La localidad de Tambores continúa en lucha contra la instalación de la planta de hidrógeno verde y metanol

La Suprema Corte de Justicia desestimó la acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de vecinos de la zona de Tambores contra el decreto que habilita la instalación de una planta de hidrógeno verde y metanol. Cley Espinosa, abogado del grupo, y la integrante Laura Villalba, dialogaron al respecto con La Mañana.

La acción presentada por los vecinos de Tambores y zonas aledañas se opone a que la empresa alemana Enertrag –Belasay SA en Uruguay– instale una planta de hidrógeno verde y metanol y utilice el agua subterránea del acuífero Guaraní para la producción. El hidrógeno verde se presenta como uno de los productos que sustituirá a los combustibles fósiles en un futuro, ya que se obtiene a partir de energías renovables y del agua, sin embargo, hoy solo existen planes piloto.

El recurso presentado por el grupo, con la asesoría del abogado Cley Espinosa, reclamaba que se diera marcha atrás respecto a la recategorización de cien hectáreas que utilizaría la empresa europea. El decreto de la Junta Departamental daba el visto bueno para que esos suelos pasen de rural productivo a suburbano industrial, modificación fundamental para que la compañía continuara con su proceso de instalación.

La acción indicaba que el decreto es inconstitucional porque solo podía ser aplicado a ese terreno y para esa empresa en particular, “emprendimiento que es violatorio de la Política Nacional de Aguas que debe tener nuestro país”, según indicaba el escrito. No obstante, hace poco más de un mes, la Suprema Corte de Justicia desestimó la acción.

El organismo indicó, textualmente, que determinar si el proyecto presentado por la empresa cumple o no con la normativa departamental excede el ámbito material del proceso de inconstitucionalidad. En otras palabras, la Suprema Corte aseguró que la acción de inconstitucionalidad no puede prosperar, ya que la decisión impugnada no es materialmente un decreto departamental con fuerza de ley en su jurisdicción, porque refiere a la situación particular de un padrón determinado y a una solicitud puntual. Entonces, no posee la nota de generalidad, lo que es indispensable para la procedencia de una acción como esta.

En ese sentido, Espinosa dijo a La Mañana que el escrito contaba con un planteo de inconstitucionalidad “bastante creativo”. Comentó que, en ocasiones, los proyectos como el de la planta no pasan por ningún tipo de control público, entonces en el momento en que sí pasaron por la Junta Departamental se dio lugar a un decreto, y como la comunidad tomó cuenta de ello, decidió manifestarse al respecto.

“Teniendo en cuenta el artículo 47 de la Constitución de la República sobre la protección del medioambiente como interés general, nosotros planteamos que no era viable el cambio de categoría del suelo”, explicó el entrevistado.

El abogado indicó que la respuesta de la Suprema Corte de Justicia implicó un argumento de tipo formal, por entender que al decreto de la Junta le falta la nota de generalidad, ya que no es una norma que rija a todo el departamento, sino que se centra solo en el suelo recategorizado. “Por eso no se pronunciaron sobre los temas de fondo, como el agua y el ambiente”, dijo.

¿Qué pasos seguir?

Espinosa sostuvo que el grupo de pobladores sigue consolidado y monitorea la situación en la medida que sucedan cosas, “hay acciones posibles durante el transcurso del proceso si es que continúa el plan de instalación. Por lo pronto, hay un decreto de la Junta que se debe cumplir, y uno de sus artículos dice que no se puede utilizar ni agua superficial ni subterránea para ese proyecto. Tenemos que ver cómo se cumple”, detalló.

El entrevistado entendió que la acción llevada adelante, por más que no prosperó, sirvió para dar un mensaje de resistencia por parte de la población. “Lástima que no hubiera el pronunciamiento que queríamos. Además, queremos saber si el artículo 47 es letra muerta en la Constitución frente a este proyecto”, agregó.

Eventualmente, indicó Espinosa, es posible tomar alguna acción internacional, pero considera más viable hacer planteos generales sobre políticas de agua a nivel nacional o regional, debido a que el acuífero Guaraní nos excede como país e involucra a Argentina, Brasil y Paraguay.

