Venezuela presenta ante CIJ defensa y posición histórica sobre Guayana Esequiba

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó este lunes en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Países Bajos, lo que Caracas llama la posición histórica en relación con la disputa fronteriza con Guyana en el Esequibo.

En declaraciones en la previa de la presentación oficial de la posición venezolana, la vicepresidenta recordó que «El laudo criminal de 1899 fue un fraude. Venezuela nunca ha consentido la jurisdicción de la Corte para esta controversia territorial; el único instrumento válido es el Acuerdo de Ginebra de 1966».

Asimismo, afirmó que «Venezuela es un país reconocido por cumplir los acuerdos internacionales» e insistió en que «hemos alertado cómo Guyana de manera insólita quiere validar un crimen, algo ilegal para esta corte». Denunció, en ese sentido que «se está preparando un agresión contra Venezuela».

Rodríguez presentó, a continuación, una declaración del Gobierno venezolano con los puntos esenciales de la posición que se presenta esta jornada en La Haya. Se trata de un «documento contentivo de la verdad sólida y la posición oficial, en relación con las bases históricas y actuales de su derecho soberano sobre la Guayana Esequiba».

No obstante, el comunicado especifica que «este documento no implica el consentimiento de Venezuela ni el reconocimiento a la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ni de la decisión que pueda adoptar sobre este asunto».

De acuerdo a la posición venezolana, «en marzo de 2018 la República Bolivariana de Venezuela fue
informada de uno de los eventos de mayor gravedad en la historia de la controversia sobre la Guayana Esequiba: la República Cooperativa de Guyana se había atrevido a irrumpir violentamente contra el Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional al demandar unilateralmente ante la Corte Internacional de Justicia la validez del fraudulento laudo arbitral de 1899 de forma irregular».

Abundan, en esa dirección que «La desesperación de Guyana se había desbordado en su avaricia por robar
las inmensas riquezas que pertenecen a Venezuela».

Caracas recuerda que el 17 de febrero de 1966, Venezuela, el Reino Unido y la Guyana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana, «suscribieron el Acuerdo de Ginebra con el objeto de poner fin a la controversia territorial mediante un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para todas las partes».

Venezuela insiste en que «siempre el objeto, naturaleza y razón ha sido resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, mediante la negociación política, pacífica y diplomática».

Ante esa situación, Caracas recuerda que «Venezuela, partiendo del despojo orquestado por el Reino Unido y ejecutado mediante el fraude arbitral de 1899, ha tenido una legítima y justificada desconfianza histórica con estos mecanismos, dado el poder decisivo que ejercen los imperios coloniales sobre estas instancias para imponer sus intereses y despojar a los pueblos. Solo el Acuerdo de Ginebra es el instrumento para resolver esta controversia».

Venezuela insiste en que su Estados «es uno de los 119 Estados que no reconoce la jurisdicción obligatoria de la Corte».

De acuerdo al comunicado gubernamental, «son innegables las presiones ejercidas por Guyana, con el
apoyo de la diplomacia imperial de los Estados Unidos de América, sobre la Secretaría General de la ONU para que la controversia fuera remitida a la Corte Internacional de Justicia, abandonando la obligación y la práctica de más de 60 años para la consecución de una solución práctica y satisfactoria para ambas partes, que es el objeto verdadero del Acuerdo de Ginebra», de 1966.

Ante ello, Caracas ratifica que el «único camino posible para la solución de la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba es el regreso de Guyana a la mesa de negociación para hacer efectivo el arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes, al que se comprometieron en el Acuerdo de Ginebra».

En definitiva, «Venezuela ratifica su compromiso pleno con los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo su absoluto e irrenunciable apego al Acuerdo de Ginebra.

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