Un nuevo frente político ha emergido en la arena colombiana con la determinación de desafiar las decisiones gubernamentales que consideran contrarias al orden legal y a los intereses del país. Bajo el estandarte de la legalidad y el respeto por las instituciones, el Centro Democrático y Cambio Radical han dado un paso al frente, liderando una coalición de congresistas y figuras prominentes de la sociedad civil en un movimiento denominado “Promotores de la Legalidad”.
Su primera cruzada se ha centrado en el programa Jóvenes en Paz, una iniciativa que otorga una transferencia de un millón de pesos a jóvenes en riesgo de caer en la delincuencia. Este proyecto, promovido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, ha sido el blanco de críticas y cuestionamientos por parte de la oposición, quienes lo consideran no solo como un derroche de recursos públicos sino también como un paso hacia la consolidación de un modelo de gobernanza basado en decretos que, según ellos, carecen de validez legal.
“La manera en que el presidente Petro está tratando de gobernar a través de decretos ilegales es preocupante”, expresó el representante Miguel Uribe, destacando la preocupación compartida por sus colegas del Congreso, David Luna y Carolina Arbeláez. Este trío de líderes políticos ha puesto en marcha una acción legal contra el programa Jóvenes en Paz, presentando una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La demanda, que ha sido admitida desde el pasado 7 de febrero, alega la violación de derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.
La fuerza detrás de este movimiento no se limita únicamente a los pasillos del Congreso. Ciudadanos preocupados, académicos y exministros de renombre, como Wilson Ruiz, exministro de Justicia durante el gobierno de Iván Duque, se han unido en apoyo a esta causa, subrayando la importancia de preservar el Estado de Derecho y la transparencia en la gestión pública.
Sin embargo, la lucha de “Promotores de la Legalidad” no se limita al programa Jóvenes en Paz. Con un ojo vigilante sobre las decisiones del presidente Petro, el movimiento ha dejado claro que estará preparado para enfrentar cualquier intento de imponer reformas a través de decretos, en lugar de seguir los procesos establecidos por la legislatura. Esta posición se refuerza tras las recientes declaraciones del presidente Petro, quien expresó su intención de encontrar alternativas para avanzar en sus reformas ante la inacción del Congreso.
A pesar de las palabras conciliatorias del presidente, el ministro del Interior ha enfatizado que el gobierno no tiene la intención de obviar al Congreso, desestimando las insinuaciones previas del presidente de la corporación legislativa. Además, el ministro ha señalado que las experiencias pasadas, particularmente en relación con las medidas para La Guajira, han dejado lecciones importantes, recordando cómo todas ellas fueron revocadas tras enfrentar desafíos legales y políticos.
En medio de un panorama político cada vez más polarizado, el surgimiento de “Promotores de la Legalidad” representa un recordatorio contundente de la importancia de los controles institucionales y el imperio de la ley en la democracia colombiana. Su determinación para desafiar los decretos gubernamentales y garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión pública promete ser un factor clave en el debate político del país en los próximos meses.
- Colombia | Gobierno de Petro, entrega tierras a familias desplazadas en Chimichagua: un paso más hacia la justicia agraria - 22 de noviembre de 2024
- Colombia | Ministra de Justicia reafirma compromiso con la armonización entre jurisdicciones indígena y nacional - 22 de noviembre de 2024
- Colombia | Turbo se suma a la revolución digital con Talento TECH: formación gratuita para todos - 22 de noviembre de 2024