Destacó del fallo que el grupo es un colectivo de ciudadanos muy próximos a la zona afectada y la empresa cuestionó la legitimidad del planteo ciudadano, pero la Corte consideró que sí están legitimados. “Vivo a unos veinte kilómetros de la zona, me interesó el tema y entiendo que va más allá de Tambores. Me parece que el agua es de los temas más importantes que podemos plantearnos de aquí hacia el futuro. Es por respeto a nuestra soberanía, y a pensar en clave de región, porque estamos en un continente y cuidar el acuífero Guaraní es una obligación”, expresó.

La unión más allá de las fronteras

Laura Villalba vive a cincuenta kilómetros de Tambores, es maestra jubilada, integrante de la Red de Semillas Nativas y Criollas y del colectivo en defensa de los bienes naturales Agua y Vida. En conversación con La Mañana sostuvo que antes del fallo de la Suprema Corte de Justicia estaban esperanzados con la idea de frenar o modificar aspectos del proyecto. “Nos tomó un poco por sorpresa la sentencia, nosotros imaginamos que tendríamos puntos a favor debido a lo bien argumentado que estaba el escrito”, aseguró.

El único foco del escrito no era la recategorización del suelo, sino también lo vinculado al agua y el aire, a cómo este proyecto podría afectar el medioambiente en general, y al no recibir la respuesta que esperaban, sintieron desesperanza. “Cley nos explicó la parte legal, pero nos llamaron la atención algunas cosas, y nos quedó la duda de la legitimidad del decreto de la Junta Departamental y algunos términos que nos dejaron dudando, porque el foco solamente se puso en la norma y no en otros aspectos que tienen que ver con los recursos naturales de todos. Por ejemplo, no apuntaron al tema del cuidado del agua subterránea”, expresó.

Cuando el grupo asumió que el primer planteo no sería tomado como válido, comenzó a pensar en otras ideas “para no bajar los brazos”. Villalba dijo que se encuentran analizando otras acciones, pero que aún están en estudio, “y sabemos que estas denuncias pueden trascender el ámbito nacional”, acotó.

Una de las cosas que más les importa es continuar en acción, reuniéndose con otros grupos, “porque, además, cada vez proliferan más agrupaciones a nivel nacional. Algunas ya existían desde hace muchos años, con empujes más visibles o no, y adaptadas al contexto. Nosotros estamos tomando contacto con varias de ellos”, añadió.

Cabe señalar que la agrupación de vecinos no es un conjunto de personas ambientalistas; en general, son productores de una zona rural y en el día a día trabajan por el cuidado de los bienes que son de todos: humanos, plantas y animales. “En el grupo no opinamos todos exactamente igual, pero sí concordamos en que este proyecto de hidrógeno verde es demasiado para el pequeño territorio que tenemos en Tambores, en el que el aire sería sobreutilizado, al igual que el suelo y el agua”, expuso Villalba.

Existe otro proyecto en Uruguay, de un grupo saudí (Alfanar Energía) que pretende producir hidrógeno verde y amoníaco en Rocha, la entrevistada se refirió a este caso y se cuestionó: “¿Hasta cuándo seguiremos entregando los bienes que no solo son nuestros, sino que también pertenecen a los seres humanos del futuro?”.

Enfatizó en la importancia de vincularse con agrupaciones nacionales, pero también con grupos de la zona de Tambores, Valle Edén, Piedra Sola y muchos más. “Es preciso reforzar lo local, aunque para el agua subterránea no hay fronteras”, agregó.

Por otro lado, comentó que la contracara del proyecto es la creación de puestos de trabajo, “algo muy necesario”. “Hace un tiempo tuvimos una reunión en Tambores por una investigación que está haciendo Udelar, junto a un instituto alemán y una universidad argentina y lo ideal sería que pudiéramos crear otras oportunidades laborales para la zona”, explicó.

En ese sentido, habló de la posibilidad de armar una ruta textil-turística, una planta de reciclados, o pensar en posibilidades para que ese discurso del trabajo no pese tanto. “Porque hay quienes se oponen, pero por lo laboral lo ven como una oportunidad”.