La Santa Sede en la ONU apoya una norma mundial que castigue los crímenes contra la humanidad

El arzobispo Gabriele Caccia es el «nuncio de Naciones Unidas», o, más exactamente, el observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas. Sus intervenciones en los debate internacionales y ante los embajadores tienen una importante fuerza moral, y también diplomática. Llegó al cargo en noviembre de 2019, cuando su predecesor, el filipino
Bernardito Auza, fue designado como Nuncio para España, donde aún permanece.

Caccia intervino recientemente en Nueva York durante la 78ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

Explicó que la Santa Sede apoya que se cree un instrumento «universal, multilateral y jurídicamente vinculante» para la prevención y el castigo de los crímenes contra la humanidad, sobre la base del derecho consuetudinario existente, con el fin de «defender la dignidad de toda persona humana».

Esta 78ª sesión ha dedicado varios días a un texto sobre la prevención y el castigo de los crímenes contra la humanidad.

La Santa Sede pide «consenso» y adhesión «universal» a tal instrumento, además de «garantías adecuadas» para evitar posibles conflictos con el deber de los Estados de defender el derecho a la vida, prevenir la tortura y respetar otros derechos humanos fundamentales.

Reparar a las víctimas: puede ser un país, o otras entidades

La diplomacia vaticana pide defender la «dignidad» de las víctimas de crímenes, lo que incluye su derecho a indemnizaciones y asistencia para «reparar los daños sufridos y facilitar su reintegración en la sociedad».

A veces, hay Estados que «no tienen disponibilidad» para reparar esos daños, y en esos casos deberían participar otras entidades, «ya sean Estados, organizaciones internacionales, ONG, instituciones de caridad religiosa».

No extraditar a quien pueda ser ejecutado

Además, la Santa Sede apoya la redacción actual del proyecto que permite a los Estados que han abolido la pena de muerte no extraditar a un presunto delincuente si corre el riesgo de ser sometido a la pena de muerte.

Las naciones que mantienen la pena de muerte en su legislación, pero no la aplican en la práctica, deberían poder rechazar la extradición sobre la misma base, propone la diplomacia vaticana.

Pero la diplomacia vaticana señala que se opone a sustituir el término «sexo» por «género» entre los motivos válidos para denegar la extradición en crímenes transnacionales, algo que propone la Comisión de Derecho Internacional de la ONU.