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Mar. Nov 5th, 2024
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Imagen @MinjusticiaCo

En un esfuerzo concertado para transformar y modernizar el sistema judicial de Colombia, la Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia ha presentado los primeros borradores de las propuestas que serán sometidas al Congreso de la República el próximo 20 de julio. Este anuncio marca un paso significativo en un proceso de revisión y debate que ha involucrado a diversas subcomisiones y expertos durante los últimos dos meses, reflejando un compromiso profundo con la reforma estructural del sistema judicial del país.

La elaboración de estas propuestas ha sido fruto de un trabajo riguroso y colaborativo que ha involucrado a los 40 miembros de la Comisión, distribuidos en cinco subcomisiones especializadas. Durante este periodo, cada subcomisión ha desarrollado y evaluado múltiples propuestas con el objetivo de construir una reforma integral y sostenible que responda a los desafíos actuales del sistema de justicia. Estas propuestas buscan abordar cuestiones críticas, desde la inclusión y la justicia penal hasta las reformas procesales y judiciales.

La viceministra de Promoción de la Justicia, Jhoana Delgado, resaltó la importancia del proceso participativo: “Cada subcomisión ha presentado textos que serán discutidos y mejorados en nuestras próximas reuniones. Estos textos definitivos se presentarán en la asamblea general de la comisión y posteriormente el Ministerio de Justicia los llevará al Congreso de la República”.

 

La próxima plenaria de la comisión, programada para el 5 de junio, se centrará en los tres ejes principales de la reforma: justicia especial para la mujer y la comunidad LGBTIQ+, procedimiento penal y justicia inclusiva. Además, se continuarán discutiendo los borradores de proyectos específicos que buscan hacer cambios significativos en diversas áreas del sistema judicial.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran:

La propuesta de justicia inclusiva incluye modificaciones significativas al Código General del Proceso y al Código de Procedimiento Penal, introduciendo la figura de la persona facilitadora judicial. Esta figura tiene como objetivo asistir a los ciudadanos en sus interacciones con el sistema judicial, facilitando el acceso y la comprensión de los procedimientos legales.

Varias propuestas en la categoría de asuntos penales y penitenciarios buscan humanizar la política criminal y penitenciaria de Colombia. Entre ellas se destacan la adición de los artículos 56 A y 56 B a la Ley 599 del 2000, introduciendo disposiciones para mejorar las condiciones en el sistema penitenciario, y proyectos de ley para la justicia restaurativa y terapéutica, que buscan ofrecer alternativas al encarcelamiento tradicional, promoviendo la rehabilitación y la reintegración social de

los infractores. Estas iniciativas también incluyen un enfoque en la superación del estado de cosas inconstitucional en las cárceles colombianas, una situación que ha sido objeto de críticas y demandas judiciales durante muchos años.

Las propuestas en el ámbito de las reformas procesales incluyen la reducción de la tasa de interés moratorio en el pago de sentencias condenatorias o conciliaciones, lo que aliviaría la carga financiera sobre los deudores y aceleraría el cumplimiento de las obligaciones judiciales. Además, se propone la condonación de intereses entre entidades públicas con calidad de deudores, para evitar controversias innecesarias y facilitar la resolución de disputas intergubernamentales. Otro punto clave es la priorización en el turno de pago de las condenas y conciliaciones respecto de las cuales proceda la acción de repetición, asegurando un cumplimiento más eficiente y justo de las obligaciones del Estado.

Estas propuestas han sido presentadas por entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá y la Unión Colegiada de Notariado Colombiano, reflejando la amplia consulta y colaboración con actores clave del sector judicial y empresarial.

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Las iniciativas en el ámbito de las reformas judiciales presentadas por el Sindicato del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses incluyen la reforma del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y la calidad de sus servicios. Además, se propone la adición de un nuevo parágrafo al Artículo 412 de la Ley 906 de 2004, que busca clarificar y fortalecer las disposiciones legales relacionadas con la medicina forense en el contexto judicial.

Estas iniciativas reflejan un esfuerzo concertado por atender las necesidades críticas del sistema judicial colombiano, garantizando una justicia más eficiente, accesible e inclusiva. La Comisión de Expertos continuará trabajando en la revisión y mejora de estas propuestas en las semanas venideras, con el objetivo de presentar un paquete de reformas sólidas y bien fundamentadas al Congreso de la República.

El resultado final de este proceso marcará un hito en la búsqueda de una justicia más equitativa y efectiva para todos los colombianos, reafirmando el compromiso del país con los derechos humanos y la mejora continua de sus instituciones judiciales. Con el objetivo de lograr una justicia más eficiente, accesible e inclusiva, la Comisión de Expertos continuará trabajando en la revisión y mejora de estas propuestas en las semanas venideras.

El compromiso de los miembros de la Comisión y de las entidades colaboradoras con esta reforma subraya la importancia de un enfoque inclusivo y multifacético. La colaboración con diversas entidades, como la Cámara de Comercio de Bogotá, la Unión Colegiada de Notariado Colombiano y el Sindicato del Instituto Nacional de Medicina Legal, asegura que las propuestas presentadas son inclusivas y representan un amplio espectro de intereses y necesidades.

Además de las propuestas específicas, la Comisión ha resaltado la importancia de un diálogo continuo con la sociedad civil y los diversos actores del sistema judicial para asegurar que las reformas respondan a las necesidades reales de la población. En este sentido, se ha programado una serie de encuentros y consultas adicionales en las semanas previas a la presentación oficial de las propuestas al Congreso, con el fin de recoger más aportes y ajustar los textos definitivos según sea necesario.

El proceso de reforma no se limita únicamente a los cambios legislativos propuestos. También se están considerando medidas para fortalecer la capacitación y formación de los funcionarios judiciales, mejorar la infraestructura de los tribunales y asegurar una mayor transparencia y rendición de cuentas en todo el sistema judicial. Estas medidas complementarias son esenciales para garantizar que las reformas legislativas tengan un impacto duradero y positivo en la administración de justicia en Colombia.

La presentación de estos borradores es solo el comienzo de un proceso que promete transformar significativamente el panorama judicial en Colombia, respondiendo a las demandas sociales y fortaleciendo la confianza en el sistema judicial. La colaboración de diversas entidades y expertos asegura que las propuestas presentadas son inclusivas y representan un amplio espectro de intereses y necesidades. Con la mirada puesta en julio, todos los actores involucrados trabajan con la determinación de lograr una reforma judicial que marque una diferencia positiva en la vida de los ciudadanos colombianos.

La Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia ha dado un paso importante hacia la modernización y mejora del sistema judicial colombiano. Las propuestas presentadas hasta ahora demuestran un compromiso firme con la justicia inclusiva, eficiente y equitativa. El proceso de consulta y colaboración continuará en las próximas semanas, asegurando que las reformas propuestas sean exhaustivas y respondan a las necesidades del país. El éxito de esta reforma depende no solo de los cambios legislativos, sino también de la implementación efectiva de estos cambios y del compromiso continuo de todas las partes involucradas para asegurar una justicia más justa y accesible para todos los colombianos.

carloscastaneda@prensamercosur.org


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