Los obispos, Cáritas, la Confer y Redes piden la regularización de casi medio millón de inmigrantes

El departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, la Confer (Conferencia Española de Religiosos), Cáritas y Redes (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) hicieron público este viernes un comunicado conjunto en el que piden a los partidos políticos del Congreso de los Diputados que tomen en consideración una ILP  (Iniciativa Legislativa Popular) promovida por más de setecientos mil electores para la regularización masiva de inmigrantes.

Cerca de medio millón de ilegales

La cifra estimada por los propios proponentes oscila entre 390.000 y 470.000 personas, una tercera parte de ellos menores de edad, para quienes se pide un Real Decreto del Gobierno que legalice en el plazo de seis meses la situación de residencia ilegal de las personas presentes en España antes del 1 de noviembre de 2021.

Según la ILP, el sistema de acceso a la residencia establecido por la ley de extranjería es «insuficiente y limitado», con criterios de acceso a la residencia «altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento», con un procedimiento administrativo «lento», «burocrático» y «con un elevado margen de discrecionalidad»: «Esta dinámica genera una espiral de vulnerabilidad y desprotección que acrecienta la exclusión social e impacta en el conjunto de la sociedad.  Por ello, consideramos imprescindible la búsqueda de mecanismos que garanticen que  dichas personas puedan salir de la situación de invisibilidad y «no derechos» como  consecuencia del estatus migratorio irregular«.

Las instituciones de la Iglesia comparten estos juicios, dado que «llevan desde el año 2021 apoyando el proceso por una regularización extraordinaria de las personas que residen en situación irregular en nuestro país».

La intervención del comunicado se produce porque el próximo martes 9 de abril se debatirá la toma en consideración de esa proposición de ley. Según las entidades católicas citadas, «resultaría incomprensible que esta iniciativa no sea debatida por los representantes políticos en la sede de nuestra soberanía popular».

La opinión del presidente de la CEE

En un mensaje en su perfil de Twitter, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, apoyó este jueves la toma en consideración al considerar que «los diputados han de lograr acuerdos sobre cuestiones centrales de la dignidad humana y la convivencia»: «La inmigración lo es», añadió, «sería absurdo que se impidiera este debate«.

También señaló cuál sería el resultado deseado en caso de que llegase a tramitarse: «Queremos que nuestros representantes dialoguen y acuerden unas bases mínimas de “regulación” de personas que viven aquí varios años».

Éxito infrecuente

Los partidos políticos suelen ser reacios a tramitar las iniciativas legislativas populares.

Según un estudio que abarca de 1983 a 2019, solo 13 de las 107 registradas llegaron a votarse, siendo rechazadas 10. De las tres aprobadas, dos fueron incluidas en otras iniciativas y solo una se aprobó por sí sola, aunque con modificaciones. La mayor parte decaen por no alcanzar en plazo las 500.000 firmas exigidas, o por desistimiento de los proponentes, o por no ser admitidas a trámite por la Mesa del Congreso.

En la presente legislatura, hasta el momento, se han presentado doce con temas muy diversos, desde el himno nacional a cuestiones de dependencia o la protección del derecho de uso del dinero físico.