Primer balance tras la catástrofe de las inundaciones en Brasil: qué falló y qué consecuencias tendrá

Se cuestiona el sistema anti-inundaciones de Porto Alegre, creado en la década de 1970 tras las dramáticas inundaciones de 1941 y 1967 para contener el Guaíba. La culpa es de la negligencia sistemática perpetrada tanto por el gobierno municipal como por el estatal.

Mientras prosigue el recuento de muertes y daños de la tragedia de Rio Grande do Sul, Brasil empieza también a hacer un primer balance de lo que se podría haber hecho tanto para prevenir como para mitigar la catástrofe. El panorama que se perfila es dramático y en cierto modo contradictorio. Por un lado, la población, no sólo del estado afectado sino de todo Brasil, ha mostrado una solidaridad sin precedentes con toneladas de alimentos, agua y ropa enviadas con extraordinaria generosidad desde todos los rincones del país e incluso desde las comunidades brasileñas en el extranjero. Por otro lado, cada vez están más claros los errores y responsabilidades de los políticos, que a lo largo de los años han reducido los fondos y el mantenimiento de los sistemas anti-inundaciones que podrían haber evitado o al menos mitigado el desastre.

Especialmente se cuestiona el sistema anti-inundaciones de Porto Alegre, creado en la década de 1970 tras las dramáticas inundaciones de 1941 y 1967 para contener el Guaíba, que todos llaman río pero es un estuario que atraviesa la ciudad y tiene cuatro ríos diferentes como afluentes, el Gravataí, el Caí, el Jacuí y el Siros. Sin embargo, 50 años después, la ciudad ha pagado un alto precio. La culpa es de la negligencia sistemática perpetrada tanto por el gobierno municipal como por el estatal. A pesar de que el sistema se diseñó para soportar una crecida del Guaíba de hasta 6 metros, de hecho cedió a solo 4,5 metros porque a lo largo de los años se han robado motores que nunca han sido reemplazados, se han roto varias bombas hidráulicas y se han creado grietas de hasta 10 cm en las paredes desde las que se ha infiltrado el agua.

El ayuntamiento, como escribió el sitio de noticias Poder360, en lugar de solucionar seriamente el problema de las filtraciones había recurrido en años anteriores a “una solución medieval” colocando sacos de arena. “Los sacos de arena se utilizan para contener el agua sólo en una situación de emergencia y cuando no hay otra posibilidad. Es una alternativa para cuando no hay sistema de contención”, explicó a Poder360 el ingeniero civil y profesor de la UFRGS (Universidad Federal de Rio Grande do Sul) Fernando Dornelles. También se descubrió que de las 23 bombas hidráulicas encargadas de drenar el agua hacia afuera, sólo cuatro funcionaban a pleno rendimiento.

“Se produjo una situación similar a la de un barco agujereado, donde el agua entra por todos lados y se intenta sacarla con palanganas. En el caso del sistema de inundación de Porto Alegre, entró más agua de la que se podía sacar”, explicó Dornelles. Y cuando el agua llegó a la parte eléctrica de las bombas hidráulicas, hubo que apagarlas por riesgo de descarga eléctrica. Según los expertos, esta fue la principal causa de las inundaciones que desbordaron la capital de Rio Grande do Sul. Cabe recordar que mientras en 2021 el municipio de Porto Alegre había invertido 1,8 millones de reales (230 mil dólares) en el sistema anti-inundaciones, en 2022 la cifra se había desplomado a 141,9 mil reales (27 mil dólares) hasta llegar a cero en 2023.

Además, la sociedad civil exige ahora explicaciones sobre por qué no se hizo nada cuando, el 30 de abril, una semana antes de las dramáticas inundaciones, el Centro Nacional de Vigilancia y Alerta de Desastres Naturales (Cemaden), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, alertó sobre el riesgo de una posible catástrofe en Rio Grande do Sul. Por no hablar de las advertencias emitidas en los últimos años por diversos climatólogos de que inundaciones como la de 1941 podrían volver a ocurrir, especialmente en el periodo de el Niño, el fenómeno climático que calienta el océano Pacífico en su zona tropical, tal y como ocurrió este año.

