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En un giro alarmante, cerca de dos millones de artefactos militares han sido reportados como desaparecidos de dos cantones militares clave en Colombia: Tolemaida y La Guajira. Esta revelación pone de manifiesto una preocupante vulnerabilidad dentro de las instituciones militares del país y plantea serias interrogantes sobre la efectividad de los controles de seguridad.
Entre el arsenal faltante se encuentran armas de gran poder destructivo, incluyendo dos misiles, 500 granadas RPG, docenas de miles de granadas de mano, así como millones de municiones para fusiles calibres 5.56 y 7.62. Este impresionante desfalco no solo representa una amenaza inmediata para la seguridad nacional, sino que también arroja luz sobre cómo las organizaciones criminales han logrado infiltrarse en las instituciones militares, utilizando ideologías falsas como cobertura.
Lo más preocupante es el destino de estas armas. Con el flujo incontrolado de municiones tan letales, los criminales ahora tienen acceso a un poder de fuego devastador, el cual utilizan para perpetrar ataques contra miembros de la fuerza pública, civiles inocentes e incluso poblaciones vulnerables en otros países, como Haití.
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Estos actos no son simplemente robos o pérdidas materiales; son actos de mercenarios de la violencia y de la codicia. Es imperativo que la justicia no solo encuentre a los responsables materiales de este robo masivo, sino que también investigue a fondo los posibles vínculos de altos mandos militares comprometidos en estas operaciones ilícitas. Además, se deben rastrear y desmantelar los contactos nacionales e internacionales que facilitaron esta desaparición de armamento.
La seguridad nacional y la integridad de las instituciones militares están en juego. Es hora de que se tomen medidas urgentes para abordar esta grave situación y restaurar la confianza en las fuerzas armadas de Colombia.
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