Las cuentas públicas acumularon un déficit de 1.527 millones de reales en marzo, 299 millones de dólares.
La economía brasileña atravesó una semana negra. Primero, las divisiones en el seno de la dirección del Banco Central sobre la bajada de la tasa de interés Selic. Luego el ‘terremoto’ de Petrobras a última hora de la tarde del martes, con la dimisión, forzada según los rumores, del presidente Jean Paul Prates. La noticia sorpresiva, a pesar de que las tensiones entre Prates y el Gobierno de Lula venían de semanas atrás, hizo que Petrobras quemara 35.300 millones de reales de valor de mercado, 6.900 millones de dólares en sólo dos horas en la apertura de la bolsa brasileña el miércoles. Es una pérdida que se suma a las preocupaciones de los mercados sobre el futuro de la economía brasileña en los próximos meses. Con la catástrofe de las inundaciones en Rio Grande do Sul, gran productor y exportador de arroz y soja, la agroindustria ha sufrido un duro golpe que seguramente repercutirá también en el Producto Interior Bruto (PIB) del país. Por si fuera poco, el pesimista escenario fiscal se cierne sobre el país.
El 8 de mayo, el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central recortó la tasa de interés Selic en 0,25 puntos porcentuales, del 10,75% al 10,50%. Sin embargo, por primera vez, y ésta es la noticia que preocupó a los mercados, el Copom, compuesto por el presidente Roberto Campos Neto y ocho consejeros, se dividió en dos. Los cinco miembros elegidos por el ex presidente Bolsonaro votaron por una reducción del 0,25%, mientras que los cuatro indicados por Lula por una del 0,50%. La preocupación del mercado es que el próximo año, con la salida de Campos Neto y con siete de los nueve miembros elegidos por Lula, las decisiones del Copom dejen de ser técnicas y pasen a ser puramente políticas. El comunicado dice que “el comité reafirma que una política fiscal creíble y comprometida con la sostenibilidad de la deuda contribuye al anclaje de las expectativas de inflación y a la reducción de las primas de riesgo de los activos financieros, lo que repercute en la política monetaria”.
En abril, el gobierno Lula anunció la relajación del objetivo fiscal en el proyecto de ley sobre las directrices presupuestarias para 2025, sustituyendo el objetivo de superávit del 0,5% fijado inicialmente como con un déficit cero. Como recuerda un editorial del diario O Estado de Sao Paulo, “los países del sur de Europa han salido de la crisis fiscal no dejándose seducir por el populismo. Es decir, la responsabilidad fiscal es la única forma de preservar y amplificar las conquistas económicas y sociales. Estos países son también una lección para Brasil, todavía en las garras de la polarización populista. Combinar equilibrio fiscal, responsabilidad social y crecimiento no sólo es posible, sino necesario para el desarrollo sostenible y la pacificación social”. Mientras tanto, la deuda pública brasileña sigue creciendo. Los datos de marzo publicados a principios de mayo por el Banco Central muestran que en el tercer mes de 2024 la deuda bruta de las administraciones públicas se situó en el 75,7% del PIB, frente al 74,4% del pasado diciembre y al 71,7% del diciembre 2022. Las cuentas públicas acumularon un déficit de 1.527 millones de reales en marzo, 299 millones de dólares. En el primer trimestre, el déficit ascendió a 19.431 millones de reales, 3.807 millones de dólares. Por eso, la decisión de la agencia de calificación Moody’s de elevar la nota crediticia de Brasil de “estable” a “positiva” a principios de mayo provocó muchas críticas y escepticismo. Arminio Fraga, ex presidente del Banco Central y gran defensor de Lula en la campaña electoral, se mostró sorprendido por la decisión de Moody’s. “Esta calificación tiene que ver con la capacidad del país para cumplir sus compromisos exteriores. Pero aparte de eso, creo que Brasil debería haber sido rebajado. Tenemos un deterioro explícito pero ya muy bien percibido de las finanzas públicas”, dijo Fraga. Tanto es así que la agencia de calificación de riesgos Fitch afirmó que quería ver “una mejora fiscal para subir la nota” y que “las medidas de reforma fiscal y recaudación de impuestos del gobierno siguen siendo insuficientes para estabilizar la deuda del gobierno brasileño”.
