La Confederación General del Trabajo (CGT) encabeza la segunda huelga general desde el inicio de la gestión libertaria, que busca avanzar en el Senado con una cuestionada reforma laboral.
El movimiento obrero organizado de Argentina realiza este jueves un paro nacional de 24 horas contra el ajuste del Gobierno de Javier Milei. Los principales gremios paralizan la actividad en todo el país con la mirada puesta en el Senado por el tratamiento de la ley Bases, una iniciativa del oficialismo que avanza sobre los derechos laborales.
Se trata de la segunda medida de fuerza de este tenor contra la administración libertaria, y fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la central sindical más importante y representativa de Argentina.
Será clave para la efectividad de la protesta la adhesión total de los gremios del transporte, que harán más complicado el traslado de aquellas personas que decidan concurrir a sus lugares de trabajo. Trenes y buses no van a operar en toda la jornada; Aerolíneas Argentinas no hará vuelos; y el metro de Buenos Aires se verá afectado.
«Paro total»
Los bancos, la educación pública, la construcción, buena parte del comercio y la industria tampoco funcionarán este 9 de mayo. «El paro va a ser total», vaticinó Pablo Moyano, líder de Camioneros y uno de los tres dirigentes que componen el triunviro que conduce la CGT.
También se han plegado a la huelga los gremios nucleados en la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), que se divide en dos facciones, la Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Estas dos centrales agrupan a más de 30 sindicatos, pero no tienen representación legal.
La CGT ha dejado claro que uno de los motivos de este nuevo paro es rechazar la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentino —también conocida como ley ‘ómnibus’— que impulsa Milei en el Congreso y que ya obtuvo media sanción en Diputados, principalmente porque contiene una reforma laboral que flexibiliza condiciones de trabajo, beneficiando a empleadores y perjudicando a empleados.
«La patria no se vende», es el lema de la convocatoria.
«Es una forma de decirle a los senadores y senadoras, fundamentalmente a aquellos que están todavía dudando su voto, que no se puede llevar adelante y aprobar una ley que, todo el mundo sabe, va en contra de los jubilados, los trabajadores«, dijo Moyano en Radio 10. Y añadió que espera que con los votos del peronismo el proyecto «se caiga» en el Senado.
En su capítulo laboral, la iniciativa del Gobierno extiende de tres meses a un año el periodo de prueba para poder ser contratado; elimina las multas a los empresarios que no registren a los trabajadores (lo que les permite no pagar derecho a la salud, pensiones y jubilaciones); y facilita los despidos sin responsabilidad alguna para los empleadores, entre otras disposiciones.
Razones para un nuevo paro general
Sin embargo, la ley Bases no es el único motivo que ha impulsado en los últimos días protestas, cortes de calles, marchas masivas como la del 1 de mayo y asambleas en todos los sectores. El secretario adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, lo resumió en pocas palabras cuando un periodista le preguntó si no era «mucho» para un presidente que lleva solo 5 meses de gestión.
«Es un Gobierno que ha derrumbado 40 % el consumo, que ha prácticamente asfixiado a los jubilados y que puso en marcha desde el primer día un protocolo (de seguridad) donde se compara la protesta social con un delito a mano armada«, afirmó Schmidt a La Nación Más.
La pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones es otro factor determinante para la huelga. Aunque la retracción del consumo contuvo la suba de la inflación en los últimos meses, la tasa mensual sigue siendo alta -por encima del 10 %- y el acumulado interanual fue de 287,9 % en marzo.
Desde diciembre de 2023, cuando asumió el poder Milei y aplicó una devaluación del 50 %, los sueldos han quedado atrasados respecto al costo de vida. Máxime luego de la suba de tarifas por la quita de subsidios, la liberación del precio de los alquileres y la desregulación de los precios de la medicina privada y la gasolina, todas medidas del Gobierno que golpearon fuerte a la clase media.
