Imagen Cortesía- Día del Defensor de Familia
En medio de la conmemoración de los 55 años de la Fundación Pisingos y del Día del Defensor de Familia, los representantes de este gremio han alzado su voz para exigir al gobierno nacional un fortalecimiento inmediato de sus despachos, así como el cumplimiento riguroso de la Ley 2126 de 2021, específicamente en su Artículo 44.
El Fiscal de la Asociación Colombiana de Defensores de Familia, Leonel Barreto Alfonso, destacó la urgencia de una transformación cultural que sitúe los derechos de los niños, niñas y adolescentes como eje central de la sociedad. Barreto enfatizó: «Sin una efectiva garantía de sus derechos, la justicia familiar se convierte en una mera ilusión, poniendo en riesgo el bienestar de las generaciones futuras».
La cifra alarmante de solicitudes de intervención recibidas por el ICBF durante el año 2023, superando las 936 mil, y las aproximadamente 90 mil registradas en lo que va del año actual, subraya la abrumadora demanda que enfrentan los Defensores de Familia. Dentro de este contexto, más de 71,000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en Proceso de Restablecimiento de Derechos, con la violencia sexual y la omisión o negligencia como los principales motivos de intervención.
Barreto Alfonso resaltó la falta de recursos y la sobrecarga de funciones como desafíos adicionales para los defensores de familia. Añadió que, a pesar de las nuevas responsabilidades asignadas por el Congreso en años recientes, no se han proporcionado los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento efectivo, lo que pone en peligro el bienestar de los menores afectados.
Fiscal de la Asociación Colombiana de Defensores de Familia, Leonel Barreto Alfonso
En un giro significativo, en solo cuatro meses, los Defensores de Familia asumirán de manera exclusiva las facultades para abordar los casos de violencia sexual dentro del ámbito familiar. Sin embargo, esta medida se ve obstaculizada por la falta de infraestructura y recursos adecuados, según señala Barreto Alfonso, lo que podría resultar en un colapso del sistema de justicia familiar si no se toman medidas urgentes.
Para abordar estos desafíos, el Fiscal de ACOFEFAM hizo un llamado a una transformación cultural que promueva el respeto de los derechos de los niños y niñas desde temprana edad, así como el cumplimiento de las obligaciones parentales. Esto implica proteger a los menores de situaciones de conflicto y violencia, así como exigir el compromiso de los grupos armados ilegales en el proceso de paz para garantizar su reintegración segura a la sociedad.
La urgencia de fortalecer los despachos de los Defensores de Familia y garantizar el cumplimiento de la ley no puede ser ignorada. Solo con un compromiso decidido hacia la protección de los derechos de la infancia y una inversión real en recursos y capacitación, podremos construir un sistema de justicia familiar que verdaderamente responda a las necesidades de las generaciones venideras.
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