El narcotráfico en Bolivia generó en el año 2020 un movimiento económico de $us 2.800 millones, aproximadamente, según el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arze Vargas
El estudio publicado en formato de PDF en la página web del Cedla y presentado como libro en Bolivia, da cuenta que los ingresos por exportación de cocaína en Bolivia rondan entre 1.843 millones y 2.880 millones de dólares, dependiendo del precio de comercialización en frontera, dice la publicación: “Economía del narcotráfico: desinstitucionalización y políticas en Bolivia”.
El investigador indicó en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que los cálculos fueron en base a los datos oficiales obtenidos por las Naciones Unidas en su informe del Cálculo de Cocaína Potencial en Bolivia.
“Hemos calculado que, en Bolivia, aproximadamente $us 900 millones sería el precio del valor de la cocaína que estaría circulando en el interior. Sin embargo, ese volumen de cocaína como clorhidrato, con el mejor de los casos, con los precios más altos en frontera podría alcanzar los $us 2.800 millones en el 2020”, explicó Carlos Arze.
En el exterior, un kilo de cocaína puede llegar a venderse en $us 30.000, mientras que los precios locales van de $us 2.500 a 2.600.
Un dato a tomar en cuenta: los $us 1.843 millones y $us 2.880 millones que mueve la venta de la droga fuera del país suponen un 26% y un 41,3%, respectivamente, de las exportaciones legales registradas en 2020, que sumaron $us 6.974 millones, de acuerdo con la misma fuente.
Arze afirma que los eslabones nacionales vinculados a la producción y al tráfico de cocaína podrían obtener ingresos por $us 835 millones, que estarían circulando en el país.
En esta perspectiva, llama la atención acerca de la infiltración del narcotráfico y el lavado de dinero en diversas actividades económicas en Bolivia, problema significativo que es facilitado por la prevalencia de la informalidad en varios sectores. Asimismo, indica que a pesar de la visión oficial que destaca éxitos en las políticas antidroga, existen evidencias claras de un aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico y una desestructuración social creciente en áreas de cultivo de coca, aunque algunas organizaciones afines al Gobierno minimizan esta realidad y la influencia del narcotráfico en la economía capitalista, dice la presentación de su estudio en la página del Cedla.
¿‘PAÍS TRÁNSITO’ Y CÁRTELES?
El Gobierno sostiene que Bolivia es un ‘país tránsito’ en el negocio del narcotráfico que ha ido creciendo a nivel global. Esta tesis omite que en territorio nacional se produce coca y se refina pasta proveniente de Perú, afirma el investigador en la presentación de su libro en La Paz.
Ante la negativa del Ejecutivo respecto a la presencia de cárteles, señala que, en cambio, sí hay otros actores más invisibles que prestan servicios –por ejemplo, el transporte en avioneta desde las fronteras– y pueden quedarse, entre todos, hasta con un 20% de los montos señalados, publica Correo del Sur.
“Se sigue pensando en el cartel, que tenía dominio territorial, y ya no en estos nuevos actores más ágiles que brindan servicios”, reflexionó en el acto.
CAUSAS Y SALIDAS
La investigación identifica como causas de esta situación a las políticas implementadas por el Movimiento al Socialismo (MAS) desde el 2006, entre ellas, la Ley de la Coca aprobada en 2017 que elevó en 83% la extensión de las zonas autorizadas para el cultivo de coca. Se pasó de 12.000 hectáreas a 22.000: 7.700 en el trópico de Cochabamba y 2.300 en los Yungas de La Paz.
Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), entre 2006 y 2023, el 93% de la coca producida en el Chapare y el 19% de lo producido en los Yungas no se comercializó en el mercado legal.
El estudio concluye que el Estado tuvo “un rotundo fracaso” en su intento por abordar el problema del narcotráfico en Bolivia, tanto en la interdicción como en los proyectos de desarrollo alternativo, y señala la ineficacia y la corrupción, además de un “empoderamiento de las élites sindicales en las regiones productoras, exacerbando la situación”.
El investigador apunta que si bien la legalización de las drogas ya tiene una historia con efectos positivos en otros países, Bolivia no podría avanzar sola hacia ese camino ante su debilidad institucional. Llama a reflexionar sobre la pobreza y la falta de oportunidades que llevan a grupos locales a incorporarse al negocio de las drogas, vinculando esto con la “informalidad dominante en todos los aspectos de la economía”. Por tanto, dice Arze, el conflicto debe ser abordado desde la economía, sin olvidar la “política rentista con ciertos sectores que son la base social de este régimen”.
Esta investigación se basa fundamentalmente en fuentes secundarias y sistematiza “la información que de manera muy libre, a veces irresponsable, genera opiniones bastante alejadas de la realidad y muy cargadas de esta polarización política”, según el autor. Parte de preguntarse qué está detrás de la estabilidad aparente en Bolivia, lo que lleva a identificar “economías en la sombra”. Aunque el contrabando y la minería ilegal del oro fueron identificadas como tales, el trabajo se concentró en el narcotráfico.
hoybolivia.com
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