En un duro editorial, el diario Folha de São Paulo escribe que “Lula ni siquiera se molesta en ocultar que dinamitó el equilibrio presupuestario y nadie se sorprenderá, desgraciadamente, si nombra a un amigo suyo para presidir el Banco Central con la orden de forzar la bajada de las tasas de interés. El desorden y la incertidumbre que el matonismo amateur produce en el ambiente y en las instituciones económicas dificultarán el crecimiento de la renta y del empleo. El programa económico de Lula y del PT es retrógrado, y su característica de empobrecimiento se hace cada vez más evidente a medida que avanza este mandato presidencial”.
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En cuanto a Petrobras, una vieja conocida de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), Magda Chambiard, ex directora de la Agencia Nacional de Petróleo durante la presidencia de Dilma Rousseff, ha llegado ahora al lugar de Prates. Se la recuerda, entre otras cosas, por elogiar a la empresa OGX, del ex multimillonario Eike Batista. “OGX ya perforó 100 pozos, ojalá hubiera más Eike en las licitaciones, él por lo menos entrega producción”, había dicho al diario Folha de São Paulo en 2013. En 2020, Eike Batista fue condenado a ocho años de prisión por manipulación del mercado de capitales tras divulgar información falsa de producción de miles de millones de barriles de petróleo en tres pozos que sabía que nunca podrían ser explotados. Las crónicas de este repentino cambio de silla revelan también, según la prensa brasileña, todos los venenos que desgarran al gobierno. Como relata el sitio de noticias Metrópoles, cuando Lula informó a Prates de su destitución, lo hizo en una reunión a la que también asistieron los dos ministros con los que el ahora ex presidente de Petrobras más se había enfrentado en los últimos meses, a saber, Rui Costa, de la Casa Civil, y Alexandre Silveira, de Minas y Energía. Metrópoles escribe: “Como (Prates) comentó con varios interlocutores, la sensación era que había sido ‘humillado’ por Lula”. El punto de ruptura fue provocado por la crisis sobre el reparto de dividendos en marzo. “Su decisión de abstenerse me pareció una afrenta”, le habría dicho Lula a Prates, según Metrópoles. En aquella ocasión, tras la publicación de los resultados financieros de 2023, los representantes del gobierno en el consejo decidieron no repartir los dividendos extraordinarios del cuarto trimestre de 2023. Sin embargo, a finales de abril, Petrobras aprobó el pago del 50% de los dividendos extraordinarios, unos 21.950 millones de reales, 4.300 millones de dólares.
Como sugirió Adriano Pires, director y fundador del Centro Brasileño de Infraestructura en el diario O Estado de São Paulo, la silla presidencial de Petrobras es eléctrica, con ocho presidentes cambiados en ocho años. “Las motivaciones para cambiar al presidente de la empresa son siempre las mismas: oponerse o no dar la velocidad para implementar las políticas que el presidente de la República quiere. Por lo tanto, lo que debemos discutir no son las razones por las que Lula despidió a Jean Paul Prates, éstas son conocidas y, por lo tanto, se trata de una discusión secundaria”, escribe Pires. “Lo que tenemos que discutir en el Congreso y en la sociedad – y ya vamos tarde – es que este modelo empresarial de economía mixta no funciona y que su validez ha caducado. ¿Qué empresa puede gestionar teniendo ocho presidentes en ocho años? ¿Qué empresa puede gestionar cambiando de accionista mayoritario cada 4 o, como máximo, cada 8 años?”.