Incluso el índice ND-GAIN, elaborado por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, había mostrado que Brasil ocupa el puesto 125, junto con países como Somalia y Senegal, en la lista de los más preparados para el cambio climático. Según los criterios de la clasificación, las causas de este bajo lugar son un alto nivel de desigualdad social, un bajo nivel de innovación, un entorno empresarial hostil y una mala calidad de la gobernanza pública. También está siendo objeto de acusación estos días la gestión de la crisis. Los expertos han denunciado una serie de fallos que la población ha pagado muy caros, como los retrasos en las alertas y avisos de evacuación, la apertura de refugios en zonas inundadas y la difusión de información inexacta y, en algunos casos, incluso errónea. “Las ciudades y el estado no están preparados para hacer frente a la situación y la población no recibe información eficaz sobre las medidas que deben tomarse”, declaró al diario O Estado de São Paulo Mariana Madruga de Brito, especialista en gestión de riesgos de catástrofe en Rio Grande do Sul. “No basta con decir que habrá inundaciones. La gente tiene que saber qué hacer, adónde ir, cuál es el comportamiento seguro”, afirmó Madruga de Brito.

Los datos del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) también revelan las omisiones del gobierno federal de Brasil, que ha ido reduciendo gradualmente los fondos para la prevención de desastres en los últimos años. Si en 2020 Rio Grande do Sul tenía asignados 17,4 millones de reales, 3,4 millones de dólares, en 2023 la cifra se redujo a 3,1 millones de reales, 600 mil dólares, convirtiéndose en el tercer estado brasileño con menos fondos, seguido sólo por Amazonas (3 millones de reales) y Paraiba (848 mil reales). En total, el gobierno de Lula, en su tercer mandato, gastó la cantidad más baja de los últimos años, 69,7 millones de reales, 13,6 millones de dólares, en prevención de catástrofes en todo Brasil. Los expertos afirman que si se hubieran hecho más y mejores inversiones, y sobre todo antes, se habrían reducido los daños de estos días, estimados por la Confederación Nacional de Municipios (CNM) en más de 967,2 millones de reales (188,3 millones de dólares), sólo para 25 de los 366 municipios que han declarado el estado de calamidad pública o de emergencia. La cifra está claramente destinada a aumentar cuando los demás municipios afectados puedan también contabilizar el valor de lo destruido.

Pero la cifra más preocupante se refiere a la agricultura. Rio Grande do Sul es uno de los principales motores de la agroindustria brasileña y el mayor productor de arroz. Para evitar que se agoten las existencias, los supermercados de todo el país ya están racionando las ventas de ese cereal tan importante para la dieta de los brasileños. También según las estimaciones del CNM, de los daños sufridos por los 25 municipios que ya han enviado su información, nada menos que 423,8 millones corresponden a la agricultura. El gobierno Lula ha anunciado un paquete de ayudas de 50.900 millones de reales (9.911 millones de dólares). La mayor parte de este dinero provendrá de anticipos o aplazamientos temporales de impuestos, mientras que el resto repercutirá en las arcas públicas en 7.700 millones de reales, 1.499 millones de dólares. El problema es que el Congreso ha decidido que las cantidades extraordinarias destinadas a Rio Grande do Sul deben quedar fuera de las metas fiscales de este año, lo que hace difícil, si no imposible, alcanzar el objetivo que se había fijado el ministro de Economía, Fernando Haddad, es decir, dejar los gastos iguales a los ingresos en 2024 y es posible que un déficit aún mayor tenga un impacto en la economía en los próximos meses. Además, Lula anunció a principios de esta semana la suspensión de los pagos de la deuda de Rio Grande do Sul durante tres años. Su gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que puede servir de base para todos los estados que se enfrentan a situaciones de catástrofe. Sólo por el hecho de no pagar intereses, Rio Grande do Sul dispondrá de 12.000 millones de reales, 2.337 millones de dólares, para destinarlos a la reconstrucción tras la tragedia que lo asoló. El riesgo, sin embargo, según los expertos, es que si este proyecto de ley no tiene una cobertura económica detallada, podría aumentar aún más el déficit nacional.

El gobierno Lula también ha declarado que, a la luz de lo ocurrido, invertirá 1.700 millones de reales, 331 millones de dólares, en nuevas acciones de prevención de catástrofes. Sin embargo, para Rio Grande do Sul ya es demasiado tarde. La organización no gubernamental de lucha contra la corrupción Transparencia Internacional advierte del riesgo sobre el uso de estos fondos. “Sin criterios técnicos para determinar dónde es más necesario y sin transparencia sobre cómo se utilizará, el dinero que podría salvar muchas vidas corre el riesgo de no llegar a quienes más lo necesitan”, se lee en sus redes sociales. Y mientras los brasileños siguen inundando Rio Grande do Sul con donaciones de artículos de primera necesidad no cayeron muy bien las palabras de Lula, que declaró el lunes que su gobierno “no tiene estructura para distribuir inmediatamente” las donaciones enviadas. Además, en la futura reconstrucción necesaria para el resurgimiento de Rio Grande do Sul, los chinos y los rusos del grupo BRICS corren ahora el riesgo de infiltrarse, ya que la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ahora al frente del Nuevo Banco de Desarrollo, más conocido como el banco de los BRICS, anunció la asignación de 5.750 millones de reales, 1.120 millones de dólares. “El banco BRICS”, dijo Rousseff, “implementará la reconstrucción y recuperación de la infraestructura de la región”.

