PARA PRENSA MERCOSUR- Cuenta X: Fastidiardo
Cada cierto tiempo vuelven a salir a la luz, así como las escandalosas cigarras, las suspicacias e inconformidades de la ciudadanía con el aparato judicial en Colombia. Recientemente han surgido varios hechos que han mantenido viva esa discusión, para comenzar, sin lugar a dudas, todo el escándalo en torno a la gestión y ahora la elección del fiscal general de la nación.
De otro lado las decisiones de la Corte Constitucional que ha echado por tierra algunas propuestas del actual gobierno, como lo fue la declaratoria de emergencia para canalizar recursos para entrar a resolver la crónica crisis y el abandono y desidia gubernamental en la Guajira, y actuaciones del Consejo de Estado en contra de la elección popular de algunos representantes de la izquierda. Eso sin pasar por alto la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta que recientemente anuló la elección de JORGE LUIS AGUDELO, representante del partido Fuerza Ciudadana, como alcalde de Santa Marta.
Expresiones como esa de que “la justicia es para los de ruana”, encuentran su confirmación fáctica en la revelación de la existencia de un 94% de impunidad y un cierre precoz de una gran parte de las denuncias que las personas, ciudadanos comunes, han presentado ente la Fiscalía, en la liberación y la concesión de “casa por cárcel, a políticos y personajes de “alta alcurnia” señalados de diversos crímenes, el paupérrimo avance de las investigaciones contra otros indiciados de conductas delincuenciales en contra del erario, compra de testigos, fraude procesal.
La única entidad que ha salido avante y conserva gran credibilidad y aprecio entre la ciudadanía es la JEP, fruto del proceso de Paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la mayor parte de lo que antes fueran las FARC.
Recientemente quienes han estado en el ojo del huracán son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes luego de varios meses de tener en su poder las hojas de vida de eximias juristas ternadas por el presidente de la República, Dr. Gustavo Petro Urrego, para la escogencia, por parte de esa alta corte, de quien ocupará el cargo de Fiscal General de la Nación, a pesar de no haber presentado ningún reproche a las candidatas, ahora salen con la noticia de que no han tenido tiempo suficiente para revisar sus currículos y formarse un concepto objetivo acerca de sus cualidades y, seguidamente, decidirse a votar por una cualquiera de ellas.
Y es que la situación con el tema del fiscal general no ha sido de pequeño cuño.
Escándalo tras escándalo, el señor Francisco Barbosa, ha llegado a trancas y mochas al final de su periodo constitucional, luego de haber sido elegido hace cuatro años unánimemente por una Corte Suprema de Justicia que pasó por alto el que este señor, según él mismo, el más preparado del país, amigo entrañable del anterior presidente Iván Duque Márquez, compañero de estudios del mismo, no tenía entre el inventario de sus múltiples estudios la especialidad o maestría o mínimamente un diplomado o un curso por correspondencia en derecho penal.
Los “logros” de los que se ufana el citado ciudadano, durante su gestión a la cabeza del ente acusador, contrastan ampliamente con la revelación de cifras de un 94% de impunidad en los asuntos a su cargo, el cierre temprano de un altísimo porcentaje de las denuncias ciudadanas, la conversión de la Fiscalía en bufete de defensa de importantes políticos con una cola enorme de investigaciones y reproches ciudadanos, a diferencia de la manera como se ha actuado en otros casos para judicializar a personajes con notables diferencias ideológicas con el señor Francisco Barbosa.
Se suma a lo anterior la lentitud y el silencio frente a investigaciones que comprometen a altas figuras de la propia Fiscalía por probables nexos con estructuras criminales, el archivo apresurado de las que se llevaban en contra de la esposa del Fiscal y de la Vicefiscal Martha Mancera.
Adicionalmente, para nadie es un secreto la clara participación en política del titular del ente acusador quien ha actuado como vocero no de la justicia sino de la oposición al gobierno de Gustavo Petro y no ha escatimado oportunidades para declarar sus desacuerdos con las políticas y la gestión del gobierno del Cambio no sólo en escenarios nacionales sino internacionales.
La crisis de la Justicia en Colombia es patente, es estructural y es muy preocupante.