En una reciente entrevista con la cadena BBC, el presidente Milei aseveró que en el último mes «los salarios empezaron a ganarle a la inflación, porque subieron 14 % y la inflación fue del 11 %». Esto es cierto si hablamos solo de marzo, pero si la foto se toma completa, la caída del salario real respecto al nivel de precios es del 17 % desde noviembre, de acuerdo a un análisis de Chequeado, y del 23,9 % (noviembre-febrero) según datos de la Remuneración Imponible de Trabajadores Estables (Ripte).
En los sectores más desfavorecidos la situación es crítica. Los comedores comunitarios denuncian que el Gobierno ha dejado de enviar alimentos, mientras la pobreza ya supera el 50 %, según estimaciones privadas.
De hecho, la Justicia intimó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que concurra a los tribunales en un plazo máximo de 10 días para dar explicaciones sobre el destino de los recursos no entregados, informó Ámbito Financiero.
En un comunicado conjunto, la CGT y la CTA detallaron las razones de una protesta «en defensa de los derechos laborales, sociales y por salario digno».
En un comunicado, las centrales pusieron en «evidencia» con solo algunos indicadores que «el ajuste no lo paga la ‘casta'» —como suele llamar Milei a la dirigencia política tradicional—, sino que «recae sobre los sectores más vulnerables». Allí mencionan: «Un 31 % de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87 % en obras públicas, un 39 % en subsidios al transporte, un 76 % en transferencias a las provincias, un 18 % en recorte a las universidades y un 13 % en programas sociales».
La postura del Gobierno
Desde la Casa Rosada intentaron minimizar el alcance del paro y, como suele ocurrir, lo tildaron de «político».
Este miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno les descontará el día a los trabajadores estatales que se sumen a la huelga general, la cual «no tiene una justificación aparente», dijo en su conferencia de prensa habitual.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, subestimó la protesta y avisó que aplicará el protocolo antipiquetes si se decide cortar calles durante la jornada.
«A nosotros no nos importa lo que hagan, vamos a seguir adelante con nuestro camino», aseguró la funcionaria en una entrevista con radio Mitre. «El Gobierno tiene una decisión tomada y la gente la sabe. Se aplicará el operativo antipiquetes si hay bloqueos a accesos. Garantizamos la libre circulación, no dejamos que tomen puentes, corten rutas; nuestra decisión es clara», afirmó.
Y le dejó un mensaje claro a la CGT: «Que se dejen de joder y vayan a laburar», dijo el miércoles durante su exposición en un acto del Rotary Club, en un hotel de Buenos Aires, reportó C5N.
La de este jueves será la segunda huelga nacional contra la administración mileísta, que asumió el 10 de diciembre de 2023. A poco más de un mes del cambio de Gobierno, el 24 de enero, las centrales obreras de Argentina lanzaron un paro general para rechazar las medidas de ajuste y flexibilización laboral contenidas en el ‘decretazo’ del mandatario, posteriormente frenadas en la Justicia.
Ley Bases, voto a voto
El oficialismo trabaja en comisiones del Senado para alcanzar el dictamen este mismo jueves, y tratar en el pleno el proyecto el próximo 16 de mayo.
Los tiempos apremian, ya que la intención del presidente Milei es sancionar la ley antes de la firma del Pacto de Mayo, una convocatoria a toda la dirigencia política pautada para el día 25 en la provincia de Córdoba. El jefe del Ejecutivo propuso a gobernadores, exmandatarios y líderes de los partidos políticos firmar «un nuevo contrato social» con las 10 políticas que «el país necesita», aunque varios ya avisaron que no asistirán.
En el Congreso el bloque de La Libertad Avanza tiene varias dificultades. Como no cuenta con mayoría de legisladores, necesita el apoyo de aliados y bloques de lo que llaman la «oposición dialoguista» para la aprobación de la ley.
Pero además, desde el peronismo kirchnerista, sector que no apoyará la iniciativa, denunciaron irregularidades en el trámite legislativo. Concretamente, señalaron que existen «diferencias» entre el texto de la Ley Bases que salió de la Cámara de Diputados y el documento que llegó al Senado para su discusión, que comenzó este martes.
Esto pone en riesgo el tratamiento de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en el Senado, ya que podrían declarar su nulidad.
actualidad.rt.com
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