La Fiscalía ha expresado su preocupación sobre reformas al COIP que se debate en la Asamblea Nacional: que se cumpla a rajatabla un plazo para desarrollar una investigar previa, y que el investigado pueda solicitar el archivo de la causa.
La reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se debate en la Asamblea, contiene un artículo que, según la Fiscalía, se entromete en sus funciones.
Por un lado, obligándola a cumplir a rajatabla los plazos que debe durar una investigación previa y, por otro, compartiendo la potestad que tiene para solicitar el cierre de un caso con el propio investigado.
En el primer caso, la reforma se plantea en estos términos:
“Transcurridos los plazos señalados, de no contar con los elementos necesarios para formular cargos, la o el fiscal, en el plazo de diez días, de manera obligatoria, solicitará el archivo del caso con el que se cerrará la investigación”.
Lo segundo, y más polémico, es que la Fiscalía, dueña de la investigación, no será la única que podrá solicitar el archivo de la causa:
“Si la o el fiscal no solicita el archivo de la investigación, la persona investigada lo solicitará al juez de garantías penales para que proceda al archivo, conforme al trámite establecido en el artículo siguiente.”
El texto de la reforma, contiene un plan b por si las anteriores propuestas no tuvieran los votos suficientes. En las disposiciones transitorias se lee:
“A solicitud de la persona investigada, las y los jueces de garantías penales deberán resolver el archivo de las investigaciones previas cuyos plazos máximos de duración hubieren fenecido a la fecha de promulgación de la presente reforma”.
Para la Fiscalía, esta reforma ignora que la constitución señala que es titular de la acción penal y considera que obligarle a archivar investigaciones previas en delitos que aún no prescriben, es uno de los intentos de generar impunidad, pues existen investigaciones que implican un tiempo mayor.
ecuavisa.com
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