Una de las personas que ha sido, a plena luz del día, perseguida y abusada laboral y judicialmente por la actual plana mayor de la Fiscalía es la reconocida jurista y fiscal Angélica Monsalve Gaviria quien en un reciente trino expresó con gran tino lo siguiente:
«Otro círculo vicioso, otro conejo a la justicia: 1. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son electos por ellos mismos, se escogen de las listas enviadas por los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura 2. Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, son elegidos por la Corte Suprema de Justicia 3. Los Magistrados de la Corte Constitucional, son elegidos por ternas hechas por la Corte Suprema de Justicia 4. La Corte Suprema de Justicia, nombra a los Magistrados de la CSJ y Magistrados de los Tribunales Superiores en provisionalidad 5. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eligen magistrados de los tribunales superiores de Distrito Judicial 6. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eligen fiscal general de la Nación 7. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, seleccionan candidato de la terna a procurador y a contralor general. Cómo pueden ver, son súper poderes que giran en torno a ellos mismos, y 50 millones de colombianos estamos gobernados por la voluntad de 23 Magistrados, por los cuales no votamos. Esta es la razón por la cual, Colombia requiere una reforma estructural del Estado y eso, solo se lograría con una Asamblea Nacional Constituyente. ¡El poder debe residir en el pueblo!”
Angélica Monsalve Gaviria
Todo está urdido para que unos individuos que no son elegidos por voto popular ni escogidos por concurso de méritos, detenten un poder que les permite definir la cabeza de toda la rama judicial. Una oda al compadrazgo, nada de pesos ni contrapesos: Algo hiede…
Si no hubiera fraude ni manipulación mediática ni juego sucio, el presidente sería la expresión de la voluntad popular, al igual que el legislativo. Eso es democrático, no perfecto. Si “el poder reside en el pueblo” ¿por qué toda una rama del mismo escapa a ese arbitrio?
El compadrazgo es antidemocrático, garantiza el dominio de la rama judicial por los partidos de las élites corruptas que han detentado el poder, de ahí la impunidad, la venalidad y la politización de la Justicia. Ese es el sustento de la expresión “La Ley es para los de ruana” …
Eso también permite entender la postura que expresó el ex magistrado Jaime Arrubla, cuando en una entrevista reprochó que las juristas ternadas por el presidente podrían tener el conocimiento y la experiencia, pero carecían de la “clase” para ocupar un cargo de tan altísimo nivel.
Si fuera cierta y no sólo una expresión cosmética aquella de que “el poder y la soberanía residen en el pueblo”, todas las ramas del poder deberían ser la expresión de su voluntad o, por lo menos, del mérito generado por los conocimientos y experiencia de sus representantes.
La tal cooptación no es otra cosa que una sublimación del tráfico de influencias, estamos, dicen muchos, bajo la tiranía de un aparato judicial politizado, infiltrado por la oposición inteligente, desgastado, cuestionado, que deja muchas dudas acerca de su objetividad, de su rigor y lealtad a los principios tutelares de nuestra nación definidos en nuestra carta magna, esa bien intencionada colcha de retazos.
Las cosas están detalladamente urdidas para garantizar la impunidad, pero esa impunidad sólo rige para los grandes perpetradores, para aquéllos que, abusando de su cargo, utilizan recursos públicos para sacar a pasear a sus mascotas, para hacer mejoras en su lugar de residencia, como denuncia en un artículo minucioso Yohir Akerman, para gastar los últimos cartuchos de su poder haciendo proselitismo político en su favor, a la vez que difunden información falsa sobre sus presuntas proezas y logros; para los que escamotean maletas llenas de quien sabe qué tesoros de las oficinas públicas, para los que filtran información reservada en forma selectiva para prejuzgar y lapidar a sus adversarios políticos ante la opinión pública, utilizando como canal medios perversos y venales. Lo decía con lucidez un personaje que defraudó al no poder combinar su inteligencia con su lealtad y su coherencia: “El país está hecho para robar”.
Entonces surge una inquietud: Ante la resistencia brutal del establecimiento definido como ese selecto y aristocrático club de depredadores que se burlan todos los días, a todas las horas de la legalidad, mientras pregonan a todo volumen su fidelidad a la “patria”, los “principios”, la “libertad”, la “constitución”, el “estado de derecho”, la “justicia”, ante el saboteo criminal y la descarada participación en el mismo de una prensa que abusa de la “libertad de prensa” para difundir mentiras y verdades a medias, ¿no será la hora de proponer sin temor, resueltamente, un plebiscito que nos lleva a una reformulación de ese contrato social que es la Constitución?
Surgen muchas propuestas en torno a maneras de acabar con el tráfico de influencias oculto bajo el eufemismo de “cooptación” y garantizar que todos los tres poderes constitutivos del estado sean el reflejo del sentimiento, las aspiraciones y creencias de la ciudadanía, no solamente de un reducto de autoerigidos aristócratas que se creen de una raza superior producto de haber disfrutado toda su vida de privilegios a costa de negarle los derechos a las grises mayorías.