Por si fuera poco, la catástrofe del sur de Brasil desencadenó también una guerra de desinformación con miles de mensajes difundidos en las redes sociales con noticias falsas sobre medicamentos bloqueados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) o camiones llenos de donaciones obligados a pagar impuestos y emitir notas fiscales. Por no hablar de las teorías conspirativas sobre el cambio climático. Tampoco faltaron los ataques de motivación política, como aquellos posteos en los que se dijo que los habitantes de Rio Grande do Sul, los gauchos, “se merecían la catástrofe porque votaron a un gobernador neoliberal”, a saber, Eduardo Leite, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). El eco de la desinformación sobre la catástrofe del sur de Brasil ha llegado incluso a Estados Unidos, en particular a las comunidades de latinos, como señala un informe del Instituto de Democracia Digital de las Américas que analiza el ecosistema digital en las comunidades latinas del Hemisferio: “Uno de los vídeos más populares entre los latinos de Estados Unidos fue el de una concejala del municipio de Maringá, en el estado de Paraná, que decía haber visto niños muertos flotando. La desinformación no conoce fronteras geográficas ni lingüísticas y no sólo está relacionada con los periodos electorales. Las catástrofes naturales derivadas de problemas climáticos han demostrado ser un terreno fértil para ello”, se lee en el informe.

Sin embargo, el gobierno de Lula, en lugar de contener esta disonancia cognitiva y de diluir este clima de odio que estalló con la tragedia de las inundaciones, ha salido al paso, volviendo a proponer el tema de un comité de control de las fake news. Su ministro de la Secretaría de Comunicación Social, Paulo Pimenta, llegó a pedir a la Policía Federal que abriera una investigación sobre quienes difunden “narrativas desinformativas y criminales” sobre el desastre de Rio Grande do Sul”. Según Pimenta, estas “narrativas” afirman “que el gobierno federal no está ayudando a la población” y que “la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) carece de agilidad”. Sin explicar la relación causa-efecto entre las críticas de la población y la reducción de la eficacia de algunas acciones del gobierno, Pimenta afirmó que “la difusión de falsedades puede disminuir la confianza de la población en la capacidad de respuesta del Estado, poniendo en peligro los esfuerzos de evacuación y rescate en momentos críticos”. Por si fuera poco, el pasado domingo el gobierno lanzó una campaña publicitaria para mostrar lo que ha hecho en el estado de Rio Grande do Sul desde la catástrofe, y Lula también decidió organizar una manifestación simbólica en los lugares afectados.

Es importante recordar, sin embargo, que en este magma también hay miles de ciudadanos indignados por la responsabilidad de la política, por los saqueos que están afectando a sus hogares y también por las estafas en las donaciones destinadas a ellos. “Hay posteos que simplemente expresan la rabia pública por la incompetencia de las autoridades o elogian la actuación de los civiles que rescataron a las víctimas y prestaron apoyo logístico a los desplazados”, escribió la experta en comunicación y semiótica Lygia Maria en el diario Folha de São Paulo.

“Intentar controlar las críticas de la sociedad al gobierno o a instituciones como las Fuerzas Armadas en momentos de calamidad pública es típico de las dictaduras, véase China, cuando estalló la epidemia de Covid-19, y la URSS durante la catástrofe de la central nuclear de Chernóbil. La eficacia de los regímenes democráticos deriva precisamente de la libertad para señalar los errores de las autoridades y exigir mejoras. Es natural, especialmente en situaciones catastróficas, que esto se mezcle con la desinformación. Por ello, el Estado brasileño debe frenar sus tendencias totalitarias y, si quiere evitar falsedades, debe participar en el debate público en lugar de utilizar su poder policial para perseguir a los ciudadanos”, escribió Lygia Maria. Lo paradójico de toda esta historia es que el principal protagonista de esta polémica, el ministro de la Secretaría de Comunicación Social, Paulo Pimenta, fue nombrado el martes por Lula nuevo ministro de Reconstrucción de Rio Grande do Sul.

infobae.com

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