Colonia Express no logró eliminar impuesto creado por el gobierno uruguayo, que se cobra solo por la vía acuática

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5 Turno ha emitido su veredicto respecto a la acción de amparo presentada por Colonia Express contra el Poder Ejecutivo, confirmando la desestimación de la demanda.

Esta medida responde al reclamo de la empresa ante la implementación de un nuevo gravamen por parte del gobierno, que implica un cargo adicional de US$2,10 más IVA a cada pasajero que ingrese o salga del país en barco.

Según el dictamen del tribunal, emitido el 23 de abril y al que tuvo acceso Montevideo Portal, Colonia Express considera la decisión del gobierno como “errónea” e ilegítima, argumentando que “no existe ley que la obligue a cobrar una suma de dinero a cada pasajero”.

La empresa critica la concentración del mecanismo de cobro en pocos actores y la falta de transparencia en la implementación del sistema de control en las fronteras, que, según ellos, vulnera garantías y derechos básicos de todos los involucrados.

El nuevo impuesto, establecido mediante el decreto 51/2024, se aplica directamente a cada pasaje vendido por las empresas de transporte fluvial que conectan Uruguay con Argentina. Su propósito es financiar la instalación y mantenimiento de un sistema de control fronterizo para los pasajeros que utilizan estos servicios.

El tribunal rechazó los argumentos presentados por Colonia Express, señalando que el recurso no logró cuestionar los fundamentos de la sentencia original. En su fallo, el tribunal destacó que la empresa fue designada como agente de retención del impuesto, afectando a los pasajeros más que a la propia empresa.

Anteriormente, tanto Buquebus como Colonia Express habían manifestado su descontento con el gravamen impuesto por el gobierno. Daniel Ochs, abogado representante de Buquebus, calificó la medida como una violación al principio de legalidad y destacó la falta de justificación del monto establecido por el gobierno.

El decreto ha generado controversia por su impacto en el mercado del transporte fluvial de pasajeros y la falta de claridad en la asignación de los costos del sistema de seguridad fronteriza. A pesar de la decisión del tribunal, el debate sobre este gravamen y su legalidad continúa siendo objeto de atención y discusión en el ámbito público y legal.