Más retrocesos en Argentina: el Gobierno de Milei deja de informar sobre juicios de lesa humanidad

Gracias a ella, ahora en Argentina es posible repetir la narrativa que usó la dictadura para minimizar los delitos que dejaron una estela de 30.000 personas desaparecidas con el argumento de que hubo una guerra.

Contra las víctimas

Villarruel también suele insultar a las Madres y a las Abuelas de Plaza de Mayo, mujeres que se han ganado el prestigio internacional al salir a enfrentar a los represores para buscar a sus nietos e hijos desaparecidos.

Los cambios no son sólo discursivos. El mes pasado, el Gobierno anunció la suspensión de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado, ya que realizará una auditoría por supuestas «irregularidades».

Además, la nueva narrativa oficial que, en lugar de condenar, justifica a la dictadura, ha derivado en actos concretos de violencia.

Así ocurrió, por ejemplo, en vísperas de la marcha por el Día de la Memoria que cada 24 de marzo conmemora el último golpe militar, cuando una integrante de la red Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), la organización de derechos humanos integrada por hijas e hijos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar, fue agredida por dos individuos que la esperaban dentro de su domicilio.

Luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente, la ataron, la golpearon y abusaron sexualmente de ella, la amenazaron de muerte y en las paredes dejaron pintadas las siglas «VLLC» en referencia al lema «Viva la libertad carajo», que popularizó el presidente Javier Milei.

Es el hecho más grave, pero no el único. Entre otros casos, la Editorial Marea que cuenta con un amplio catálogo de libros sobre derechos humanos, sufrió un ataque cibernético.

Mientras, el 21 de marzo, William J. Burns, titular de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés), organismo que promovió el golpe de Estado en Argentina en 1976 y que también apoyó a otras dictaduras latinoamericanas, se reunió en Buenos Aires con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo que para los organismos de derechos humanos fue una provocación.

Al día siguiente, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, denunció que su teléfono estaba intervenido.

Ajuste

El Gobierno, por su parte, promovió en estos meses cambios legales para que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad interna, tal y como ocurría durante la dictadura.

También suspendió el programa que las Madres de Plaza de Mayo tenían en la Televisión Pública desde hace 16 años. Y el Día de la Memoria emitió un anuncio con Luis Labraña, un exguerrillero negacionista famoso por difamar a los organismos de derechos humanos.

Por otra parte, están en marcha los despidos masivos en el Espacio Memoria y Justicia, ubicado en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que fue el mayor centro clandestino de detención del país, y en todas las dependencias vinculadas con los derechos humanos, poniendo fin a políticas de Estado reconocidas a nivel mundial.

Los casos que demuestran los retrocesos en derechos humanos se acumulan. En febrero, el represor Horacio Losito fue homenajeado en la norteña provincia Misiones, quien pudo estar presente gracias a que, poco después de la asunción de Milei, obtuvo la libertad condicional.

A ello se suma la reunión que el ministro de Defensa, Luis Petri, mantuvo con grupos de negacionistas que apoyan la libertad para todos los represores. La más famosa es Cecilia Pando.

La semana pasada, el biógrafo oficial de Milei, Nicolás Márquez, provocó un escándalo al negar las violaciones que los militares cometieron en contra de las mujeres que secuestraban, así como el robo y apropiación de bebés, a pesar de que ambos delitos se han demostrado durante los juicios sobre los que, a partir de ahora, el Gobierno ya no ofrecerá información.

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