En resumen, la privatización, como ya se había propuesto en el gobierno Bolsonaro, podría ser una vía para el cambio a largo plazo. En este segundo año de gobierno, sin embargo, Lula se ha opuesto con fuerza. De hecho, en lugar de vender refinerías, Petrobras se está moviendo para recuperar la de Mataripe, en el estado de Bahía, privatizada en diciembre de 2021. El riesgo, según los expertos, es una inversión que traerá rendimientos mucho más bajos. Otro punto de la estrategia impuesta por Lula es hacer política social reduciendo los ingresos de Petrobras y no reajustando el precio de la gasolina y el gasóleo, como hizo el chavismo en Venezuela. El resultado en Brasil empieza a ser desastroso, con un desplome de la ganancia neta del 38% en el primer trimestre de este año respecto al 2023, según datos presentados la semana pasada.
Pero para entender este repentino cambio de rumbo en Petrobras hay que remontarse a principios de abril, cuando en un acto en Niterói, en el estado de Rio de Janeiro, Lula dijo: “Quiero que tengan la certeza de que vamos a recuperar la industria naval brasileña”. En 2010, durante su segundo mandato, el presidente brasileño había intentado crear un polo de construcción naval a través de una empresa llamada Sete Brasil en la que Petrobras tenía una participación del 10%. Sin embargo, el resultado fue desastroso. De los 28 buques sonda que la empresa quería construir para la exploración petrolífera del llamado presal, es decir los yacimientos petrolíferos en aguas profundas entre los estados de Santa Catarina y Espírito Santo, sólo se realizaron cuatro. Pero, sobre todo, Sete Brasil se convirtió, como la propia Petrobras, en una caja de Pandora de la corrupción brasileña investigada por la Operación Lava Jato. Antonio Palocci, ex ministro de Economía de Lula y de la Casa Civil de Dilma Rousseff, reveló que la construcción de las sondas en los astilleros había sido ordenada por el propio Lula para la nacionalización de la industria marítima y, sobre todo, para recaudar fondos ilícitos para “cuatro o cinco” campañas del PT.
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La llegada de Magda Chambiard a la presidencia de Petrobras permitirá al gobierno de Lula alinear de nuevo sus intereses políticos con los de la petrolera.
“Lula quiere que Chambiard sea su ‘Graça Foster’ para tener el ‘mando y control’ de Petrobras”, escribe Mariana Carneiro en el diario O Estado de São Paulo, en un paralelismo con la relación de confianza que Dilma Rousseff mantuvo con la entonces presidenta de Petrobras Graças Foster, cuando entre 2012 y 2015 la petrolera se convirtió en una caja de corrupción de la política.
Según informa el sitio de noticias Poder360, el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, ya ha pedido a la nueva presidenta que acelere el plan estratégico 2024-2028 con inversiones de 17.000 millones de dólares en refinerías como la del Lava Jato Abreu y Lima, en el estado de Pernambuco, de 7.000 millones de dólares en gas natural y una cantidad no especificada en fertilizantes.
También está sobre la mesa la debatida cuestión de la autorización ambiental del IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de las Fuentes Naturales Renovables) para la exploración en la desembocadura del río Amazonas, en la llamada región del Margen Ecuatorial. Todo el proceso está actualmente paralizado. Mientras que la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, siempre ha defendido que los criterios adoptados por el IBAMA son técnicos y, por lo tanto, inmunes a cuestiones políticas, Magda Chambiard cree que el proyecto de Petrobras no puede hacerse inviable con largos procesos de autorización ambiental y defiende una intervención de Lula en el impasse. En un artículo publicado en junio de 2024 en el portal “Brasil Energía”, Chambiard escribió que “es cierto que no podemos ser irrelevantes y conceder licencias a cualquier precio. Pero también es cierto que tenemos que estar mejor preparados para afrontar el reto de conceder licencias a tiempo, de lo contrario condenamos a Brasil al estancamiento”. Los próximos meses se perfilan, por tanto, ardientes, no sólo desde el punto de vista económico, sino también medioambiental.
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