Que nombrar las cabezas de la Justicia por elección popular, o hacerlo a través de un número plural de juristas propuestos por la academia con base en sus conocimientos, experiencia y el conjunto de habilidades “blandas” necesarias para afrontar la responsabilidad de ser artífices, defensores y ejecutores de esa rama del poder.
Seguramente habrá muchas maneras de seleccionar esas cabezas, como también de garantizar y vigilar que cumplan con sus deberes sin dilaciones ni truculencias, sin que pongan por delante sus afinidades políticas, religiosas o de otra índole sobre el bien general.
Un mecanismo que acabe con las puertas giratorios, con la cadena de favores que con tanto tino e ironía describía Jaime Garzón “Tú me nombras, yo te elijo y los dos nos callamos”, pero además con el uso de la nómina de las instituciones judiciales para nombrar en cargos de alto nivel a familiares de los magistrados.
Tendríamos entonces a la cabeza del poder judicial a unos juristas sin tacha, expertos en los temas propios de su alta investidura, con grandes cualidades humanas y con eficaces líneas de control y no un club de aristócratas conspicuos que se victimizan cuando el pueblo en forma legítima les exige el cumplimiento sin tardanza de una importante tarea de tipo administrativo y qué tarea: Ni más ni menos que nombrar a un fiscal general idóneo.-. tal como en un revelador video lo expone el abogado constitucionalista William Alvis Pinzón.
https://twitter.com/i/status/1756292529476030935
Tendríamos a la cabeza del Poder Judicial a un grupo de personas pulcras, transparentes, que no se verían involucradas en la venta de fallos, en ponerle tarifa a sus decisiones, sino que actuarían en derecho.
Tendríamos verdaderos juristas de postín que no intentarían confundirnos con sus discursos ni manipularnos para desviar la atención y que serían sensibles a las manifestaciones legítimas del constituyente primario, como no propiamente lo demuestran los señores magistrados que firmaron la siguiente declaración:
¿A qué obedece la renuencia de la Corte suprema de Justicia a elegir de una terna virtuosa la próxima fiscal general de la nación?
¿Por qué, luego de más de cuatro meses de tener en su poder las hojas de vida de las juristas que conforman la terna de candidatas, aseguran que “no han tenido tiempo para revisarlas”?
¿Qué realmente significa el que la mayoría de los togados hayan votado en blanco en las dos rondas de votación que se han realizado hasta el momento?
¿Por qué, a sabiendas de los cuestionamientos que hay sobre la figura tenebrosa de Martha Mancera, el apresurado archivo de investigaciones, el desconocimiento flagrante de pruebas, la revelación de un 94% de impunidad y del cierre precoz de las investigaciones por delitos varios que la ciudadanía con tanta dificultad denuncia, se da vía libre para que esa persona llegue a la cabeza del ente acusador?
Algunos traen a colación el hecho de que la Corte, en otras ocasiones, se ha demorado en tomar la decisión de nombrar fiscal, así por ejemplo en el 2010 les tomó cerca de 16 meses nombrar a Vivian Morales y dejaron todo ese tiempo a Guillermo Mendoza Diago en interinidad; En 2016 se tomaron 4 meses para terminar nombrando a Néstor Humberto Martínez, pese a que sobre el pesaban evidencias de haber sido previamente el abogado del grupo Sarmiento Angulo y sus implicaciones con Odebrecht, dejando en interinidad a Jorge Fernando Perdomo; en 2020 les tomó 8 meses llegar a la elección por unanimidad de Francisco Barbosa, amigo de pupitre de Iván Duque, correligionario del mismo, pese a no ser penalista ni tener una holgada historia que diera fe de su experiencia administrativa.
Lo que está claro es que ni Guillermo Mendoza Diago. ni Jorge Fernando Perdomo tenían los cuestionamientos que hoy empañan la gestión de la señora Martha Mancera.
Los togados de la Corte Suprema de Justicia no son víctimas de asedio ni de acoso por parte del pueblo que legítimamente, lo repito, les reclama y exige el cumplimiento de su deber ADMINISTRATIVO constitucional, los colombianos no estamos interviniendo en la dirección de un fallo, no tenemos la plata para pagar la tarifa, estamos exigiendo, lo digo una y otra vez, el cumplimiento de una función administrativa.
Exigimos, señores magistrados, que elijan fiscal general en propiedad.
Exigimos que sean leales a la Constitución.
No a la degradación de la justicia, justicia para todos no sólo para los de ruana.
