC lo que saben, o cómo lo han sabido. A pesar de las cuestiones de protección de la información, las fuentes y los métodos, cualquier información sensible descubierta también puede haberse mantenido en privado, simplemente para dar tiempo al gobierno de Milei a decidir la mejor manera de actuar al respecto, o las opciones no públicas para comunicarla.

Más allá de lo que la inspección de mayo de 2024 o las futuras inspecciones descubrieron o podrían descubrir razonablemente, la ausencia de pruebas de que la RPC esté utilizando actualmente la instalación con fines militares no resuelve la preocupación principal sobre la instalación. Como se ha señalado en la sección anterior, el principal riesgo de la instalación no es su uso actual para fines militares u otros fines indebidos, sino más bien que pueda potencialmente ser utilizada de este modo en el futuro, especialmente en el contexto de una guerra entre la RPC y Occidente.

Si no se comprueba que un equipo capaz de comunicar y recibir en un espectro de relevancia militar, no se está utilizando activamente para ello en el momento de una inspección en tiempos de paz, no hay garantía de que no se vaya a utilizar para ello en el futuro. De hecho, más allá de Argentina, la dificultad de garantizar que una instalación con las características técnicas para ser utilizada con fines militares no se utilizará para tales fines en tiempos de guerra también quedó ilustrada en Chile. Allí, la incapacidad del operador comercial de la Estación Satelital de Santiago, la Corporación Espacial Sueca (SSC), para cumplir con sus obligaciones contractuales de asegurar que los dos radares de Banda S operados por su arrendatario chino (Control General de Lanzamiento y Seguimiento de Satélites de China – CLTC), no pudieran ser utilizados con fines militares, está llevando a la SSC a expulsar a CLTC cuando expire su actual contrato dearrendamiento (Funaiole, et. al., 2022).

Conclusiones

El Radar de Espacio Profundo de la RPC en Neuquén y otros compromisos espaciales chino – argentinos muestran los riesgos y dilemas que se aplican a la región en su conjunto a la hora de comprometerse con la RPC no sólo en el espacio, sino también en otros ámbitos.

En el ámbito espacial, toda una serie de iniciativas de la RPC dan al país acceso a múltiples instalaciones en naciones socias latinoamericanas, o a sus datos, que podrían poner a esos socios en la posición de colaborar inadvertidamente con la RPC contra Occidente en tiempos de guerra. Entre ellas se incluyen instalaciones de seguimiento y control de satélites primarios y secundarios instrumentados por la RPC en Venezuela y Bolivia, instalaciones científicas en Chile y Argentina, intercambio de datos con Perú a través de la Organización de Colaboración Espacial Asia – Pacífico (APSCO) y la colaboración con Brasil a través del Programa de Satélites de Recursos Terrestres China – Brasil (CBERS) (Ellis, 2024a). China está tratando agresivamente de ampliar la colaboración espacial a través de su proyecto de establecer una instalación tripulada en la Luna, en la que ya han firmado su participación los regímenes populistas antiestadounidenses de Venezuela y Nicaragua (Jones, 2024).

Al mismo tiempo, el caso argentino, al igual que los demás, también ilustra que las contrapartes de la región cuentan con personal técnicamente competente, que trabaja profesionalmente, en la medida de sus posibilidades, para garantizar que las actividades de la RPC en sus países sean coherentes con la soberanía y las leyes nacionales, aunque su capacidad para hacerlo sea limitada.

Más allá del ámbito espacial, el caso argentino pone de relieve los peligros de los gobiernos que, en condiciones de transparencia limitada, entran en grandes proyectos con la RPC con la esperanza de obtener beneficios comerciales, técnicos o de otro tipo, exponiéndose a vulnerabilidades a través de la “letra pequeña” de los contratos, que carecen de los conocimientos técnicos y otras capacidades para apreciar plenamente y mitigar, en el momento de la firma. Cuando el gobierno de Fernández firmó el contrato con los chinos por el que Argentina se comprometía a aceptar el Radar de Espacio Profundo en Neuquén, probablemente no apreció plenamente los dilemas que los detalles del compromiso legal crearían para los futuros gobiernos argentinos en cuestiones de soberanía nacional, o lo difícil que la “letra pequeña” del contrato haría que los futuros gobiernos se libraran, una vez que las implicaciones del contrato se hicieran evidentes.

En Perú, el gobierno de Dina Boluarte se enfrenta a un dilema similar, ya que su autoridad portuaria firmó un contrato con un consorcio con sede en la República Popular China (RPC), cuyas implicaciones no comprendió plenamente en ese momento, cediendo el control total de las operaciones portuarias a los propietarios con sede en la RPC, y luego se encontró con un costoso proceso legal en instituciones fuera del control de la nación, cuando trató de corregir el error (Stott, 2024). En las Bahamas, el promotor multimillonario Sarkis Izmirlian se encontró igualmente atrapado por la letra pequeña de un contrato que firmó con socios con sede en la RPC, y acabó perdiéndolo todo, cuando el proyecto hotelero Baja Mar, de USD 4.200 millones de dólares, al que se había comprometido con China Construction Americas (CCA), entró en graves dificultades debido a la actuación de CCA, que retrasó su apertura, con miles de personas en nómina (Hartnell, 2023).

En general, el caso argentino pone de relieve la importancia de la transparencia y la competencia técnica de los gobiernos anfitriones, así como de las asociaciones abiertas con Estados occidentales y no occidentales, para que los Estados de la región puedan aprovechar los beneficios científicos y de otro tipo de la cooperación espacial con la RPC y otros Estados, garantizando al mismo tiempo que dicha cooperación no exponga al país a riesgos inaceptables.

Autor

Evan Ellis es Profesor e Investigador de Estudios Latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de EE.UU., con especial atención en las relaciones de la región con China y otros actores no occidentales, así como en el crimen organizado transnacional y el populismo en la región. Ha publicado más de 300 trabajos, entre ellos los siguientes libros: China in Latin America: The What and Wherefores (2009), The Strategic Dimension of Chinese Engagement with Latin America (2013), China on the Ground in Latin America (2014) Crimen Organizado Transnacional en América Latina y el Caribe (2018) y China Engages Latin America: Distorting Development and Democracy (2022). Es PhD. en Ciencias Políticas de la Universidad Purdue. Las opiniones aquí expresadas son estrictamente suyas.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor. No reflejan necesariamente la política o posición oficial de ninguna agencia del Gobierno de los Estados Unidos, de la revista Diálogo o de sus miembros. 

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