En los últimos días, el gobierno nacional a través del Ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, ha manifestado una profunda preocupación ante las imputaciones de terrorismo y concierto para delinquir que se han llevado a cabo contra individuos que participaron en las protestas que marcaron el estallido social. Estas imputaciones han resultado en la privación de libertad de numerosas personas, lo que ha suscitado un debate acerca de la legalidad y proporcionalidad de tales medidas, así como de su impacto en el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En un esfuerzo por abordar esta preocupación y buscar una solución que garantice la justicia y el respeto a los derechos humanos, el Ministerio Osuna ha establecido un diálogo directo con la Fiscalía General de la Nación. En este contexto, se ha puesto en relieve una antigua directiva de la Fiscalía que sugería a los fiscales evitar imputar los delitos de terrorismo y concierto para delinquir en casos relacionados con manifestaciones sociales. Esta directiva, que anteriormente había contribuido a que la mayoría de los casos derivados de protestas sociales fueran tratados con la posibilidad de que los imputados enfrentaran sus juicios en libertad, fue dejada sin efecto por el Dr. Barbosa, generando un cambio significativo en la dinámica judicial.
Durante el diálogo con la Fiscal General, se transmitió la preocupación del gobierno por estas imputaciones y se compartió información relevante sobre el número de casos pendientes. Si bien se evidenció receptividad por parte de la Fiscal General, hasta el momento no se ha recibido una respuesta definitiva a las solicitudes planteadas. Esta situación ha generado una incertidumbre adicional en el ámbito gubernamental y entre la ciudadanía.
Recientemente, durante una sesión del gobierno con representantes de los barrios populares en Cali, el Presidente instruyó al gobierno para informar a los asistentes sobre las acciones que se están llevando a cabo en relación con este tema. En este contexto, se destacó la solicitud realizada a la Fiscal General y se expresó la esperanza de una respuesta positiva que permita abordar de manera justa y equitativa las preocupaciones planteadas.
Es importante subrayar que el gobierno nacional reconoce y respeta la independencia del poder judicial y de la Fiscalía General de la Nación, y reafirma su compromiso de acatar las decisiones que estas instituciones tomen en relación con los casos de imputaciones de terrorismo y concierto para delinquir derivados de las protestas sociales. Sin embargo, se reitera la importancia de garantizar que dichas decisiones sean tomadas en el marco del respeto irrestricto de los derechos humanos y de los principios democráticos que rigen nuestra sociedad. En este sentido, el gobierno continuará buscando vías de diálogo y colaboración con las instituciones pertinentes para asegurar que la justicia prevalezca en todo momento.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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